Reforma Política

Gaceta del Congreso 768 de 2008

Texto definitivo plenaria al pro­yecto de acto legislativo nume­ro 106 de 2008 Cámara acumulado numero 051 de 2008 Cámara, acu­mulado numero 101 de 2008 Cáma­ra, acumulado numero 109 de 2008 Cámara, acumulado 128 de 2008 Cá­mara, acumulado 129 de 2008 Cáma­ra, acumulado 140 de 2008 Cámara

por el cual se modifican y adicionan unos ar­tículos de la
Constitución Política de Colombia. -(Primera Vuelta)-

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. El artículo 107 de la Constitución Política quedará así.

Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movi­mientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica.

Los partidos y movimientos políticos se orga­nizarán democráticamente y tendrán como princi­pios rectores la transparencia, objetividad, morali­dad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos. Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coinci­dan o no con las elecciones a corporaciones públi­cas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos y en la ley.

En el caso de las consultas populares se aplica­rán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordina­rias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidis­tas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio.

Los directivos de los partidos y movimientos políticos deberán propiciar procesos de democrati­zación interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas.

Los partidos y movimientos políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar candi­datos elegidos en cargos o corporaciones públicas de elección popular, quienes hayan sido condena­dos mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vin­culación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico. Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos perci­bidos mediante el sistema de reposición de votos, pérdida de la curul de acuerdo con el artículo 183 de la Constitución Política, hasta la cancelación de la personería jurídica. Cuando se trate de es­tas condenas a quienes fueron electos para cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado, no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa circunscripción. Si faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán presentar terna, caso en el cual, el nominador podrá libremente designar el reemplazo.

Los directivos de los partidos a quienes se de­muestre que no han procedido con el debido cui­dado y diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones que les confiere personería jurídica también estarán sujetos a las sanciones que deter­mine la ley.

También se garantiza a las organizaciones so­ciales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos.

Quienes ejerzan cargos de elección popular en corporaciones públicas o aspiren a ellos, no po­drán apoyar candidatos distintos a los definidos por el partido o movimiento al cual se encuentren afiliados.

En caso de ser elegidos deberán pertenecer a la organización que los inscribió mientras ostenten la investidura. El incumplimiento de estas reglas se conocerá como doble militancia y será sancionada con la pérdida de la curul o cargo respectivo, de­cretada por la jurisdicción de lo contencioso admi­nistrativo a solicitud de cualquier ciudadano o del respectivo partido o movimiento. La ley determi­nará el procedimiento que corresponda.

Quien siendo miembro de una corporación pú­blica decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.

Parágrafo Transitorio 1º. Durante los seis me­ses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, autorizase, por una sola vez, a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia.

Parágrafo Transitorio 2°. La ley reglamentará el régimen de aplicación de las sanciones señaladas en el presente artículo, en un término no mayor a seis (6) meses contados a partir de la promulga­ción del presente Acto Legislativo. De no hacerlo, el Gobierno Nacional mediante decreto reglamen­tará la materia.

Artículo 2°. El artículo 108 de la Constitución Política quedará así:

El Consejo Nacional Electoral reconocerá per­sonería jurídica a los partidos, movimientos polí­ticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas y políti­cas, en las cuales bastará haber obtenido represen­tación en el Congreso.

Los partidos y movimientos políticos con per­sonería jurídica reconocida podrán inscribir can­didatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.

No se podrán realizar coaliciones con grupos significativos de ciudadanos para inscribir o apo­yar candidatos a corporaciones públicas o cargos uninominales.

Los movimientos sociales y grupos significati­vos de ciudadanos también podrán inscribir can­didatos.

La inscripción deberá acompañarse de prueba idónea que documentalmente demuestre que el candidato no se encuentra incurso en causal de in­habilidad alguna para ser inscrito, elegido, o para ejercer el cargo. Toda inscripción que viole este principio será revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso.

Los estatutos de los partidos y movimientos políticos regularán lo atinente a su régimen dis­ciplinario interno. Los miembros de las Corpora­ciones Públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político o ciudadano actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas de­mocráticamente por estas.

Los estatutos internos de los partidos y mo­vimientos políticos determinarán los asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del congresista, diputado, concejal o edil por el resto del período para el cual fue elegido.

Los partidos y movimientos Políticos que ha­biendo obtenido su personería jurídica como pro­ducto de la circunscripción especial de minorías étnicas podrán avalar candidatos sin más requisi­tos que su afiliación a dicho partido, con una ante­lación no inferior a un año respecto a la fecha de la inscripción.

