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La comisión de la verdad. Ponencia del proyecto de ley

G a c e t a  d e l   C o n g r e s o  Nº 432 de 2004

 

Proyecto de ley número 112 de 2004 Cámara

Sobre la recuperación y preservación de la memoria histórica

por la cual se establecen instrumentos para la recuperación y la preservación de la memoria de los graves conflictos que ha padecido la Nación durante las últimas décadas.

El Congreso de la República

DECRETA:

CAPITULO 1

Objeto e instrumentos

Artículo 1º. Objeto. El objeto de la presente ley es la instauración de ciertos instrumentos que permitan la recuperación y la preservación de la memoria histórica de los graves conflictos que durante décadas han afectado la Nación e infringido graves e irreparables daños a la población.

Artículo 2º. Instrumentos. Los instrumentos instaurados por la presente ley para la recuperación y la preservación de la memoria histórica son:

1. La Comisión de la Verdad.

2. Los Monumentos de la Memoria.

3. El Día Nacional de la Memoria.

4. El Archivo de la Memoria.

5. La Fundación para la Recuperación y la Preservación de la Memoria Histórica.

6. La Pedagogía de la Memoria.

CAPITULO 2

La Comisión de la Verdad

Artículo 3º. Definición. La Comisión de la Verdad es un organismo de investigación creado para ayudarles al Estado y a la sociedad a enfrentarse críticamente con su pasado de violencia y de conflicto interno, con el fin de superar las profundas crisis y traumas que les han causado y de evitar que tales hechos se repitan en el futuro.

Artículo 4º. Creación y conformación. Créase la Comisión de la Verdad (en adelante, la Comisión), conformada por cinco personalidades nacionales o extranjeras de las más altas calidades éticas, intelectuales y humanas. Los Comisionados colombianos no podrán ser ni haber sido servidores públicos durante el año previo a su designación. Todos los Comisionados deberán tener una disponibilidad de dedicación exclusiva a las labores de la Comisión.

El Gobierno Nacional solicitará al Secretario General de las Naciones Unidas sus buenos oficios para la conformación de la Comisión, y su respaldo institucional y financiero.

La creación, conformación y entrada en funciones de la Comisión no están supeditadas a la firma de acuerdos de paz entre las partes en conflicto. No obstante, si los grupos insurgentes o contrainsurgentes ilegales llegaren a un acuerdo de paz, podrán, previo consentimiento del Gobierno Nacional, sugerirle al Secretario General de las Naciones Unidas su ampliación o recomposición.

Parágrafo. Si las Naciones Unidas declinaren la solicitud, el Gobierno Nacional la presentará al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, a la cual se aplicará todo lo referente en esta ley a las Naciones Unidas.

De presentarse la negativa de estas dos organizaciones a tal solicitud, el Gobierno Nacional constituirá la Comisión, previo concepto favorable de la mayoría de los miembros del Consejo Nacional de Paz, y asumirá, con la asesoría del mismo, todo lo referente en esta ley a las Naciones Unidas.

Artículo 5º. Naturaleza. La Comisión será un organismo de (derecho público), independiente, con persona jurídica propia, de carácter no jurisdiccional ni gubernamental, con presupuesto propio y autonomía presupuestal para el cumplimiento de sus funciones, dentro del ámbito de sus competencias.

Artículo 6º. Competencias. Compete a la Comisión:

1. Investigar los hechos más graves y de mayor impacto social de las violaciones de los derechos humanos por los actores del conflicto, sin discriminación alguna.

2. Analizar la fenomenología de la violencia, así como sus causas próximas y remotas.

3. Identificar y caracterizar política y sociológicamente a los victimarios y a las víctimas, y establecer las secuelas físicas, psicológicas, morales, económicas y sociales que tales hechos les han causado. Dichas investigaciones y análisis deben ser llevadas a cabo con toda objetividad, equidad e imparcialidad, y ceñidas al rigor de la investigación científica.

4. Emitir conceptos, por solicitud o previa autorización del declarante, sobre las responsabilidades individuales, colectivas y sociales correspondientes.

5. Promover actos de reconciliación entre las víctimas y los victimarios y en la sociedad entera.

6. Presentarle informes al Secretario General de las Naciones Unidas, quien los hará públicos a la comunidad nacional e internacional, sobre el resultado de sus actividades.

7. Constituir y disponer la preservación de los archivos de todas sus investigaciones y actuaciones, con el objeto de preservar la memoria histórica de tan luctuosos episodios de la vida nacional, para el conocimiento y la pedagogía de la convivencia pacífica de las presentes y las futuras generaciones.

8. Darles a las autoridades las recomendaciones que juzgue pertinentes para la reparación material y simbólica del daño infringido a las personas, a las familias y a las comunidades por graves violaciones de los derechos humanos; para la protección de las personas que hayan proporcionado información o rendido testimonio ante la Comisión; para el resarcimiento del daño social; para la adopción de todas las medidas y reformas estructurales necesarias para promover la reconciliación nacional y el logro de una paz justa y duradera, y para que tales hechos no vuelvan a repetirse en el futuro.

Artículo 7º. Duración. Para el desarrollo de sus competencias, la Comisión tendrá un período inicial de dos años, renovables total o parcialmente por el Congreso de la República, oído el parecer de los miembros de la Comisión y del Representante del Secretario General de las Naciones Unidas en Colombia, previa la presentación de un informe parcial de las actividades desarrolladas durante el período, y teniendo en cuenta el Estado de desarrollo de los procesos de paz y la fecha de la firma de los acuerdos de paz a que se haya llegado.

Los Comisionados serán designados por todo el tiempo de duración de la Comisión. Cesarán en sus funciones cuando esta sea disuelta al término del cumplimiento cabal de sus labores, por disposición del Secretario General de las Naciones Unidas, o por renuncia ante el mismo Secretario General.

Artículo 8º. Alcance de las investigaciones. La Comisión investigará los hechos de graves violaciones de los derechos humanos desde la fecha de creación de los grupos subversivos o contrainsurgentes ilegales hasta la firma de acuerdos de paz con dichos grupos. Si el mandato de la Comisión expira y no es renovado antes de la firma de dichos acuerdos con todos los grupos, esta tendrá un período adicional de tres meses para la terminación y presentación del informe de Estado de avance de sus investigaciones y recomendaciones, y para la disposición de los archivos de sus actuaciones y de la documentación recogida.

Artículo 9º. Funciones. Para el cumplimiento de sus competencias, la Comisión desarrollará las siguientes funciones:

1. Recopilar, en original o facsímil, toda la información documental que sea posible, impresa o audiovisual que se encontrare en bibliotecas, centros de documentación o entidades públicas o privadas, nacionales e internacionales, o en poder de particulares, y organizar, con la colaboración del Archivo Nacional, el Centro de Documentación de la Comisión. Dichos documentos serán accesibles a toda persona que desee consultarlos para su información o sus investigaciones, salvo aquella que, para preservar la seguridad, la privacidad y la dignidad de las víctimas o de los victimarios, la Comisión considere de carácter reservado.

2. Invitar, personalmente o por los medios de comunicación, a todas las personas que hayan participado directa o indirectamente en los conflictos, y a quienes se consideren víctimas de los mismos o hayan sido testigos de graves violaciones de los derechos humanos, para que suministren a la Comisión las informaciones y los documentos correspondientes.

3. Recibir en audiencia a toda persona que desee informar o emitir conceptos, análisis o juicios ante la Comisión, sobre los hechos que son de su competencia. Estas audiencias se desarrollarán en el marco de la mayor confidencialidad y secretismo. Los nombres de los informantes, sean víctimas, victimarios, testigos, allegados o de cualquier otra índole, no aparecerán en los documentos de conocimiento público de la Comisión sin su expreso consentimiento escrito.

