Declaración de Sitges

Después de un año de la entrevista de Benidorm entre los señores Laureano Gómez y Alberto Lleras ha tenido lugar otra, no menos satis­fac­toria que la primera, para examinar la situación existente a la caída de la dictadura y los procedimientos que podrían recomendarse para el regreso a la vigencia de las instituciones republicanas.

Estimuló el acercamiento para la primera entrevista la mutua inquietud sentida por el deshonor en que la república se hundía bajo la opresión. Consideróse que en tal sentimiento participaba la unani­midad moral del pueblo colombiano, por lo que se estimó necesario expresar las bases para un entendimiento de los partidos a fin de recu­perar la libertad y los derechos cívicos perdidos. No fue erróneo el cálculo porque el acuerdo derrocó la tiranía y, como logro de vital im­portancia, pudo reconquistarse la libertad de prensa. Con ella el país disfruta hoy del esencial derecho de manifestar su opinión. Más, es evidente que está aún distante la satisfacción de legítimos y esencia­les anhelos del espíritu republicano. El país padece actualmente de una inquietante agitación, de un recrudecimiento de la violencia y de una muy aguda crisis económica, y parece preciso manifestar los requisitos esenciales para lograr que tamaños males desaparezcan. Por tanto, principia por declararse que ninguno de los partidos tradicionales de Colombia acepta que el delito pueda ser utilizado pa­ra su incremento o preponderancia. Los crímenes que se cometen con ese fingido designio deben ser repudiados y reprimidos enfáticamente por una y otra de las colectividades, de manera constante e indudable, porque su impunidad afecta el decoro de la república y va en deslustre directo de los mismos partidos en cuyo servicio, hipócritamente, se pre­tenden cometer.

La tranquilidad pública no podrá establecerse mientras el país no tenga la convicción incontrastable de que impera una justicia desapa­sionada, clarividente y firme, que aniquile el lamentable fenómeno de menosprecio de la vida humana y suprima el aprovechamiento de cualquier género de delitos para enriquecimiento personal de los de­lincuentes.

Una tranquila certidumbre de que la paz entre los colombianos está asegurada es la condición ineludible para intentar el remedio de las grandes dificultades económicas del momento presente.

Sobre estas reflexiones aparece que, partiendo de las bases para el entendimiento de los partidos que en Benidorm se presentaron, ahora es necesario consolidarlas y ampliarlas a fin de que Colombia restaure la Constitución, abolida por la tiranía, y pueda vivir al amparo de le­yes dictadas por los representantes auténticos del pueblo, aplicadas por autoridades incorruptibles en su ejecución y jueces idóneos y rectos.

La pacífica sublevación de los ciudadanos contra los abusos, vio­lencias y peculados del tirano no ha logrado aún que rija la plenitud de la Constitución, que se suspenda el estado de sitio y se disfrute de una normalidad auténtica, pues la autoridad suprema está en depósi­to provisional en manos de altos oficiales de las fuerzas armadas, cuyo título precario para ejercerla nace sólo de la aquiescencia del pueblo a la voluntad manifestada por ellos de restablecer el orden jurídico. Con­tribuye al mantenimiento de la desconfianza y de la inquietud la ob­servación de que la cabeza de la justicia y muchas de sus derivaciones actuales tienen el viciado origen de la sola voluntad del dictador, lo que no inspira respeto ni confianza en el poder jurisdiccional. Fuente de zozobra, todavía mayor, es la perduración de una asamblea cuya invalidez quedó demostrada por la insurrección del país entero contra sus actos. Institucionalmente tal estado es caótico, y sus consecuen­cias sobre la opinión no menos graves, pues no se tiene confianza en que investigaciones imparciales y exhaustivas conduzcan a los autores de una delincuencia, ampliamente denunciada en la prensa, al necesa­rio castigo de sus ilícitos y atentados; se espera a diario una conmoción y aún se cree posible otro o sucesivos golpes de estado, pues la actual autoridad ejecutiva no tiene asiento en ninguna norma permanente; y peor aún, en ese clima de inquietud y zozobra los mantenedores de la tiranía y los que en forma sangrienta fingen combatirla, sus beneficia­rios y sus cómplices, están estimulando y haciendo violencia sobre sus compatriotas en el intento de defender y asegurar los nefandos intereses económicos que crearon a la sombra de la impunidad con la siniestra es­peranza de que alguna forma de gobierno semejante a la derrocada los permita continuar el despojo y el crimen. Así, los mismos que ayer se afiliaron a la teoría de la dictadura, pretextando que la coexistencia de los partidos era la causa única de la violencia y que por ello su des­trucción era necesaria, están ahora en la primera fila del sectarismo combatiendo su entendimiento y tratando de prolongar el desorden pa­ra justificar el advenimiento de otro tirano.

