Tal vez algunos de ustedes no lo recuerden y otros quizá no lo conozcan, pero hoy 6 de noviembre de 2007 precisamente se conmemora el “Día Nacional del Derecho a la Vida”, fecha de inmensa importancia y significación no sólo para los servidores de la Rama Judicial del Poder Público y del Estado Colombiano, sino para todos los habitantes del territorio patrio.

Este reconocimiento no es producto del momento, ni de las circunstancias, como tampoco de la voluntad de quien les habla, pues tal declaración emana de una ley promulgada hace apenas un año, la 1056 de 2006, que en su artículo 7°, he de repetirlo, instituyó “… el día 6 de noviembre de cada año como Día Nacional del Derecho a la Vida”, norma a través de la cual la República de Colombia dispuso honrar y exaltar -aunque tarde, debo decirlo-, la memoria de los Magistrados y servidores públicos fallecidos como consecuencia de los hechos acaecidos en el Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

Tras veintidós largos años, sigue siendo imposible encontrar un pasaje de la historia nacional más atroz, lamentable y funesto, como la toma del Palacio de Justicia, pues nada, absolutamente nada, resulta siquiera comparable con lo que podemos calificar, sin duda o exageración algunas, el acto de mayor barbarie contra la institucionalidad de la Nación, donde la vida y la dignidad humana, los más preciados dones con que cuentan las personas, en lugar de haber sido protegidos, respetados y salvaguardados, fueron objeto de toda suerte de inimaginables y horrendos atropellos y vulneraciones.

Hoy nos reunimos, una vez más, aquí, en el mismo sitio en que se desarrolló el infortunado suceso que terminó con la vida de casi un centenar de colombianos, pisoteó la majestad de la justicia y dejó gravemente menoscabado el régimen democrático imperante.

Este encuentro, que congrega al pleno de la Corte Suprema de Justicia, a todos sus magistrados, funcionarios y empleados, a los dignatarios más altos del Estado, a los amigos y familiares de las víctimas, entre muchos otros, lejos de ser fruto de la rutina, la inercia inconsciente o de la simple costumbre, se ha convertido de tiempo atrás en una sentida ceremonia de altísimo contenido histórico y espiritual que busca conjurar el olvido, en la que, unidos fraternalmente en un solo cuerpo, echamos un vistazo al pasado con el decidido propósito de evocar los acontecimientos -por dolorosos que sean-, reflexionar acerca de las circunstancias que los originaron, examinar en forma constructiva el presente, pensar positivamente en el futuro y renovar nuestro sagrado compromiso con la patria, pues, he de manifestarlo enérgicamente, una tragedia semejante no puede ser borrada de nuestra memoria, ni deberá repetirse jamás.

Es así que la historia muestra cómo, ante la mirada complaciente del gobierno de turno, quien no adoptó las medidas de rigor que la prudencia aconseja para casos similares, a pesar de las serias amenazas que entonces se inferían por la naturaleza de los asuntos a cargo de esta Corporación, la guerrilla del M-19, en asocio con las organizaciones criminales del narcotráfico, incursionó violentamente en el templo que albergaba las más respetables autoridades judiciales del país, a sus jueces supremos; y también muestra que dicho acto insensato, aleve y delincuencial, a todas luces reprochable, vino a ser repelido por otro inexplicablemente aún más imprudente, demencial, cruento y precipitado, mediante el cual la fuerza pública, movida por los argumentos más deleznables, terminaron por quebrantar los pilares fundamentales del Estado de derecho al protagonizar una operación irracional y desmedida, que de ningún modo veló por preservar la integridad de los rehenes.

Como es bien sabido, tan sangriento suceso trajo como consecuencia la muerte de indefensos seres humanos que, bien como servidores públicos, usuarios de la justicia o como ciudadanos en general, sin duda merecían que el Estado adelantara todas las acciones encaminadas a garantizarles de manera efectiva su derecho a la vida, como perentoriamente lo exigen el derecho natural, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

El fallecimiento de funcionarios y empleados de la Rama Judicial, quienes en esos momentos no hacían cosa distinta que servirle a la comunidad, representó una pérdida que nunca podrá ser reparada por completo. En ese acto de barbarie fueron inmolados once valerosos magistrados, cuya memoria hemos de honrar hoy y siempre: Fabio Calderón Botero, Manuel Gaona Cruz, José Eduardo Gnecco Correa, Fanny González Franco, Carlos José Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano, Horacio Montoya Gil, Alfonso Patiño Roselli, Alfonso Reyes Echandía, Pedro Elías Serrano Abadía y Darío Velásquez Gaviria.Con ellos, y para no olvidarlos jamás, también fueron masacrados varios magistrados auxiliares y abogados asistentes, auxiliares judiciales, una oficinista del Consejo de Estado, conductores, el administrador del Palacio de Justicia y una ascensorista; y en investigaciones, que van por buen camino, incluso se mencionan algunos desaparecidos. Además, en ese acto, expresan los registros oficiales, fallecieron algunas otras personas, entre visitantes, transeúntes, miembros de la fuerza pública y guerrilleros.