En dichas audiencias, las víctimas deben ser tratadas con compasión, respeto por su dignidad, y solidaridad con su condición.

4. Citar a declarar a toda persona que la Comisión considere que puede suministrar información sobre los hechos de su competencia, sin que esto implique ningún grado de sospecha o inculpación. Si la persona lo solicita, podrá hacer su declaración por escrito, con base en el formulario que la Comisión le hará llegar previamente. Si la persona se negare a declarar, la Comisión podrá emplazarla y solicitar la colaboración de las autoridades competentes para asegurar su comparecencia.

5. Realizar los trabajos de campo que el desarrollo de las investigaciones aconseje. Para estos trabajos, la Comisión podrá solicitar la colaboración de los organismos de investigación del Estado: Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, etc., y suscribir convenios con establecimientos académicos y de investigación.

6. Solicitar la documentación y la información que considere necesaria a cualquier entidad pública o privada que la posea, y visitarlas libremente y sin previo aviso cuando considere que puede recabar información que le sea de utilidad. Las entidades visitadas estarán en la obligación de suministrar dicha información.

7. Indagar, mediante las técnicas científicas de investigación que fueren del caso, la calidad y la veracidad de las informaciones recibidas.

8. Elaborar y presentar los informes de que trata la presente ley, en el tiempo establecido para ello. Estos informes pueden ser finales o parciales. Los finales deben ser presentados seis meses después de firmado un acuerdo de paz; los parciales o de Estado de avance cuando, vencido el término de su mandato, deba presentarlos junto con la solicitud de prolongación del mismo, o, sobre los hechos de los grupos que no han iniciado procesos de paz o si estos no han culminado, tres meses después del término definitivo de su mandato.

9. Dar testimonio, ante las autoridades judiciales competentes, sobre la calidad, la solidez y credibilidad de las informaciones de las personas que voluntariamente o por invitación hayan colaborado con la Comisión, por solicitud de las mismas. Aunque la Comisión no ejerce funciones judiciales, estas informaciones serán consideradas por los jueces o tribunales como actos de colaboración con la justicia.

10. Cuando fuere del caso, suministrar a las autoridades competentes las identidades de las víctimas fallecidas que haya podido establecer, para la expedición de los correspondientes certificados de defunción.

Artículo 10. Funcionamiento. Para el cabal ejercicio de sus competencias y el cumplimiento de sus funciones, se le otorgan a la Comisión las siguientes atribuciones:

1. Elegir, con los votos de la mayoría absoluta de sus miembros, al Presidente, al Vicepresidente y al Representante Legal de la Comisión. Este último debe ser de nacionalidad colombiana.

2. Organizar la estructura administrativa y operativa de la Comisión, con criterios de racionalidad, eficiencia y austeridad.

3. Definir, con base en el organigrama establecido, los cargos que deben ser creados, los colaboradores que deben ser vinculados por contrato, así como el perfil y las calidades de los funcionarios y los contratistas, y sus remuneraciones.

4. Definir la sede de operaciones de la Comisión, de su área administrativa y la de los comités operativos que creare, y velar por la adecuada dotación de las mismas.

5. Elaborar el presupuesto para el funcionamiento de la Comisión y de todas sus dependencias, y para la financiación de todas las actividades que debe desarrollar.

6. La Comisión podrá recibir aportes, en dinero o en especie, de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales. Para la administración de tales recursos, la Comisión constituirá y dirigirá durante su existencia el Fondo para la Recuperación y la Preservación de la Memoria Histórica.

7. Elaborar los manuales de procedimiento y de funciones de todas las dependencias y de todos los funcionarios y contratistas de la Comisión.

8. Darse su propio reglamento.

9. Las demás que le sean atribuidas por la presente ley o posteriores, o por el Gobierno Nacional, previo concepto o por solicitud del Consejo Nacional de Paz.

Artículo 11. Colaboraciones. Para el ejercicio de sus competencias y facultades, y para el desarrollo de sus funciones, la Comisión podrá solicitar la colaboración de, y establecer acuerdos con, cualquier persona natural o jurídica, y entidad pública o privada, nacional o internacional, para disponer de las facilidades, personal o equipos pertenecientes o bajo control o uso de tales personas o entidades.

Artículo 12. Enlace. El Jefe de la oficina de las Naciones Unidas en Colombia o quien el Secretario General designare, ejercerá las funciones de enlace entre la Comisión y el Secretario General.

Artículo 13. Compromisos del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, en la solicitud que le presente al Secretario General de las Naciones Unidas para la constitución y el respaldo institucional y financiero de la Comisión, se comprometerá, así mismo, a respaldar el trabajo de la Comisión y a acatar y poner en práctica las recomendaciones que le haga, para el logro del objeto de esta ley.

En los acuerdos de paz que suscriba con organizaciones insurgentes y contrainsurgentes ilegales, el Gobierno influirá para que también quienes fueron miembros de estas organizaciones colaboren con la Comisión y acaten sus recomendaciones.

CAPITULO 3

Instrumentos para la Preservación de la Memoria Histórica

Artículo 14. Definición. Se entiende por Instrumentos para la Preservación de la Memoria Histórica, las medidas y acciones de carácter legal, administrativo y operativo que contribuyan a la reparación simbólica a las personas y a las comunidades que hayan sido víctimas de los conflictos que han azotado la Nación; para restaurar la dignidad de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y exaltar su injusto sacrificio; para que la sociedad no olvide sus sufrimientos y el alto precio que ha debido pagar por sus divisiones, intolerancias, insolidaridades e injusticias, y para que aprenda las lecciones de su doloroso pasado y se esfuerce por la construcción de una Nación cada vez más humana, tolerante y solidaria.

Artículo 15. Instrumentos. De conformidad con el artículo 2º de la presente ley, los Instrumentos para la Preservación de la Memoria son: Los Monumentos de la Memoria, el Día Nacional de la Memoria, el Archivo de la Memoria, la Fundación para la Preservación de la Memoria Histórica, y la Pedagogía de la Memoria.

Artículo 16. Los Monumentos de la Memoria. Atendiendo una propuesta específica de la Comisión, escuchadas por esta las sugerencias de las víctimas sobrevivientes y de los familiares de las sacrificadas, el Gobierno Nacional erigirá el Monumento Nacional de la Memoria.

Dicho monumento debe cumplir funciones de conmemoración y de pedagogía social. Para tal efecto, debe reseñar los hechos más luctuosos del conflicto y donde se han producido las más graves violaciones de los derechos humanos, así como los nombres de todas las víctimas sacrificadas, cuya identidad haya podido ser establecida por la Comisión.

También erigirán los gobiernos de las entidades territoriales, bajo propuestas de la Comisión y oídas las sugerencias de los sobrevivientes, los familiares y las comunidades, y con los mismos propósitos, monumentos en memoria de las víctimas sacrificadas, con sus nombres y la reseña de los hechos, en los lugares donde se hayan cometido las mayores violaciones de los derechos humanos.

Parágrafo. El Gobierno Nacional y las administraciones territoriales adoptarán todas las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 17. El Día Nacional de la Memoria. Declárase el día (__ del mes __) Día Nacional de la Memoria. Tal día será consagrado al recuerdo de las víctimas de todos los conflictos que ha padecido la República, al estímulo de la reconciliación nacional y al fomento de la esperanza de una nación unida y en paz.

El Día Nacional de la Memoria será feriado en todo el territorio de la República y en las representaciones diplomáticas de Colombia en el exterior.

El Gobierno Nacional, mediante Decreto Ejecutivo, dispondrá todos los actos conmemorativos que se desarrollarán en ese día, para el cumplimiento de los propósitos señalados en la presente ley, los cuales deberán revestir gran despliegue y solemnidad y transmitir un fuerte mensaje pedagógico de reconciliación y de esperanza.