Artículo 3°. El artículo 109 de la Constitución Política quedará así:

El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los partidos y movimientos políti­cos con personería jurídica, de conformidad con la ley.

Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con personería jurídica, serán financiadas parcial­mente con recursos estatales mediante el sistema de reposición por votos depositados.

La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación. También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos o candidatos pue­dan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley.

Un porcentaje de esta financiación se entregará a partidos y movimientos con personería jurídica vigente, previamente a la elección, de acuerdo con las condiciones y garantías que determine la ley y con autorización del Consejo Nacional Electoral.

Las campañas para elegir Presidente de la Re­pública dispondrán de acceso a un máximo de es­pacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión costeados por el Estado, para aquellos candidatos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos cuya postula­ción cumpla los requisitos de seriedad que, para el efecto, determine la ley.

Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las cam­pañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.

Los partidos, movimientos y candidatos debe­rán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.

Es prohibido a los partidos y movimientos po­líticos y a los grupos significativos de ciudadanos, recibir financiación de personas naturales o jurídi­cas extranjeras. Ningún tipo de financiación priva­da podrá tener fines antidemocráticos o atentato­rios del orden público.

Parágrafo. La financiación anual de los partidos y movimientos políticos con Personería Jurídica ascenderá como mínimo a dos punto siete veces la aportada en el año 2003, manteniendo su valor en el tiempo.

La cuantía de la financiación de las campañas de los partidos y movimientos políticos con perso­nería jurídica será por lo menos tres veces la apor­tada en el período 1999-2002 en pesos constantes de 2003. Ello incluye el costo del transporte del día de elecciones y el costo de las franquicias de correo hoy financiadas.

Las consultas populares internas de los partidos y movimientos que opten por este mecanismo re­cibirán financiación mediante el sistema de reposi­ción por votos depositados, manteniendo para ello el valor en pesos constantes vigente en el momen­to de aprobación de este Acto Legislativo.

Parágrafo transitorio. El Congreso de la Repú­blica expedirá la ley que regule lo dispuesto por el presente acto legislativo en materia de finan­ciación política y electoral, para lo cual dispondrá de seis (6) meses desde su promulgación. Vencido este término, de no expedirse dicha ley, el Gobier­no Nacional reglamentará transitoriamente la ma­teria.

Artículo 4°. El inciso final del artículo 122 de la Constitución Política quedará así:

Sin perjuicio de las demás sanciones que esta­blezca la ley, no podrán ser inscritos como candi­datos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contra­tos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales o actividades ilegales en Colom­bia o en el exterior. Tampoco quien haya dado lu­gar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condena­do a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.

Quedan inmersos en la misma prohibición quie­nes tengan vínculos por matrimonio, unión perma­nente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil y haya sido condenado en Colombia o en el exte­rior por delitos descritos en el inciso anterior.

Artículo 5°. El artículo 125 de la Constitución Política quedará así:

"Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elec­ción popular, los de libre nombramiento y remo­ción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramien­to no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se dará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para deter­minar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se dará por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del ré­gimen disciplinario y por las demás causales pre­vistas en la Constitución y la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciu­dadanos podrá determinar el nombramiento para un empleo de carrera, de libre nombramiento, su ascenso o remoción.

Parágrafo. Los períodos establecidos en la Cons­titución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegi­do".

Artículo 6°. El artículo 126 de la Constitución Política quedará así:

"Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales ten­gan parentesco hasta el cuarto grado de consan­guinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán designar o postular a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.

Se prohibe a quienes tengan la posibilidad de in­tervenir en la designación, postulación o elección de otros servidores públicos, dar de manera directa o por interpuesta persona, recomendaciones per­sonales, familiares o políticas para la provisión de empleos públicos, celebración de contratos o actos administrativos particulares en los despachos de estos. La violación a esta disposición se sancio­nará de conformidad con los efectos previstos en la ley.

Esta misma prohibición se aplicará a los servi­dores públicos que tienen la potestad de investigar, inspeccionar, juzgar o censurar".

Artículo 7°. El artículo 133 de la Constitución Política quedará así:

"Los miembros de cuerpos colegiados de elec­ción directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que determine la ley.

El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura".