Aquellos jueces supremos eran juristas eximios; de cuidadosa, esmerada y excelente formación académica; asistidos de principios y valores éticos que los llevaron a desempeñarse como aventajados magistrados de esta corporación, no sin antes haber trasegado, paso a paso, por la cátedra magistral, el ejercicio profesional o por los distintos cargos en la Rama Judicial hasta arribar a la cumbre de la magistratura; o para mejor decirlo, repitiendo las palabras de un reconocido escritor nacional, “habían trabajado hoy sí y mañana también, y el año entrante y el siguiente, para llegar a la Corte Suprema de Justicia”.

Hace apenas algunos días, en Santiago de Cali, en el marco del “X Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria”, precisamente tuve ocasión de evocar las providencias de algunos de ellos, para resaltar cómo sus ideas de avanzada desde entonces propendían por el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas, los que luego la Constitución Política de 1991 vino a consagrar como fundamentales.

Pero no sólo por el aspecto profesional brillaron en la brega judicial los magistrados que recordamos, sino también por su sensibilidad humana, por ser miembros íntegros de la sociedad, por su capacidad extrema de amar y de entregarse a los suyos, así como de compartir su existencia con sus familiares y allegados, actividades que únicamente podían ser interrumpidas ante las exigentes necesidades de la función judicial, a la cual, por innata, genuina y generosa vocación, decidieron destinar hasta sus últimos días.

Sea, por tanto, oportuna la ocasión para honrar la memoria de dichos ilustres magistrados y de los demás servidores judiciales caídos en ese inaudito, dramático y doloroso episodio que debió afrontar la justicia y, en general, la sociedad colombiana, en el que, valga reiterarlo, se menospreció, se atacó y finalmente – con alevosía y sobre seguro– se acabó con la vida de indefensos e inermes servidores públicos, masacrados en este lugar: el primer recinto de la justicia patria.

Y como consecuencia de ello, indudablemente el país fue el establecimiento más perdidoso, como quiera que a partir de esa catástrofe se resquebrajó inexorablemente al no escuchar el llamado de sus jueces; en efecto, fácil es observar cómo desde entonces nuestra sociedad extravió su norte, pues la delincuencia desbordó toda su dimensión. Basta, en giro rápido, lanzar una mirada para notar que los actores armados de todas las layas han desatado una época de terror y degradación en una lucha fraticida que desangra a Colombia con la muerte y los oprobiosos atentados contra la ciudadanía; y lamentablemente, lo más grave, es que ello suceda, algunas veces, con la benevolencia de los instrumentos jurídicos creados supuestamente para conjurar el delito, pero que, a la postre, han permitido que los crímenes, aún los más atroces, queden en la absoluta impunidad, para deshonra de nuestra sociedad y como caldo de cultivo para futuras agresiones, exponiéndonos así a situaciones incómodas y comprometedoras frente a la comunidad internacional, en el campo de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Con todo, estamos convencidos que sólo mediante el restablecimiento del diálogo y la reconciliación con nuestro pasado, cual lo ha pregonado insistentemente esta corporación, amiga de la paz que siempre ha sido, será posible transformar nuestro país, como única manera de lograr que cesen los odios, regrese la concordia nacional y la convivencia pacífica, en aras de consolidar la vigencia de un orden justo, conforme lo manda perentoriamente la Constitución Política.

Por ello, y ante el insustituible deber que tenemos con las generaciones venideras, es que, como lo dijo un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, “el lenguaje guerrero debe callar para que sea escuchada la voz de rehenes, civiles inocentes, de los desaparecidos, de jueces, defensores, constructores y edificadores de la justicia”, para que así florezca la armonía y se allane la senda para la reconciliación y el progreso de todos los residentes en el territorio patrio.

Enhorabuena, de un tiempo para acá la esquiva verdad en torno al holocausto poco a poco se ha venido asomando, gracias a los hallazgos realizados por la Comisión de la Verdad, creada por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia e integrada por tres de sus notables expresidentes, los doctores Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera Vergara y Nilson Pinilla Pinilla, y que últimamente ha recibido el significativo auspicio de organismos internacionales, tales como el Centro Internacional para la Justicia Transicional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la comunidad entera tiene afincadas sus esperanzas en que se llegue al pleno esclarecimiento de aquellos luctuosos e irrepetibles hechos, puesto que, sin lugar a duda, son notorios los avances obtenidos y prometedores sus resultados, a juzgar por los reveladores informes hasta ahora rendidos; la verdad que esperamos logre alcanzar la Comisión servirá además como sustento para edificar la memoria histórica colectiva sobre tan funesto suceso, porque sólo cuando se constituye cabalmente la historia de los hechos y se conoce el pasado, es como se puede garantizar que ellos no se repitan, para de ahí, sobre fundamentos sólidos, conseguir que sean fortalecidas las instituciones y se abran espacios propicios de reconciliación.