Artículo 18. El Archivo de la Memoria. La Comisión dispondrá, con la colaboración del Archivo Nacional, la preservación de todos los materiales que haya recabado o producido durante el desarrollo de sus actividades. Este acervo se denominará El Archivo de la Memoria.

Toda persona tendrá derecho a acceder libremente a los documentos y materiales del Archivo o a sus facsímiles, salvo aquellos que, para garantizar la seguridad, la privacidad y la dignidad de las víctimas, la Comisión clasifique temporalmente como de carácter reservado, los cuales desclasificará cuando considere oportuno. Para la consulta, se preverán facilidades especiales para los establecimientos académicos y de investigación científica.

El Archivo de la Memoria será uno de los elementos constitutivos del Monumento de la Memoria.

La Comisión estará al cuidado del Archivo de la Memoria hasta su disolución. A partir de ese momento, El Archivo estará a cargo de la Fundación para la Preservación de la Memoria Histórica.

Artículo 19. La Fundación para la Preservación de la Memoria Histórica. Créase la Fundación para la Preservación de la Memoria Histórica (en adelante La Fundación), como una persona jurídica, (de derecho público), independiente, sin ánimo de lucro, con patrimonio y presupuesto propios.

La Fundación tendrá a su cargo velar por la realización y la conservación de todos los instrumentos creados en la presente ley para la preservación de la memoria histórica, y fomentará toda suerte de actividades tendientes al conocimiento de los hechos de violencia investigados por la Comisión, al estudio de sus causas y consecuencias, y a la Pedagogía de la Memoria.

La Fundación podrá recibir aportes de toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o internacional, de conformidad con las leyes de la República y de sus propios estatutos. Dichos aportes, al igual que los que reciba la Comisión, entrarán al, y serán administrados, por el Fondo para la Recuperación y la Preservación de la Memoria Histórica de la Fundación.

La Fundación será dirigida por la Comisión, hasta la expiración de su mandato. La Comisión la constituirá desde su entrada en funciones, la dotará de Estatutos propios y asegurará su continuidad para cuando sea disuelta.

Artículo 20. La Pedagogía de la Memoria. Entiéndese por Pedagogía de la Memoria el conjunto de actividades desarrolladas por entidades públicas y privadas, para que las presentes y futuras generaciones conozcan los graves hechos de violaciones de los derechos humanos que se han perpetrado en el pasado, y comprendan sus causas y consecuencias, con el objeto de fomentar la reconciliación y la convivencia de todos los colombianos, como medio para impedir que tales hechos vuelvan a repetirse en el futuro, y para que se haga realidad el derecho, el deber y el respeto a la paz, de conformidad con los artículos 22, 67 y 95 de la Constitución Política.

La Fundación tendrá entre sus funciones el fomento de todo tipo de actividades de Pedagogía de la Memoria, para lo cual podrá establecer acuerdos o convenios con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.

Artículo 21. La presente ley rige a partir de su promulgación.

Rafael Amador,

Representante a la Cámara.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Un pueblo sin memoria

es un pueblo sin futuro

1. La Comisión de la Verdad y el Proyecto de Alternatividad Penal

1.1 Oposición a la instauración de una Comisión de la Verdad en Colombia

Los autores del proyecto de ley de “Alternatividad” Penal no parecen ser partidarios de la instauración de una Comisión de la Verdad en Colombia. Según Rafael Pardo, ponente del proyecto en el Senado de la República, “No tiene sentido una comisión de verdad no judicial. Eso solo serviría para generar venganzas” (Entrevista en Revista Cambio, 5 de abril de 2004). Si tal fuera el caso, no se entendería cómo, en muchos países que han atravesado por conflictos similares a los nuestros y que han logrado acuerdos de paz duraderos (a los que nos referiremos específicamente más adelante) establecieron Comisiones de la Verdad y las consideraron de particular importancia en los procesos de paz, reconciliación y reparación.

De manera más explícita, afirma el senador Pardo, en el informe sobre las audiencias públicas llevadas a cabo bajo su coordinación, cuando formula algunas recomendaciones relacionadas con el proyecto de ley de Alternatividad Penal:

12. En cuanto al principio de verdad, es clara la obligación estatal de esclarecer lo ocurrido no solo en términos individuales a través de una adecuada investigación penal, sino en términos colectivos y de reconstrucción cultural. En efecto, el derecho a la verdad exhibe una doble dimensión, pues no solo busca dar a conocer a las víctimas y a sus familiares la verdad de lo sucedido, sino que además pretende garantizar a la sociedad la no-repetición de hechos violentos de este tipo a través de la divulgación, asimilación y discusión de la propia historia. Sin embargo, como ha sido señalado por algunos expertos en el tema de justicia transicional, existe un altísimo riesgo de que una comisión de la verdad, que deba operar en medio de un conflicto de la intensidad del conflicto colombiano, fracase. En efecto, en las condiciones actuales una Comisión de la verdad no tendría plenas garantías para trabajar. Sus miembros podrían ser amedrentados o asesinados y sus resultados, en el caso en el cual fueran objetivos, oportunos, suficientes y veraces, podrían ser desestimados fácilmente y utilizados como arma de guerra o instrumento de retaliación personal. La esperanza en la reconstrucción de la verdad no puede frustrarse ante un experimento tan arriesgado. Sin embargo, respecto a la reconstrucción de la verdad es necesario formular, cuando menos, dos recomendaciones preliminares:

a) Para efectos de la reconstrucción de la verdad individual relacionada con la comisión de hechos criminales, es necesario diseñar procesos penales en los cuales las víctimas puedan participar activamente y los jueces y fiscales se encuentren motivados e impulsados a reconstruir la verdad de los hechos investigados de la manera más objetiva, imparcial y completa posible;

b) En todo caso deben crearse instrumentos efectivos que permitan esclarecer los episodios de desaparición forzada de personas, reconstruir los hechos –cuando ello fuera requerido especialmente por los familiares de las víctimas– y encontrar las fosas comunes y los cadáveres de las personas desaparecidas. En todo caso, este debe ser un tema de altísima prioridad en el diseño de la política de justicia transicional dentro del actual proceso.

Como puede observarse, si bien el senador Pardo reconoce que hay que ir más allá de investigaciones penales sobre hechos individuales y que es necesario llegar hasta la reconstrucción histórica de lo ocurrido, “en términos colectivos y de construcción cultural”, y aporta elementos con los que se construiría una muy buena definición del objeto de una Comisión de la Verdad (como se verá más adelante), concluye negando su viabilidad. Pero, si de inseguridad para sus miembros y de retaliaciones personales se trata, “qué diferencias hay entre los peligros de la Comisión y los del Tribunal que propone el proyecto de Alternatividad, en el que intervienen jueces, jurados, fiscales, acusadores, acusados, víctimas, testigos, etc.” Además, las funciones de los tribunales de justicia no son las de esclarecer las raíces históricas (políticas, sociales, económicas y culturales) de los fenómenos, ni la de investigar a otros posibles actores y responsables indirectos de conflictos, diferentes de aquellos que hayan sido puestos bajo su jurisdicción, como sí lo pueden hacer las Comisiones de la Verdad.

En la información divulgada por el servicio de prensa de la Presidencia de la República, pocos días antes de la radicación del proyecto de “Alternatividad Penal” se aducen igualmente otros argumentos para sustentar por qué en él no se contempla la constitución de una Comisión de la Verdad. Dice textualmente: “Las Comisiones de Verdad son escenarios dispuestos al final de procesos de paz o tras el tránsito de dictaduras a regímenes democráticos, donde se intenta la reconstrucción de la verdad histórica y se facilita el encuentro víctima-victimario”. Y prosigue: “En el presente caso el escenario de encuentro va a ser el proceso penal en el marco de una situación en que la paz aún no se aclimata y con la intervención de la rama judicial. Así, la administración de justicia se fortalece, al mismo tiempo que se brinda un espacio de reconciliación.” (El Tiempo, 21 de agosto de 2003) (sustituir esta referencia por la de la exposición de motivos).

