Comunicado de la Corte Suprema

El 10 de septiembre del año en curso, en desarrollo de sus funciones y con el concurso del CTI y de una fiscal, los magistrados auxiliares de la Sala Penal de la Corte Suprema, Iván Velásquez Gómez y Luz Adriana Camargo Garzón, por solicitud del señor José Orlando Moncada Zapata, alias 'Tasmania', se citaron en la ciudad de Medellín con el objeto de entrevistarlo; al día siguiente el señor presidente de la República se comunicó telefónicamente con el doctor Velásquez Gómez para averiguarle si el entrevistado lo había involucrado en un acto delictivo, a lo que el funcionario respondió negativamente. Por lo anterior, el 4 de octubre pasado, en presencia de los magistrados de la Sala de Casación Penal, el aludido magistrado denunció tales acontecimientos ante los señores Fiscal General de la Nación y el Procurador General de la Nación.

En atención a lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió:

1. Invitar a la sociedad para prestar colaboración y apoyo a la labor que en estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales realiza la Corte Suprema de Justicia y exhortar a las autoridades a respetar la autonomía e independencia de los jueces de la República.

2. Rechazar enfáticamente las declaraciones que sugieren la existencia de un complot por parte de esta corporación por ser totalmente ajenas a la realidad.

3. Resaltar la misión que viene realizando la Sala de Casación de esta corporación siempre comprometida a sus funciones.

4. Desaprobar cualquier injerencia sobre el normal desarrollo de las investigaciones en curso que desconozca abiertamente el mandato constitucional de la independencia de los jueces de la República.

5. Expresar su enorme preocupación debido a que los recientes hechos pueden generar en la ciudadanía un errado entendimiento de la función que cumple la Corte Suprema de Justicia acerca de la honestidad y credibilidad de sus funcionarios.

6. Resaltar que cada una de sus decisiones son el producto de ponderada e imparcial elaboración del cuerpo colegiado y no de un funcionario o magistrado en particular.

7. Subrayar que la inversión de los recursos económicos que se efectúan en la administración de justicia no es un privilegio sino un deber del Estado para cumplir y hacer cumplir los derechos humanos, los compromisos internacionales...

8. Respaldar de manera unánime e incondicional la actuación de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de su sala de casación penal, quienes en sus declaraciones y conceptos han actuado fielmente como voceros de la corporación, y en ningún caso de título personal.