Y junto con ello se requiere, adicionalmente, que todas las medidas dispuestas en la ley 1056 de 2006, a cargo de varios estamentos públicos sean llevadas a la práctica, de manera inmediata, pues ellas no son producto de la benevolencia, sino del clamor unánime de las voces de los difuntos, del lamento silencioso de los parientes de las víctimas inocentes y del repudio incesante de la comunidad en general y de la familia judicial en particular.

He de llamar la atención en el hecho de que hasta ahora, pese a los varios requerimientos efectuados, los servidores judiciales y toda la sociedad seguimos esperando la ejecución plena de dicha ley, pues a la fecha ninguna realización concreta se ha logrado a efecto de iniciar la construcción del monumento a la vida, no se ha encargado la realización del documental que recoja las imágenes de los sucesos acaecidos en los aciagos días de la confrontación, ni se ha ordenado la creación del centro de documentación en la Biblioteca Enrique Low Murtra que habrá de encargarse de adquirir, organizar, clasificar y microfilmar las investigaciones judiciales, disciplinarias, académicas, informes de prensa, trabajos, tesis de grado y demás elementos que contribuyan a preservar la memoria histórica de esos hechos, como tampoco se conoce tarea dirigida a emitir las estampillas allí ordenadas, ni se tiene noticia que en los colegios, universidades o entidades del Estado se hayan realizado seminarios, foros, conferencias, talleres y jornadas de reflexión referentes al derecho a la memoria, los derechos humanos y el respeto a la vida, todo con elfirme propósito de enterar y sembrar en el corazón y la conciencia de las nuevas generaciones el respeto por las instituciones, la valiosa misión que desarrolla la Rama Judicial para la estabilización de la democracia, y, por sobre todo, para que esos hechos demenciales no se vuelvan a repetir.

Por otro lado, he de recalcar que esta Corte, que creara El Libertador Simón Bolívar mediante Decreto Ejecutivo expedido en esta ciudad el 15 de septiembre de 1819, permanecerá siempre inhiesta, adusta y valerosa, que luchará como otrora haciéndolo con la frente en alto,por la preservación de su independencia y autonomía, como mandatos ineludibles tendientes a impartir cumplida y verdadera justicia, sin otros límites distintos a la Constitución y la ley.Así, y sólo así, es como sus providencias seguirán siendo el reflejo de la interpretación prístina del ordenamiento jurídico, y en ningún caso el resultado de las intromisiones indebidas, de las presiones, ni de las censuras, provengan de donde provengan, como tampoco de las lisonjas, los vítores, los aplausos, ni de las expresiones ditirámbicas, pues, de no ser así, sus fallos no serían la expresión auténtica del entendimiento de los juzgadores cuando dirimen cada proceso sometido a su estudio y decisión.

Las mismas razones me llevan a advertir, en este escenario, que la más mínima afrenta a la Rama Judicial en general o a los administradores de justicia en particular, constituye entonces, sin ambages, un ataque a la independencia judicial, entendida en su mejor acepción, valga decirlo, como una garantía esencial de todos los ciudadanos, antes que una prerrogativa o facultad de los juzgadores.

Insto de nuevo a todos los jueces del país a no desfallecer en esta sagrada misión de aplicar la Constitución Política y la ley, como día tras día sin pausa lo han hecho, y lo hicieron en el pasado losfuncionarios inmolados que ahora recordamos, cuyo legado debemos recibir y continuar sin mengua, habida cuenta que hoy, al igual que ayer, reales amenazas de fuerzas al margen de la ley, como la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico, la delincuencia organizada, entre otras muchas injerencias de diversa procedencia, se ciernen peligrosamente sobre la administración de justicia.

En este momento, aquí en el Palacio de Justicia, en el mismo sitio donde tuvo lugar el infortunado, aterrador e inexplicable suceso que fragmentó, a no dudarlo, la prolongada tradición democrática de nuestro Estado, no puedo menos que reiterar a los familiares y amigos de las víctimas, sentimientos de pesar y solidaridad por la trágica desaparición de sus seres queridos, y, al mismo tiempo, en procura de fortalecer sus espíritus, para decirles que ellos, todos a uno, ofrendaron sus vidas por defender el más caro baluarte de la democracia: una administración de justicia independiente, puessin ésta ninguna sociedad civilizada podrá vivir en paz.

Permítanme decirles, por último, que únicamente una cuidadosa mirada retrospectiva que envuelva el entorno del holocausto, nos servirá de constante inspiración a fin de que con vertical reciedumbre y determinación sigamos enarbolando las banderas de la justicia, por ser el camino expedito para alcanzar la concordia, la reconciliación, la prevalencia de un orden justo y la consolidación del Estado Social de Derecho.