Estos argumentos son compartidos por El Tiempo, en su Editorial del 16 de enero de 2004. Afirma el diario:

Un tema clave (al parecer ausente del nuevo borrador) es el de la confesión. Si bien un mecanismo público como el de la Comisión de la Verdad en Sudáfrica puede tentar a algunos, hacerlo con un solo grupo armado y no con todos juntos, puede servir más a los intereses de venganza de un sector contra otro que a los de la reconciliación. Una confesión completa, empero, a un grupo especializado de jueces, (que sirva, entre otros, para que los parientes de los asesinados encuentren sus cuerpos), puede ser mucho más eficaz.

Pero, una de las mayores “perlas” de quienes se oponen a la constitución de Comisiones de la verdad, para la reconstrucción de la memoria histórica, nos la brinda el ex ministro Fernando Londoño, cuando afirma:

Repasé los acuerdos de paz que se suscribieron recientemente en todas las regiones del mundo, y nada encontré de cuanto buscábamos. Ni en los siete que permitieron la paz en El Salvador, desde el de Ginebra hasta el de Chapultepec, en 1992; ni el que en 1996 se firmó en Guatemala para permitir la incorporación a la vida civil de los miembros de la URNG; ni en el de Sierra Leona de 1999; nada, por supuesto, quedó dicho en el que trajo la paz para Irlanda el 10 de abril de 1998; busqué en vano lo que hubieran podido decir los acuerdos de Mozambique, Liberia y Filipinas, para llegar a una conclusión inequívoca: Las exigencias sobre la memoria colectiva, la reparación y el castigo son un invento para estrenar en Colombia (El Tiempo, 1º de mayo de 2004).

Más adelante tendremos la oportunidad de analizar en detalle algunas de las experiencias internacionales a las que se refiere el ex ministro Londoño.

1.2 Un Tribunal de verdad, justicia y reparación no es una Comisión de la Verdad

Los proyectos de “Alternatividad Penal”, tanto el inicial (Proyecto de Ley Estatutaria número 85 de 2003 Senado), junto con su exposición de motivos, como el segundo proyecto o pliego de modificaciones para primer debate en la Comisión Primera del Senado de la República, al que se le ha llamado de “Verdad, Justicia y Reparación”, preparado conjuntamente por los ponentes con el Alto Comisionado para la Paz, se refieren al esclarecimiento de la verdad y a la preservación de la memoria colectiva, pero en términos exclusivamente judiciales, que no tienen el alcance ni la dimensión que les daría una Comisión de la Verdad.

Acerca de la verdad, el proyecto inicial (radicado en agosto de 2003) creaba una Comisión de Verificación y le asignaba, entre otras, las siguientes funciones:

Con el fin de garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y preservar del olvido la memoria colectiva, organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de los beneficiarios de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley.

Solicitar a los órganos de investigación, servicios de inteligencia y a los despachos judiciales la información relativa a las conductas de los destinatarios de la presente ley, con el fin de preservar del olvido la memoria colectiva y ejercer el control sobre el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se haya otorgado la correspondiente medida.

Solicitar la asistencia y cooperación de las autoridades de policía cuando resulte procedente y necesaria para la verificación de las obligaciones del destinatario de la medida.

Garantizar el acceso público a los archivos de los casos que lleguen a su conocimiento. (Artículo 9º, incisos 2º y siguientes).

No cabe duda de que en la anterior disposición se encontraba el embrión de lo que deben ser algunas de las funciones de una Comisión de la Verdad, similar a las que fueron instauradas en otros países, como se verá en su momento. No obstante, llama la atención que dichas funciones se le hayan otorgado a un organismo de carácter judicial, a los cuales no les compete por naturaleza. En concreto, según el mismo proyecto (artículo 8), el objeto de dicha Comisión es la verificación “del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las personas beneficiarias”, pero en ninguna parte el proyecto establece la relación de dichos compromisos con el de colaborar, mediante sus declaraciones, a la reconstrucción de la verdad y a la preservación de la memoria colectiva.

Más aún, en la correspondiente exposición de motivos se indica que, a través del proceso penal “se garantiza el derecho de las víctimas a la verdad, puesto que allí se establecen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, así como el derecho a la justicia en la medida en que se determina la responsabilidad individual de los victimarios”. En otros términos, la justicia penal solo determina responsabilidades individuales y garantiza el derecho de las víctimas a la verdad, lo cual está muy lejos de ser el mecanismo adecuado para la reconstrucción de la verdad colectiva y la recuperación y preservación de la memoria histórica. Para comprender la tragedia política y social que ha azotado a la nación durante décadas, y para emprender un proceso de reconciliación nacional, no es suficiente con conocer la verdad sobre hechos y responsabilidades individuales de carácter judicial. Por lo tanto, el proyecto adolece de una visión integral, macro, societal y socioantropológica, del fenómeno de la insurgencia y de la violencia en Colombia.

No obstante, a pesar de las observaciones señaladas arriba, en esta primera versión del proyecto de “Alternatividad Penal” se encontraban elementos conducentes al establecimiento de la verdad y a la preservación de la memoria colectiva. Pero, en el segundo proyecto o pliego de modificaciones para 1er. debate, en el Senado, se elimina la Comisión de Verificación y se instauran los Jueces de Ejecución de Penas, para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, como la reparación de las víctimas, pero no se eliminan por completo las funciones que se le atribuían, las cuales pasan a ser competencia de un “Tribunal para la Verdad, la Justicia y la Reparación”, según el inciso 4º del artículo 2º del proyecto:

Le corresponde igualmente organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de las personas objeto de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y preservar del olvido la memoria colectiva. El Tribunal para la Verdad, la Justicia y la Reparación garantizará el acceso público a los archivos de los casos ejecutoriados sometidos a su conocimiento”.

Más adelante, en los artículos 21 y 22, el proyecto trata acerca de la búsqueda de la verdad y de la confesión, en los siguientes términos:

Artículo 21. Búsqueda de la Verdad. Los funcionarios judiciales a que se refiere la presente ley dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de investigación, en particular, los factores que influyeron en la violación de la ley penal y de aquellos que fueron determinantes para la conformación o el ingreso al grupo armado organizado al margen de la ley de que se trate.

Igualmente, para que se conozcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas, las condiciones sociales, familiares o individuales que caracterizan la personalidad del imputado, su conducta anterior, sus antecedentes judiciales y de policía, sus condiciones de vida, los daños que individual o colectivamente se hayan causado, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional y pérdida financiera o menoscabo sustancial, de los derechos fundamentales a las víctimas de su conducta.

Artículo 22. Confesión y criterios de apreciación. Si se produjere la confesión, el funcionario judicial practicará las diligencias pertinentes para determinar la veracidad de la misma y averiguar las circunstancias en que esta se produce.

Para apreciar cualquier clase de confesión y determinar su mérito probatorio, el funcionario judicial tendrá en cuenta las reglas de la sana crítica, el grado de contribución al esclarecimiento de la verdad y a la consecución de la paz nacional.

Se conservan, pues, en el proyecto, algunos elementos relacionados con la verdad, la memoria colectiva y el archivo de los casos, pero estos permanecen en manos de organismos judiciales, se refieren exclusivamente a los actos cometidos por los inculpados individualmente y los archivos se limitan a los casos ejecutoriados, lo cual dista mucho de la naturaleza y del alcance de las funciones de una Comisión de la Verdad, como nos dirán a continuación quienes abogan a favor de su instauración, y nos enseñan más adelante las experiencias internacionales.