Necesitamos los colombianos, ante todo, una política de paz, me­jor aún, una política que produzca la paz. Es indispensable que exista un orden constitucional en que cada persona conozca cuáles son sus derechos, cuáles sus obligaciones y cuáles las penas para quienes violen unos y otras. Los partidos están de acuerdo en que el orden sólo puede reposar sobre los preceptos constitucionales, que fueron violados. Poner en vigencia la Constitución en su integridad es el primero de nuestros deberes. Del armónico ejercicio de un gobierno controlado por los frenos de sus diversas ramas separadas nacerá la paz, y es inútil tratar de ob­tenerla si no existe un orden jurídico acatado por todos.

Pero, como se dijo en Benidorm, sería insensato que al acudir por el sufragio a la fuente del poder, el pueblo, se reabriera inmediatamen­te la lucha por el predominio entre conservadores y liberales. Las elecciones, ya inaplazables, deberían precederse de disposiciones que per­mitan mantener un gobierno o una sucesión de gobiernos de coalición amplia de los partidos, hasta tanto que las instituciones afianzadas por el decidido respaldo de los ciudadanos tengan fuerza bastante pa­ra que la lucha cívica se ejercite sin temor a los golpes de estado.

Nadie tiene, sin embargo, autoridad para dictar esas disposiciones, que sólo el pueblo ha de ordenar, directamente o por sus representan­tes. Entre ellas está, en primer término, la que establezca el equilibrio de los partidos en los cuerpos colegiados, que se ha hecho indispensa­ble para evitar esa prematura y probablemente destructora lucha por el poder, de la cual tememos nuevas amenazas y riesgos para las insti­tuciones debilitadas por los años de tiranía y abandono. El Congreso, con sus des Cámaras, tal como está previsto en la Constitución, debe­ría ser el fruto de la primera elección. Pero parece necesario que esa elección tenga un límite que sólo el pueblo puede fijar, si lo quiere: el de que ninguno de los dos partidos, para que no se distraigan los dos de la formidable tarea de reconstruir la nación destrozada, pueda te­ner mayoría dentro del cuerpo legislativo. Esa concesión indispensa­ble a las condiciones lamentables en que ha quedado la república, no impediría el que los miembros todos del Congreso fueran elegidos sin restricción alguna en la escogencia por el pueblo, puesto que dentro de cada partido se votaría por el sistema de listas y de escrutinio propor­cional. Pero cada partido votaría para la provisión de la mitad de las sillas de cada Cámara. Para evitar también que el control de las Cá­maras quedara en manos de uno cualquiera de sus miembros, habría que establecer que las decisiones del Congreso se tomaran por una ma­yoría calificada superior a la mitad más uno.

Para que tal enmienda a la Carta, con obvio carácter transitorio, surta sus efectos curativos y eficaces para la pacificación total de Co­lombia, creemos necesario que su duración sea siquiera por el término de tres períodos de gobierno, es decir, por doce años. Extinguidas las pa­siones y curadas las heridas que la lucha por el poder y el predominio de la gente violenta dentro de nuestros partidos causaron a la genera­ción actual, se podrá volver, ya sin temor, al sistema plenamente de­mocrático de la contienda civilizada y abierta por el predominio de las ideas de cada partido; pero, jamás, ciertamente, al criterio de he­gemonía totalitaria del uno sobre el otro, que ha sido causa eficiente de nuestros recientes y tremendos desastres.

A un cuerpo legislativo así organizado, inmune al sectarismo, ha de corresponder una rama ejecutiva de coalición y cooperación de los partidos, en la que se halle limitada la facultad, hoy omnímoda, del presidente en la elección y despido de todos los funcionarios del gobier­no. Un primer límite tiene que ser la urgentísima creación de una ca­rrera de servicio civil que suprima el concepto de que el vencedor polí­tico tiene derecho a los despojos del vencido y alterar de arriba a abajo la administración pública, sustituyendo todos los empleados por los nuevos favoritos. La tragedia de cada transición de poder en Colombia ha sido esa, no por la importancia, inexistente, del cuerpo de emplea­dos en relación con la población del país, sino porque son empleados o aspirantes quienes promueven la violencia para defender sus cargos o la desatan para adquirirlos.