Artículo 8°. El artículo 134 de la Constitución Política quedará así:

"Los miembros de las corporaciones públicas no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad absoluta para el ejer­cicio del cargo, siempre y cuando esta no estuviera originada por medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad, por delitos relacionados con grupos armados ilegales, narcotráfico y delitos de lesa humanidad, renuncia justificada, motivada y aceptada por la respectiva corporación o cuando el miembro de una corporación pública decida presen­tarse por un partido distinto según lo planteado en el artículo 107 de la Constitución Política. En tales casos, el titular será reemplazado por el candidato no elegido que, según el orden de inscripción o votación obtenida, le siga en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral.

No habrá faltas temporales. La renuncia volun­taria y no justificada, no producirá como efecto el ingreso de quién corresponda en la lista, tampoco será causal de pérdida de investidura. No será jus­tificada la renuncia cuando se haya iniciado vin­culación formal por delitos cometidos en Colom­bia o en el exterior relacionada con pertenencia, promoción o financiación a o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humani­dad. Las faltas temporales no darán lugar a reem­plazos.

Si por faltas absolutas, que no den lugar a reem­plazo, los miembros de cuerpos colegiados elegidos por una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad o menos, el gobierno convo­cará a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando falte más de dieciocho (18) meses para la terminación del período.

Parágrafo transitorio. El régimen de reempla­zos establecido en el presente artículo se aplicará para las investigaciones judiciales que se inicien a partir de la vigencia del presente acto legislativo".

Artículo 9°. Suprimido.

Artículo 10. El artículo 144 de la Constitución Política quedará así:

"Las sesiones de las Cámaras y de sus Comisio­nes Permanentes serán públicas, con las limitacio­nes a que haya lugar conforme a su reglamento.

El ejercicio del cabildeo será reglamentado me­diante ley".

Artículo 11. Suprimido.

Artículo 12. El artículo 237 de la Constitución Política tendrá dos nuevos numerales, así:

"6. Conocer de los casos sobre cancelación de personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, cuando por la actuación de sus represen­tantes legales o directivos, se hubieren violado el régimen de responsabilidad señalado en esta Cons­titución o la ley.

7. Conocer exclusivamente de las acciones electorales relacionadas con la nulidad de las de­cisiones que sobre escrutinios, hayan sido expedidas por el Consejo Nacional Electoral, cuando estas se refieran a errores de derecho por indebida o errónea interpretación o aplicación de las normas electorales. La jurisdicción contencioso adminis­trativa decidirá estas acciones dentro del término máximo de seis (6) meses con observancia del principio de la doble instancia. El incumplimien­to del término mencionado, constituirá causal de mala conducta".

Artículo 13. El artículo 245 de la Constitución Política quedará así.

"El Gobierno no podrá conferir empleo a los Magistrados de la Rama Judicial, Corte Cons­titucional, así como al Procurador General de la Nación, Fiscal General de la Nación y Contralor General de la República, ni a sus parientes den­tro del primer grado de consanguinidad, durante el respectivo período de ejercicio de sus funciones, o dentro del año siguiente a su retiro".

Artículo 14. El parágrafo 1º del artículo 258 de la Constitución Política quedará así.

"Parágrafo 1°. Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una cor­poración pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elec­ciones las listas que no hayan alcanzado el um­bral".

Artículo 15. El artículo 261 de la Constitución Política quedará así.

"Las faltas absolutas serán suplidas por los can­didatos que según el orden de inscripción, o de vo­tación, en forma sucesiva y descendente, corres­pondan a la misma lista electoral, según se trate de listas cerradas o con voto preferente".

Artículo 16. El artículo 263 de la Constitución Política quedará así.

"Para todos los procesos de elección popular, los partidos y movimientos políticos presentarán listas y candidatos únicos, cuyo número de inte­grantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva elección.

Para garantizar la equitativa representación de los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las corporaciones públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al tres por ciento (3%) de los sufragados para Senado de la República o al cin­cuenta por ciento (50%) del cuociente electoral en el caso de las demás corporaciones, conforme lo establezca la Constitución y la ley.

Cuando ninguna de las listas de aspirantes su­pere el umbral, las curules se distribuirán de acuer­do con el sistema de cifra repartidora.

La ley reglamentará los demás efectos de esta materia.

Las listas a las corporaciones en las que se eli­gen hasta tres (3) miembros podrán estar íntegra­das hasta por cuatro (4) candidatos. En las circuns­cripciones en las que se elige un miembro la curul se adjudicará a la lista mayoritaria. En las circuns­cripciones en las que se eligen dos miembros se aplicará el sistema de cuociente electoral entre las listas que superen en votos el 30% de dicho cuo­ciente".