En estas experiencias se verá con claridad que estas comisiones no deben ser de carácter judicial y que el objeto de sus investigaciones no se debe circunscribir a los casos de investigación penal (la verdad judicial), sino que deben profundizar en las causas de los fenómenos que han afectado no solo a las víctimas sino a la sociedad entera, y hacer las recomendaciones para que estos lamentables episodios de la vida nacional no vuelvan a repetirse en el futuro. En consecuencia, esta labor es más propia de sociólogos, politólogos, antropólogos e historiadores que exclusivamente de juristas y, menos aún, estar ceñida a estrictos procedimientos judiciales.

Pese a las anteriores referencias a los aportes y falencias del proyecto de “Verdad, Justicia y Reparación”, la iniciativa que estamos presentando no debe ser considerada como un apéndice o adición al mismo, pues no se trata de una propuesta de orden penal para darle una salida a la situación jurídica de los reinsertados a la vida civil, individualmente o como consecuencia de un proceso de paz con un grupo armado ilegal, sino de la instauración de instancias y mecanismos para la recuperación y la preservación de la memoria de los graves hechos que durante tantos años han martirizado a la sociedad colombiana. Por lo tanto, el hecho de que el proyecto de origen gubernamental haya sido retirado y de que aún se desconozca cuándo será de nuevo radicado, y su contenido, no debe ser óbice para que se le dé curso a esta iniciativa.

2. En defensa de la creación de una Comisión de la Verdad en Colombia

2.1 Razón de ser de la Comisión de la Verdad

El esclarecimiento de la verdad es un derecho, tanto de las víctimas directas e indirectas de los conflictos, como de la sociedad entera. Este derecho implica a su vez obligaciones para todos los actores de los conflictos, así como de todas las personas, grupos o instituciones vinculadas de cualquier forma a los mismos. También es una condición necesaria para el fortalecimiento del proceso de reconciliación nacional y de democratización del país.

2.2 La oportunidad de la creación de una Comisión de la Verdad, antes de culminados los acuerdos de paz con todos los actores del conflicto

Los analistas coinciden en que el caso colombiano es particularmente complejo, en comparación con otras experiencias internacionales. En realidad, en Colombia no existe un conflicto, sino múltiples conflictos superpuestos y de diversa naturaleza, tanto por sus causas como por las ideologías que los inspiran y por los fines que persiguen sus actores. En consecuencia, es ilusorio pensar en una paz integral como consecuencia de un único proceso de paz o de múltiples procesos simultáneos en su desarrollo y en su culminación.

Por lo tanto, esperar a que todos estos procesos lleguen a feliz término para iniciar una dinámica de catarsis nacional, mediante la recuperación y la preservación de la memoria histórica, es renunciar a tal posibilidad, pues se le pone una condición indefinida en el tiempo, que probablemente no se llegue a dar, al menos en un razonable mediano plazo. En consecuencia, el proceso de reconstrucción de la verdad debe tener tantas etapas y momentos como los tendrán las campañas de pacificación y de reconciliación nacional.

Para ello, existen numerosos elementos con los que la Comisión puede comenzar su trabajo, incluso antes de que los procesos comiencen a rendir frutos parciales: Los desmovilizados, los detenidos que acepten colaborar, las víctimas, los miembros activos o en retiro de la Fuerza Pública, las autoridades y funcionarios estatales, las ONG defensoras de derechos humanos, organismos internacionales, etc.

2.3 Algunos conceptos sobre la necesidad de la Comisión de la Verdad para la reconstrucción y la preservación de la memoria histórica

Llama la atención que, mientras el gobierno y algunas personalidades políticas que lo apoyan se muestran contrarios a la constitución de una Comisión de la Verdad, no pocos estudiosos del conflicto colombiano resaltan su necesidad, como condición para el logro de una paz justa y duradera. Veamos, a guisa de ejemplos, y con la intención de ilustrar el debate, algunos de estos conceptos:

En una entrevista hecha por el corresponsal del diario El Tiempo, y publicada en la edición del 13 de octubre de 2003, el ex Procurador para los Derechos Humanos, Hernando Valencia Villa, afirma:

Lo que Colombia necesita (es) un proceso nacional de reconciliación y paz. El hecho de que no haya habido una dictadura, una ruptura de la tradición constitucional, y el hecho de que no tengamos una guerra clásica, no significa que Colombia no necesite plantearse seriamente un proceso de reconciliación nacional. Y para eso se necesita una comisión de la verdad, como se acaba de hacer en Perú, como se hizo en Argentina, en Chile, etc. El país necesita esclarecer el crimen de Galán, el de Gómez Hurtado, la masacre contra la UP, etc.

– ¿Por qué hay que hacerlo?

Porque sin verdad y sin memoria no vamos a reconquistar el clima moral, el clima de confianza y de convivencia que necesita el país para aclimatar una paz justa, una paz duradera. El país no puede seguir huyendo de la verdad.

– ¿Y cree eso posible?

Esto ya está inventado. Se debe confiar esta tarea a un grupo muy representativo de todos los sectores de la sociedad, y con la más alta autoridad moral que, con todo el respaldo político y jurídico del caso, se dedique al esclarecimiento. En Guatemala, por ejemplo, la llamada “Comisión de esclarecimiento histórico” se concentró en lo que ellos denominaron los “casos paradigmáticos”. Es decir, no intentaron abarcar todos los casos de violación a los derechos humanos, pues eso es imposible dado los 30 años de conflicto armado que devastaron ese país centroamericano, sino se concentraron en los más graves.

– ¿Hay alguno de estos modelos internacionales que le guste en particular?

Cada país tiene que pensar en su propio mecanismo. El modelo surafricano es interesantísimo. Y ojo, no estoy proponiendo copiarlo, sino estudiarlo, junto con otros modelos, para lograr una adaptación inteligente a nuestras necesidades y circunstancias.

– ¿Por qué le gusta el modelo surafricano?

En Suráfrica se organizó una comisión de investigación amplia y representativa presidida por una de las figuras más respetadas del país, el arzobispo Desmond Tutu, que durante tres años investigó los crímenes del Apartheid. Y que ofreció el siguiente “arreglo”: “todo el que comparezca ante esta comisión, y ante las víctimas, o los familiares de las víctimas de los crímenes ya documentados, y reconozca públicamente su responsabilidad, recibirá un perdón, completo y definitivo, y el Estado entrará a asumir la responsabilidad de indemnizar y reparar a las víctimas o a sus familias”. Una fórmula para reconstruir el clima moral de confianza y de decencia que requiere toda sociedad para sobrevivir.

También a Daniel García-Peña, ex Alto Comisionado de Paz, le llama particularmente la atención el caso sudafricano. En un extenso artículo publicado en la Revista Número, con el título “Paz con los paras: ¿para qué?” expresa:

Todo proceso de paz en el mundo ha tenido que enfrentar el dilema entre justicia y verdad, por un lado, y perdón y olvido, por otro. Cada uno ha definido su propio equilibrio y encontrado su propio modelo para tramitarlo.

Tarde o temprano, tendremos que definir los nuestros. A pesar de que en otros casos dichos asuntos solo aparecen en el posconflicto, Colombia no es un caso usual. Creo que nos llegó la hora de pensar en una comisión de la verdad a la colombiana.

Es muy difícil creer que todos los que han cometido crímenes en nuestra larga y confusa guerra serán llevados ante la justicia. Pero es también inaceptable que queden todos en la impunidad.

Las “Comisiones de la Verdad” en el cono sur, en El Salvador y Guatemala, pasando por los tribunales especiales de Ruanda y la antigua Yugoslavia, entre otros, nos dan un amplio menú de posibles mecanismos y de experiencias muy ricas, tanto de éxitos como de fracasos.