A esa minoría insignificante, y sólo con ciertas excepciones, inep­ta, le debe el país muchos de sus dolores y puede anticipar que allí es­tán los nuevos riesgos de otra ráfaga de violencia si no decide, de una vez, dar garantía constitucional al trabajo administrativo, hacer de esos funcionarios ciudadanos neutrales en la lucha política y crear, por fin, una carrera respetable y seria de especialistas en el manejo de los negocios públicos, cuyos deberes no se alteren por los cambios políticos y cuyo carácter no se envilezca por la sumisión doctrinaria a todas las situaciones.

El otro límite podría ser el deque el Presidente de la República, al escoger sus colaboradores en el gabinete, estuviera obligado a conservar la proporción política que tengan los partidos dentro de las cámaras le­gislativas.

Pero esas enmiendas previas y el retorno a las normas constitucio­nales, que fueron alteradas abusivamente por la dictadura, requieren la aprobación del pueblo. Una nueva asamblea constituyente sería vista por éste con la más grande alarma y se temerían nuevas invasiones sobre los derechos de los ciudadanos de parte de cualquier cuerpo de emergencia como los anteriores. Por eso pensamos que el procedimien­to más rápido y eficaz, y también el más democrático, para salir del caos y dar firme piso al orden constitucional y para aniquilar los re­pliegues y escondrijos donde se refugian los ergotistas y sofistas de la dictadura, es que tales enmiendas se lleven a la aprobación o rechazo de la opinión pública por medio de un plebiscito muy sencillo y con­creto, que, otorgue al sistema paritario en las corporaciones públicas y, en general, al entendimiento de los partidos, un apoyo indiscutible por la apelación a la fuente más pura del poder público. Quedará así con­solidado el acuerdo de los partidos para la reconquista de su patrimo­nio cívico común. Realizado ese plebiscito, en el más breve tiempo, y aprobadas las enmiendas por el pueblo en forma directa, entrarán a regir inmediatamente. Se convocarán las elecciones para el parlamen­to sobre las nuevas bases y para constituir también los cuerpos colegia­dos constitucionales y elegir al Presidente de Colombia.

Un plebiscito así concebido dará ocasión a los partidos, empeña­dos conjuntamente en explicarlo al pueblo y en defender las tesis que se han comprometido a practicar, de hacer simultáneamente una in­tensísima campaña de paz que deberá tener dos características: una inflexible dureza de las directivas nacionales, departamentales y lo­cales contra los violentos, contra los delincuentes, contra los aprovecha­dores del sectarismo, contra los traficantes de la muerte, que se están ocultando bajo las banderas de partido, todos los cuales han de ser ex­cluidos y desamparados de todo apoyo y a quienes ha de negárseles la protección de las colectividades políticas para sus actos ilícitos, entre­gándolos sin vacilación a la justicia, y una persuasiva y constante ta­rea de reconciliación de los ánimos y de lucha contra el sectarismo que da tan atormentada fisonomía a nuestra nación.

Acordados los dos partidos en las bases de la enmienda constitu­cional enunciada, tienen perfecto derecho de solicitar al gobierno que la someta formalmente al plebiscito nacional, y el gobierno, que ha dicho que sólo aspira al restablecimiento de la normalidad, tendrá el deber de abrir al pueblo el camino para expresar su voluntad sobre esas fórmulas que ya le han propuesto y que no hay autoridad distinta que pueda ejecutar con título justo.

De lo dicho atrás, se ve claramente que todo lo que se propone a la consideración de los partidos no tiene otra meta que la de alcanzar la paz para Colombia y afianzarla perdurablemente, convirtiéndola en el primer objetivo de las dos fuerzas tradicionales de la opinión re­publicana. Por eso debe decretarlo el pueblo colombiano si, como pen­samos, respalda unánimemente esos propósitos con los que se dio la batalla contra la dictadura y ha de concluirse la campaña decisiva de la restauración republicana. Mientras esa paz no exista, mientras ha­ya violencia organizada o esporádica, mientras haya quienes deriven provecho de dar muerte y amedrentar a sus compatriotas o quienes hayan convertido en regular un modo de vivir belicoso y salvaje, los demás problemas colombianos no tendrán solución, comenzando por los económicos, que se afectan esencialmente por la incertidumbre y la inseguridad.

Ninguna ocasión mejor para ir al fondo de la conciencia de nues­tro pueblo a pedir su apoyo para una vasta empresa conjunta de los partidos. Ella ofrece la convivencia por una generación y la democra­cia ordenada y respetable para las que están por venir.