Artículo 17. El artículo 265 de la Constitución Política quedará así.

"El Consejo Nacional Electoral regulará, ins­peccionará y vigilará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representan­tes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presu­puestal y administrativa.

En asuntos electorales, será con carácter ex­clusivo y prevalente, el cuerpo consultivo del Go­bierno.

Sus decisiones en los escrutinios serán defi­nitivas y no serán revisables por la jurisdicción contenciosa administrativa, salvo que se aleguen errores de derecho por indebida o errónea interpre­tación o aplicación de las normas electorales.

En las etapas del proceso administrativo elec­toral, el Consejo Nacional Electoral gozará de las siguientes competencias:

1. Realizar el escrutinio general y definitivo de toda la votación nacional. Igualmente tendrá la fa­cultad para declarar la elección y expedir las cre­denciales a que haya lugar.

2. Revisar y revocar los escrutinios de las comi­siones o de sus delegados, en aquellos casos en que no se ha concedido o no existiese recurso alguno ante sus delegados o el mismo Consejo Nacional Electoral.

3. Decidir en forma definitiva por razones de hecho, de las reclamaciones que se presenten con­tra los escrutinios o los actos de declaratoria de elección, de conformidad con las causales estable­cidas en el Código Electoral.

4. Garantizar el principio de proporcionalidad electoral.

5. Conocer y decidir, conforme a lo estableci­do en la ley, de las reclamaciones presentadas por cualquier irregularidad en el manejo, preserva­ción, autenticidad, objetividad y eficacia del voto y de los documentos electorales en que reposen los resultados de las elecciones. En estos casos, las etapas del procedimiento administrativo electoral no serán preclusivas.

6. Conocer y decidir las quejas presentadas por el incumplimiento del principio de democratiza­ción interna y fortalecimiento del régimen de ban­cadas.

En materia de financiación política y electoral tendrá las siguientes competencias:

1. Distribuir los aportes que para el financia­miento de las campañas electorales y para asegurar el derecho de participación política de los ciudada­nos, establezca la ley.

2. Velar por el cumplimiento de las normas so­bre financiación política y electoral.

3. Regular el procedimiento para imponer san­ciones por infracciones a las normas sobre finan­ciación política y electoral.

4. Imponer sanciones administrativas pecunia­rias por la infracción de dichas normas.

5. Investigar y sancionar hasta con la cancela­ción de la personería jurídica de aquellos partidos, y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que hayan violado las normas sobre fi­nanciación política o electoral.

6. Reglamentar el procedimiento para la pre­sentación por parte de los Partidos, Movimientos Políticos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos, del Plan Único de Cuentas y las san­ciones por su inobservancia.

Preventivamente, el Consejo Nacional Electo­ral ejercerá además las siguientes competencias:

1. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inha­bilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos.

2. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular, cuando el Consejo de Estado haya decidido la pérdida de personería jurídica de los partidos y movimientos.

3. Atender las funciones de regulación, inspec­ción y vigilancia, tanto sobre la personería jurídica de los partidos, como en el ejercicio de su objeto y actividad.

4. Controlar las actividades de los represen­tantes legales, directivos, miembros, candidatos y campañas electorales.

5. Proponer proyectos de ley en relación con la organización electoral.

6. Velar por el cumplimiento de las normas so­bre partidos y movimientos políticos y de las dis­posiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; así como por los derechos de la oposición y de las minorías.

7. Reglamentar la participación de los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y de candidatos a cargos de elección popular, en los medios de comunicación social del Estado.

8. Reglamentar la realización de consultas in­ternas de los partidos y movimientos para la esco­gencia de sus candidatos.

9. Conocer, con facultades sancionatorias, de todas las causales de responsabilidad no asignadas expresamente al Consejo de Estado.

10. Darse su propio reglamento.

11. Las demás que le confiera la ley".

Artículo 18. El artículo 266 de la Constitución Política quedará así.

"La Registraduría Nacional del Estado Civil es un organismo con plena autonomía e independen­cia administrativa y financiera, de carácter técnico, que dirige, organiza y realiza las elecciones, y que tendrá a su cargo el registro civil y la identificación de las personas.

La Registraduría Nacional estará conformada por servidores públicos que pertenezcan a una ca­rrera administrativa especial a la cual se ingresa­rá exclusivamente por concurso de méritos y que preverá el retiro flexible de conformidad con las necesidades del servicio. En todo caso, los cargos de responsabilidad administrativa o electoral serán de libre remoción, de conformidad con la ley.