No obstante, todos coinciden en reconocer que la verdad es elemento fundamental para lograr la reconciliación.

Quizás el modelo que más ilustra esta idea es el de Sudáfrica: Quien se confesó de manera veraz, pública y completa, revelando nombres de mandos y cómplices, fue indultado; pero a quienes encubrieron o se les comprobó algún delito no confesado, les cayó todo el peso de la ley y perdieron toda posibilidad de indulto. Sin ser perfecta, muchos coinciden en que es una de las experiencias internacionales de paz que lograron los mayores índices de reconciliación nacional.

A pesar de los contextos tan distintos y reconociendo que se requiere una administración de justicia moderna y efectiva para que el Estado ejerza la capacidad coercitiva que conduzca a una mayor disposición de colaborar voluntariamente, esa experiencia nos puede dar muchos elementos para el caso nuestro.

Refiriéndose explícitamente al proceso con las Autodefensas, García-Peña hace estas delicadas observaciones:

(...) una comisión de la verdad a la colombiana para el caso de los paras ha de tener un ingrediente adicional y especial: Debe esclarecer el grado de responsabilidad estatal en la creación, respaldo y encubrimiento del fenómeno del paramilitarismo.

Finalmente, concluye esta parte con una advertencia (¿premonición?) y una sugerencia audaz:

De todas maneras, es importante reconocer que por deseable que sea una comisión de la verdad en estos momentos en Colombia, lo cierto es que no hay condiciones políticas muy favorables para ella. Es probable que ni el Estado ni las AUC vayan a estar interesados en introducir el tema en la mesa. Por ello, solo una fuerte presión desde la sociedad civil nacional y, sobre todo, desde la comunidad internacional, puede introducir este elemento fundamental.

Por otra parte, en un extenso artículo publicado en Semana.com (el 11 de enero de 2004), El periodista e investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (IEPRI), Ever Palomo Llorente, hace un extenso y profundo análisis sobre los problemas del proyecto de “Alternatividad Penal”, y expresa, entre otras, las siguientes ideas sobre las Comisiones de la Verdad. Sería de gran utilidad la lectura integral de este documento; no obstante, en aras de una relativa brevedad, nos limitamos a citar solo algunos apartes.

La memoria como mecanismo de reconciliación

¿Se puede olvidar ilimitadamente renunciando a un mínimo de reparación y de justicia? La pregunta se la plantea Gonzalo Sánchez en su libro Guerras, memoria e historia, en el que hace un análisis cuidadoso de la forma como se han resuelto los conflictos armados del pasado en Colombia y cómo se ha abordado el tema de la memoria.

Es claro que para lograr la reconciliación nacional, fracturada desde las guerras del siglo XIX o desde la época misma de la Conquista, es necesario construir –como lo afirma el profesor Sánchez– escenarios en los cuales los viejos adversarios del pasado puedan debatir abiertamente sus diferencias, sus odios y los distintos proyectos de Nación.

Los finales de las guerras de los siglos XIX y XX no han Estado acompañados de procesos de memoria, verdad, justicia, reparación y reconciliación que conduzcan a una selección de lo memorable para vivir el presente y afrontar el futuro sin el peso de esos conflictos o disputas. Pero el problema de memoria, verdad, justicia y reparación no es solo sobre las guerras, porque hechos como la masacre de las bananeras, el 9 de abril y recientemente los homicidios de dirigentes políticos de izquierda y de derecha no han sido esclarecidos.

“En Colombia estamos pues, frente a un problema de memoria no solo con respecto a un acontecimiento temporalmente determinado, sino con respecto a toda la historia nacional”. Esto hace que la reconciliación sea esquiva y que sigamos enfrentados en una guerra degradada que se alimenta de muchos intereses y cuyas causas son igualmente complejas, pero que encuentra justificación por parte de actores armados en hechos como la venganza por la matanza de unos cerdos y gallinas por parte de la acción del Estado o por el secuestro y asesinato de un ser querido.

Sánchez dice que hemos vivido unas guerras inconclusas que llevan a memorias circulares en donde la relación entre memoria y perdón ha sido resuelta por un pacto de perdón y olvido entre las élites o las clases dirigentes, como ocurrió en el caso del Frente Nacional, que puso fin a la llamada época de la violencia y donde, a través de una amnistía general y amplia (1957), se renunció a toda consideración de verdad, justicia y reparación, y donde no hubo fuerza de oposición política capaz de profundizar el contenido de la amnistía o de ejercer presión para que Colombia hubiera asumido su pasado y su historia. Sin embargo, vale la pena mencionar que actualmente vivimos en un mundo más globalizado, en donde la comunidad internacional, como ya lo dijimos, juega un papel fundamental y las presiones de estados, organismos intergubernamentales y ONG de derechos humanos hacen que sea más difícil que un Estado, por más soberano que sea, permita el perdón y olvido sobre una base de impunidad frente a las graves violaciones de los derechos humanos y del DIH.

Las guerras circulares o los conflictos no resueltos pueden activar venganzas que alimentan los intereses de los llamados empresarios de la guerra o de la coerción, que aprovechan los resentimientos de las víctimas por daños no reparados y por hechos no esclarecidos.

(...)

Las Comisiones de la Verdad en los casos de Argentina, Chile, Suráfrica, Ruanda, Guatemala, Nicaragua y El Salvador son esfuerzos de búsqueda no solo de la verdad, sino también de la memoria, que en casos como el Centroamericano no han sido tan exitosos como en los del Cono Sur. Priscilla B. Hayner dice que de la capacidad que tengan las sociedades en conflicto para articular la búsqueda de verdad con mecanismos de justicia y reparación va a depender que las divisiones y enfrentamientos del pasado permitan construir un presente y un futuro sin resentimientos ni rencores que imposibilitan la reconciliación.

Daniel García-Peña señalaba que era muy probable que ni los agentes del Estado ni los alzados en armas estén interesados en que se conozca la verdad de sus actuaciones. No obstante, llaman la atención las palabras del entonces jefe de las AUC, Carlos Castaño, cuando en un reportaje publicado en el periódico El Tiempo, el 4 de diciembre de 2003, a la pregunta de si “¿Aceptarían una Comisión de la Verdad?”, responde categóricamente, y lanza una sugerencia digna de tenerse en cuenta en un conflicto inconcluso:

Sin duda alguna. ¿Pero si hay un conflicto que no ha terminado y los enemigos del Estado continúan en pie de guerra, vamos a darles esa arma? Lo deseable es un tribunal de la verdad cuando se sienten a la mesa todos los actores del conflicto. No digo que no se pueda manejar unas Comisiones de la Verdad regionales: con la Iglesia Católica, la Procuraduría, la Defensoría para que la verdad la sepan los que tengan que saberla.

Finalmente, según lo reseña el periódico El Tiempo, en su edición del lunes 16 de febrero de 2004, el profesor Rodrigo Uprimny, de la Universidad Nacional, y el abogado Luis Manuel Lasso plantean una propuesta específica para la constitución de una Comisión de la Verdad en Colombia, con las siguientes características:

Forma de creación: Por acuerdo entre las partes en proceso auspiciado por la ONU.

Papel: Reconstrucción de la verdad y eventual impulso de causas penales o disciplinarias en las que los perdones serían individuales y por grados militares.

Participación: ONU y OEA; países amigos; y colaboración de gobiernos extranjeros y organismos internacionales en el aporte de documentos confidenciales y proveyendo declaraciones oficiales de agentes militares, si es el caso.

Conformación: Un comité de la verdad y reparación integrado por alrededor de 300 personas entre asesores y colaboradores nacionales y extranjeros. Un comité cuasijudicial de justicia para decretar el perdón o no hacerlo, integrado por 7 personalidades entre extranjeros y colombianos.

Tiempo de labor: Dos años.