Ninguna tampoco más favorable para que la junta de gobierno ejecute, con el apoyo de toda la nación, su sencillo programa de regre­so a la constitución y de rescate del prestigio de las fuerzas armadas, injustamente salpicadas por actos de quienes usurpaban su represen­tación. El pueblo debe volver a confiar, sin recelo, en sus instituciones armadas, que han de ser, como lo fueron, la suprema reserva de la re­pública para aquellos momentos infortunados que tiene toda nación en los cuales ha de apelar al valor y abnegación de sus soldados. Pocas cosas, tal vez sólo la recuperación de la paz y el orden jurídico, se com­paran en importancia en este momento a la necesidad de que desapa­rezca hasta el recuerdo de una disensión entre las fuerzas militares y el pueblo. Rodeadas ellas del respeto, de la admiración, del acatamiento que merecen, serán la defensa contra la anarquía, los guardianes del orden y la paz, colocadas por encima de las controversias del régi­men civil y a igual distancia de todo colombiano y de todo grupo.

Para esta tarea hay una condición inamovible: la libertad de pren­sa, que si sufriera la más leve disminución o recorte, haría imposible el cumplimiento de un programa recto de restauración constitucional y moral de la patria. Hasta hoy la prensa libre está reemplazando to­das las demás instituciones en receso y ejecutando todas las misiones que el pueblo no ha podido aún tomar en sus manos, al través de sus representantes y agentes auténticos. Está denunciando los delitos que se cometieron y que todavía no se investigan por jueces con los poderes que requiere su ímproba acción de limpieza y de equidad. Está impi­diendo que se sigan cometiendo otros nuevos, al amparo de una orga­nización dictatorial que todavía no se ha desmontado. Trata de orien­tar al pueblo sobre lo que debe hacer en esta etapa confusa, y está, seguramente, ayudando a los gobernantes al hacerles oír el eco de la conciencia nacional, reprimida y castigada en todas sus expresiones de inconformidad, antes del 10 de mayo. Sin esa prensa libre las po­sibilidades de acción eficaz de los partidos desaparecerían. La mayor obligación y la gran responsabilidad de éstos es defender con toda energía la libertad de prensa. Para ello debe constituirse una comisión bipartita del más alto nivel que vigile el pleno ejercicio de esta liber­tad recientemente conquistada. Tal comisión debe estar estrechamen­te apoyada por los escritores públicos, de tal suerte que le sea a ella fac­tible disponer las medidas de protección indicadas cuando alguna violación de la libertad de prensa se registre.

El examen de la situación nos lleva a las conclusiones precedentes que sometemos, como ya lo hicimos otra vez, a la consideración de los partidos, en la certidumbre de que si adoptan estas recomendaciones, podrán hallar más fácil salida a la situación presente, dentro del espí­ritu con que han venido trabajando conjuntamente y con buen éxito. No como jefes sino como miembros de dos partidos a cuyo servicio nos hemos consagrado, estamos dispuestos a mantener el honroso y patrió­tico acuerdo con la seguridad de que fuera de él están todos los peligros y se aleja la posibilidad de recuperación de la patria. Si los partidos no dan de sí abnegación ilimitada, servicios sin reservas, paz e insti­tuciones a Colombia en esta hora de crisis, no podrán aspirar al respal­do de la opinión para sus demás empresas.

Ante el desasosiego que la república padece por las secuelas de la dictadura y la persistencia lamentable de los males apuntados, tiene que ser recibida con entusiasmo y júbilo la enunciación de un sistema que restablecerá inmediatamente el predominio de la constitución, dándole a los poderes públicos limpio origen en su más auténtica fuen­te. Quedará eliminado el motivo cardinal de la agitación partidarista; desaparecerá el temor a un desastroso vencimiento de un partido opri­mido por el otro; la patria podrá contar con la cooperación de los ciudadanos más conspicuos sin ser perturbada por exclusivismo sec­tario; el entendimiento de los buenos hijos del país para laborar por la grandeza pública será una consecuencia obligada del nuevo plan­teamiento de la vida política. Semejante horizonte de justicia, de ecuanimidad, de sosiego, que reemplace prontamente la acerbía pa­sional y la arbitrariedad abusiva que han venido imperando, no pue­de dejar de conmover las buenas voluntades de los ciudadanos patrio­tas hasta convertirlos en eficaces servidores de una política de generosa concordia. Se presenta dicho sistema a la consideración reflexiva de los colombianos en la seguridad de que al compararlo con cualesquiera otros métodos o posibilidades de acción, resaltará su evidente exce­lencia. Con él es posible entrever nuevos días de grandeza nacional, de justicia perfecta y de la paz fecunda y tranquila que la equidad engendra.

(fdo.)

Laureano Gómez

Alberto Lleras Camargo