La Registraduría Nacional del Estado Civil será ejercida por el Registrador Nacional, quien será elegido por el Congreso de la República pleno, de terna conformada por aquellos aspirantes que hubieren ocupado los tres primeros lugares, según concurso público de méritos reglamentado por la ley. La elección tendrá lugar previa audiencia pú­blica.

En toda actuación del Registrador Nacional del Estado Civil o sus delegados, deberá primar la im­parcialidad y la prevalencia del interés general.

El período del Registrador Nacional del Estado Civil será de (4) años y deberá reunir las mismas calidades que para ser magistrado de la Corte Su­prema de Justicia.

Quien haya ejercido funciones en cargos direc­tivos, en partidos o movimientos políticos dentro del año inmediatamente anterior a su elección, no podrá ser elegido Registrador Nacional del Estado Civil.

Podrá ser reelegido por una sola vez y ejerce­rá las funciones que establezca la ley, incluida la dirección y organización de las elecciones, el re­gistro civil y la identificación de las personas, así como la de celebrar contratos en nombre de la Na­ción, en los casos que aquella disponga.

Será deber de este garantizar la veracidad del Archivo Nacional de Identificación, tomando las medidas necesarias para evitar su desactualiza­ción.

A fin de garantizar la transparencia y la capaci­dad técnica en las elecciones, el Registrador Na­cional del Estado Civil organizará y reglamentará el Servicio Electoral, por medio del cual se reali­zará la designación de jurados de mesa. La desig­nación se hará de acuerdo a la lista de inscritos y aceptados, según sorteo realizado por el Registra­dor Nacional del Estado Civil.

Es obligación del Registrador Nacional del Es­tado Civil, ordenar la depuración, elaboración y actualización del censo electoral para cada elec­ción, en armonía con el Archivo Nacional de Iden­tificación y tomar las medidas necesarias para evi­tar su vulnerabilidad, manipulación indebida o fal­seamiento. El Estado contribuirá con los recursos necesarios para el caso.

El Registrador Nacional del Estado Civil, sus delegados y demás empleados o contratistas de la entidad a su cargo, deberán abstenerse de inscribir candidaturas que no se acompañen de pruebas do­cumentales que den fe de la inexistencia de inhabi­lidades para el cargo al que se aspira.

Así mismo, será su deber garantizar los prin­cipios de transparencia, originalidad, eficacia, au­tenticidad, preservación, imparcialidad, seguridad, publicidad e integralidad sobre los documentos electorales. La aplicación de medios electrónicos deberá ponderarse junto con los medios físicos ne­cesarios, a fin de cumplir con los principios antes mencionados".

Artículo 19. Suprimido.

Artículo 20. El numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política, quedará así:

"8. Nadie podrá ser elegido para más de una cor­poración o cargo público, ni para una corporación y un cargo si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente. La renuncia a alguno de ellos no elimina la inhabilidad".

Artículo 21. Artículo transitorio.

Dentro del año siguiente a la entrada en vi­gencia de la presente reforma a la Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que contemple un "Régimen Especial en lo económico, lo político, lo social y lo administrativo, para territorios que comprenden las ecorregiones de los Llanos Orientales, Amazo­nia, Chocó Biográfico, Montes de María, la Moja­na, ecorregión de la Sierra Nevada de Santa Mar­ta, pueblos polifitos del Magdalena y la región del Catatumbo (Norte de Santander), con el objetivo de reducir los desequilibrios que frente a su desa­rrollo existen con el resto del país".

En la Comisión Especial de que trata el presen­te artículo, "tendrán asiento, además los Represen­tantes a la Cámara y los Voceros étnicos de cada territorio".

Artículo 22. Vigencia. El presente acto legislati­vo regirá a partir de su promulgación.

Tarquino Pacheco Camargo, Ponente Coordi­nador; Odín H. Sánchez Montes de Oca, Gustavo Puentes Díaz, Oscar Arboleda Palacio, William Vélez Mesa, Edgar A. Gómez Román, Carlos Fer­nando Motoa S., Heriberto Sanabria Astudillo, Miguel Ángel Rangel Sosa, Carlos Enrique Ávila Durán, Jaime Durán Barrera -C-, Jorge Homero Giraldo, Franklin Legro Segura, David Luna Sán­chez, Roy Barreras Montealegre, Ponentes.

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