Competencia: Esclarecimiento de los hechos desde 1982 hasta la fecha.

Facultades: Citar a cualquier ciudadano que considere necesario escuchar. Quien se niegue deberá enfrentar proceso penal relacionado con los hechos. Recolección y custodia de pruebas.

Participación social: Audiencias públicas transmitidas por TV y radio y escuchar especialmente a las víctimas.

3. Algunas experiencias internacionales sobre Comisiones de la Verdad

Puede afirmarse que la Comisión de la Verdad es una institución inherente a los procesos de paz y reconciliación. Esta afirmación es válida no solamente en los casos en que se ha llegado a una paz negociada, como en El Salvador y Guatemala, sino en otros que han sufrido largas dictaduras militares y terrorismo de Estado, como en Chile, Argentina y Uruguay. En Perú, la guerrilla Sendero Luminoso fue desarticulada por las fuerzas del Estado; y en Sudáfrica, la Comisión de la Verdad (Truth and Reconciliation Commission) fue el resultado de los sucesos políticos que le pusieron fin al régimen del Apartheid, o de segregación y dominación racial.

En este análisis de las experiencias internacionales, dejamos de lado los casos de Argentina, Chile y Uruguay, pues no guardan relación con el caso colombiano.

Paradójicamente, en dos caos que se pretende mostrar como paradigmáticos, los de Nicaragua e Irlanda del Norte, y en los que parece inspirarse el Gobierno, tanto en el proceso de desmovilización de las Autodefensas como en el proyecto de ley de Alternatividad Penal, no se establecieron formalmente Comisiones de la Verdad.

Veamos sumariamente las principales características de las Comisiones de la Verdad de El Salvador, Guatemala y Sudáfrica, pues las consideramos paradigmáticas para el caso colombiano.

3.1 Características de la Comisión de la Verdad de El Salvador:

1. Objeto: La Comisión de la Verdad “tendrá a su cargo la investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad” (Acuerdo de Paz de Chapultepec, artículo 2º).

2. Fue creada por mutuo acuerdo de las partes en conflicto (26 de abril de 1993).

3. No tiene el carácter de organismo jurisdiccional (corte o tribunal).

4. Se le entregó a la ONU su conformación y se le otorgó plena autonomía y libertad para adelantar las investigaciones y la elaboración del informe, garantizando la absoluta confidencialidad de las fuentes. Los tres comisionados fueron todos extranjeros y, en consecuencia, ajenos al conflicto (su Presidente fue el colombiano Belisario Betancur).

5. Las partes se comprometen a acatar las conclusiones de la investigación y a poner en práctica sus recomendaciones.

6. No es una investigación exhaustiva; se limita a “esclarecer con prontitud aquellos hechos de violencia de singular trascendencia, cuyas características y repercusión (...) reclamen con mayor urgencia el conocimiento cabal de la verdad...”.

7. Período por investigar: Todo el tiempo del conflicto (1980-1993).

8. El informe menciona los nombres de los responsables, pues los comisionados lo consideraron indispensable para el “conocimiento cabal de la verdad”. “El dejar de mencionar nombres reforzaría ese mismo manto de impunidad que las Partes encargaron a la Comisión levantar”, afirman.

3.2 Características de la Comisión de la Verdad de Guatemala

1. Objeto: “Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones de los derechos humanos y de los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población civil”, como una contribución “a que se fortalezca el proceso de conciliación nacional y la democratización en el país” y “a que no se repitan estas páginas tristes y dolorosas”.

2. Fe creada por mutuo acuerdo de las partes (Oslo, Noruega, 23 de junio de 1994).

3. El informe hace recomendaciones, pero no individualiza responsabilidades ni tiene propósitos o efectos judiciales.

4. Composición: Tres miembros: un coordinador de la ONU, un ciudadano de “conducta irreprochable” y un académico.

5. Recomendaciones: “Medidas para preservar la memoria de las víctimas, para fomentar una cultura de respeto mutuo y observancia de los derechos humanos y para fortalecer el proceso democrático”.

6. Período por investigar: Desde el inicio del enfrentamiento hasta la suscripción del acuerdo de paz.

7. Reserva para garantizar el secreto de las fuentes y la seguridad de testigos e informantes.

8. Instalación y duración: A partir de la firma del Acuerdo de Paz, por seis meses, prorrogables.

3.3 Características de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica (Truth and Reconciliation Commission)

1. Objetivos: “Los objetivos de la Comisión serán promover la unidad nacional y la reconciliación en un espíritu de entendimiento que transciendan los conflictos y divisiones de pasado, mediante:

“a) Establecer una descripción lo más completa posible de las causas, la naturaleza y la extensión de las más graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante el período comprendido entre el 1º de marzo de 1960 y el fin del conflicto, incluyendo los antecedentes, las circunstancias, los factores y el contexto de tales violaciones, así como los puntos de vista de las víctimas y los motivos y justificaciones de las personas responsables de la comisión de las violaciones, por medio de investigaciones y audiencias;

“b) Facilitar la garantía de amnistía a las personas que hagan una completa revelación de los hechos más relevantes, relacionados con actos asociados con un objetivo político y de conformidad con los requisitos de esta ley;

“c) Establecer y hacer conocer la suerte o la localización de las víctimas y restablecer la dignidad humana y civil de tales víctimas, garantizándoles la oportunidad de relatar sus propias versiones de las violaciones de las cuales son víctimas, y recomendando medidas para repararlas;

“d) Compendiando un informe que provea un recuento tan completo como sea posible de las actividades y hallazgos de la Comisión, contemplados en las parágrafos (a), (b) y (c), y que contenga recomendaciones de medidas para prevenir violaciones futuras de los derechos humanos”. (Ley Sobre La Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación, 1955. La traducción del inglés es nuestra)

2. Funciones: Además de las mencionadas en los objetivos:

“a) Facilitar, y donde sea necesario iniciar o coordinar, indagaciones sobre: (...)

“(iii) la identidad de todas las personas, autoridades, instituciones y organizaciones involucradas en tales violaciones: (...)

“f) Hacer recomendaciones al Presidente en relación con:

“(i) La política que debe seguirse o las medidas que deben tomarse para garantizar la reparación a las víctimas o para adoptar otras medidas tendientes a rehabilitar y restaurar la dignidad humana y civil de las víctimas;

“(ii) Las medidas que deben ser tomadas para garantizar la urgente reparación provisional de las víctimas;

“g) Hacer recomendaciones al Ministro sobre el desarrollo de un limitado programa de protección de testigos para los propósitos de esta ley;

“h) Hacer recomendaciones al Presidente sobre la creación de instituciones conducentes a una sociedad estable y justa, y sobre las medidas institucionales, administrativas y legislativas que deben ser tomadas o introducidas para prevenir la comisión de violaciones de derechos humanos.

3. Además de las anteriores, la ley es particularmente específica sobre otras características, en las que no nos detenemos, en aras de la brevedad, como:

1. Los poderes conferidos a la Comisión.

2. La composición de la Comisión: entre 11 y 17 comisionados, nombrados por el Presidente, previa consulta con el Gabinete. “Los comisionados deben ser personas íntegras y probas, imparciales y no tener un alto perfil político”.

3. Sobre el tratamiento a las víctimas, se establece que “serán tomadas medidas apropiadas con miras a minimizar los inconvenientes a las víctimas, cuando sea necesario, para proteger su privacidad, garantizar su seguridad, la de sus familias y de sus testigos, y para protegerlos de la intimidación”.

4. Además, “se aplicarán mecanismos informales para la resolución de conflictos, incluyendo la mediación, el arbitraje y cualquier otro procedimiento provisto por el derecho consuetudinario, cuando sea apropiado, para facilitar la reconciliación y la reparación a las víctimas”.

