En mi condición de Alto Comisionado para la Paz he venido adelantando contactos discretos para buscar la liberación de las personas secuestradas por las FARC.

Por el interés de proteger la vida e integridad de los secuestrados y para preservar el canal de comunicación a través del cual esperamos avanzar en el acuerdo humanitario, es mi deber abstenerme de revelar en público los nombres de las personas que han estado involucradas en dicha labor, tal como lo establece y permite el marco legal consagrado en la ley 782 de 2002.

Adelantando las funciones que me competen, supe el día 2 de enero de 2006, de una propuesta que habría sido enviada por el senador Rafael Pardo a las FARC, la que, según información recibida, iba consignada en un CD. En ese momento supe además, que tal como lo había hecho público a finales del año 2005, el senador apoyaba el despeje militar de los municipios de Pradera y Florida. Así mismo ofrecía liderar una propuesta sobre el tema.

De este hecho tiene conocimiento y es testigo directo un familiar de una de las personas secuestradas por las FARC, cuyo nombre no hago público, tanto por las razones ya aducidas, como por no poner en riesgo la seguridad de la persona que se encuentra retenida por dicho grupo.

El pasado lunes 16 de enero sostuve una reunión con la persona encargada de mantener el contacto con las FARC, quien venía de encontrarse con un importante comandante guerrillero. Se trataron temas múltiples, relacionados en gran parte con la necesidad de acordar un mecanismo para lograr un encuentro directo entre el Gobierno y la guerrilla, que nos permita avanzar en una fórmula para la liberación de los secuestrados.
Fue en dicha reunión donde me enteré de otros detalles de la propuesta que según la información recibida, habría enviado el senador Pardo. Uno de sus argumentos centrales era alertarlos sobre las consecuencias que se derivarían de un triunfo en las elecciones de marzo de las listas de los seguidores del Presidente Uribe, pues en tal caso, y aquí reproduzco las palabras que escuché, “habría Uribe para mucho rato”, pues los congresistas electos modificarían la Constitución para facilitar la reelección indefinida del Presidente. Por tal motivo era urgente concertar una cita entre el senador y las FARC para analizar la posibilidad de alguna acción conjunta. Como era mi deber, informé con detalle al Presidente de lo acontecido. Esta es la información que tiene el Gobierno y que he compartido con el señor Fiscal General de la Nación.

Cualquier profundización de estos hechos, que haga referencia a la identidad de las personas que tuvieron conocimiento directo de ellos, sólo la adelantaré ante el señor Fiscal General de la Nación o ante una comisión internacional, con la previa advertencia que mi condición de Alto Comisionado para la Paz me obliga a solicitar la reserva y adopción de medidas necesarias para proteger la integridad de las personas que contribuyen a abrir caminos humanitarios.

No tiene sentido argumentar que desde la Casa de Nariño se pretende calumniar al senador Pardo o interferir en la acción política de candidatos opositores al Gobierno. No nos anima otro interés que exponer ante el país con objetividad lo sucedido.

Pongo estos hechos en conocimiento de la opinión, para que los valore en su justa medida, teniendo claro que la liberación de los secuestrados y los esfuerzos por lograr un acuerdo humanitario con las FARC no puede convertirse en tema a ser usado con propósito electoral. Si así sucede, perdemos todos los colombianos. Aquí solo cabe la unidad patriótica.

Bogotá, enero 19 de 2006.