1. El Gobierno Nacional rechaza las afirmaciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia contra las Fuerzas Militares de Colombia.

2. Es falso que el ataque terrorista del M-19 y de sus socios del narcotráfico al Palacio de Justicia, en 1985, sea comparable, ética y jurídicamente, con el esfuerzo de los militares por defender y liberar a los rehenes. Los primeros cometían un crimen de lesa humanidad; los oficiales y soldados cumplían con sus obligaciones constitucionales y legales.

3. Describir la acción de las Fuerzas Armadas en defensa de la institucionalidad como ilegal y violatoria de derechos fundamentales, es herir la dignidad de todo el Estado colombiano.

4. El Gobierno aconseja la mayor prudencia para que se evite el prejuzgamiento y la estigmatización colectiva de todos los participantes en una acción institucional para restablecer el orden, sin perjuicio de que se persiga individualmente a los autores de acciones irregulares o ilegales.

Bogotá, noviembre 7 de 2007