5. Al igual que en El Salvador y en Guatemala, la Comisión de la Verdad en Sudáfrica no era de carácter judicial. Su función, en relación con la amnistía, se circunscribía a “facilitar la garantía de amnistía a las personas que hagan una completa revelación de los hechos más relevantes”, recibiendo las declaraciones y solicitándola al Comité sobre Amnistía, constituido por la misma ley.

4. Exposición del contenido del proyecto sobre la Recuperación y la Preservación de la Memoria Histórica

4.1 Título del proyecto

Proyecto de ley sobre la Recuperación y la Preservación de la Memoria Histórica, por la cual se establecen instrumentos para la recuperación y la preservación de la memoria de los graves conflictos que ha padecido la Nación durante las últimas décadas.

Esta extensa exposición es una clara explicación y sustentación del título del proyecto, y su relación con la materia del mismo. Además, se inspira en muchas de las experiencias internacionales estudiadas.

4.2 Estructura general del proyecto

El proyecto que presentamos a consideración del Congreso de la República consta de tres capítulos, así:

En el Capítulo Primero se define el objeto de la ley y se enuncian los instrumentos que se establecen para alcanzar dicho objeto, a saber: La Comisión de la Verdad, los Monumentos de la Memoria, el Día Nacional de la Memoria, el Archivo de la Memoria, la Fundación para la Recuperación y la Preservación de la Memoria Histórica, y la Pedagogía de la Memoria.

El Capítulo Segundo está consagrado a la Comisión de la Verdad: Definición, creación y conformación, naturaleza, competencias, duración, alcance de las investigaciones, funciones, funcionamiento, colaboraciones, enlace y compromisos del Gobierno Nacional.

El Capítulo Tercero trata de los Instrumentos para la Preservación de la Memoria Histórica: Los Monumentos de la Memoria, el Día Nacional de la Memoria, el Archivo de la Memoria, la Fundación para la Preservación de la Memoria Histórica, y la Pedagogía de la Memoria.

4.3 Contenido específico del proyecto

4.3.1 Dos tipos de actividades

El objeto del proyecto es el desarrollo de dos tipos diferentes y complementarios de actividades:

1. La recuperación de la memoria, y

2. La preservación de la memoria. Estas dos actividades no son integralmente coincidentes en el tiempo puesto que, mientras la recuperación de la memoria es de carácter temporal, hasta por un tiempo determinado subsiguiente a la firma de los acuerdos de paz con los grupos insurgentes o contrainsurgentes ilegales, o hasta que el Congreso de la República decida no renovarle su período (inicialmente de dos años), la preservación de la memoria debe ser una actividad de carácter permanente, pues los instrumentos para ello deben contribuir a la reconciliación nacional y a la convivencia pacífica de las presentes y futuras generaciones.

4.3.2 Dos organizaciones

Como consecuencia de lo anterior, se crean dos entidades similares por su naturaleza, pero con competencias, atribuciones y funciones diferentes: 1) la Comisión de la Verdad (en adelante, la Comisión), para la recuperación de la Memoria, y 2) la Fundación para la Preservación de la Memoria Histórica (en adelante, la Fundación).

Dadas sus competencias y atribuciones, estas dos entidades deben ser de (derecho público), pero independientes de cualquier otro organismo estatal en el ejercicio de sus funciones y, para ello, deben disponer de patrimonio propio y de autonomía presupuestal.

No obstante, el proyecto no establece ninguna duplicidad innecesaria y burocrática de instituciones, pues, durante el tiempo de duración de la Comisión, esta será la encargada de la organización y la dirección de la Fundación, así como de la administración del fondo que se constituye.

4.3.3 La Comisión de la Verdad

La Comisión es esencialmente un organismo de investigación de los graves hechos de violaciones de los derechos humanos que se han producido durante los años de conflicto interno, conformada por cinco comisionados de las más altas calidades éticas, intelectuales y humanas, dado lo delicado de su misión, y para que sus actuaciones no sean puestas en tela de juicio.

Para garantizar el mayor grado de independencia y neutralidad posibles, se propone que, al igual que en no pocas experiencias internacionales, entre las cuales se cuentan las de El Salvador y Guatemala, la Comisión sea constituida y respaldada institucional y financieramente por las Naciones Unidas.

Por su naturaleza, la Comisión no es de carácter jurisdiccional, pues sus competencias no son la investigación de la “verdad judicial”, y el establecimiento de culpabilidades individuales y su juzgamiento, sino la investigación de la verdad sociohistórica, de las más graves y traumáticas violaciones de los derechos humanos, de sus causas y consecuencias para los individuos y para la sociedad, y la presentación de recomendaciones a las autoridades, para que tales hechos y la tragedia nacional de las últimas décadas no vuelvan a repetirse en el futuro y los colombianos disfrutemos de la paz justa y duradera que tanto anhelamos.

Finalmente, para facilitar las labores de Comisión y para que sus recomendaciones no se queden en letra muerta, el proyecto establece que, en la solicitud que le presente al Secretario General de las Naciones Unidas (o, en su defecto, a la OEA) para la constitución y el respaldo institucional y financiero de la Comisión, el Gobierno Nacional debe adquirir el compromiso de apoyarla, y de acatar y realizar las recomendaciones que, para el logro del objeto de esta ley, le haga la Comisión.

4.3.4 Instrumentos para la Preservación de la Memoria Histórica

Estos instrumentos, como ya se ha enunciado, son: Los Monumentos de la Memoria, el Día de la Memoria, el Archivo de la Memoria, la Fundación para la Preservación de la Memoria Histórica y la Pedagogía de la Memoria.

Una de las coincidencias más notorias que se encuentran entre las recomendaciones de las Comisiones de la Verdad que hemos analizado, es el establecimiento de algunas de estas formas materiales de preservación de la memoria, en particular el Monumento de la Memoria y el Día Nacional de la Memoria, como formas de reparación simbólica a las personas y a las comunidades víctimas de graves violaciones de los derechos humanos durante los conflictos que han azotado la Nación, con el objeto de que las presentes y futuras generaciones aprendan de los errores del pasado y no vuelvan a repetir tan dolorosos episodios de la historia nacional.

En este mismo orden de ideas y con los mismos propósitos, es de capital importancia la preservación y el acceso libre de todas las personas, especialmente de las comunidades académicas y de investigación científica, a los materiales que haya recopilado y producido la Comisión durante el desarrollo de sus actividades. Para tal fin, el proyecto establece el Archivo de la Memoria, el cual debe formar parte del conjunto del Monumento Nacional de la Memoria.

Como se señaló arriba, para velar por la realización y la conservación de todos estos instrumentos materiales y simbólicos para la preservación de la memoria, el proyecto propone la constitución de la Fundación para la Preservación de la Memoria Histórica. Asimismo, para posibilitar el cumplimiento de sus funciones, la Fundación dispondrá de, y administrará, el Fondo para la Recuperación y la Preservación de la Memoria Histórica, integrado por aportes y donaciones de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales.

Finalmente, aunque estos instrumentos tienen un propósito pedagógico, la Fundación debe, entre sus funciones, fomentar todo tipo de actividades de Pedagogía de la Memoria.

Señores Miembros del Congreso de la República: como nos enseña el epígrafe que encabeza esta exposición, el objeto último de la reconstrucción de la verdad y de la preservación de la memoria no es tanto revivir el pasado como iluminar el futuro; cerrar las cicatrices abiertas por los dolorosos episodios que ha padecido la Nación, y renovar nuestras fuerzas para reemprender el camino de la reconstrucción de una sociedad más humana y más democrática, porque solo la verdad podrá hacernos libres.

Rafael Amador,

Representante a la Cámara.

 


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Informe preliminar de la Comisión de la verdad sobre los sucesos del Palacio de Justicia en 1985



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