La ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) se expidió para juzgar a los paramilitares y guerrilleros que hubieran cometido crímenes atroces y se acogieran al programa de desmovilización ofrecido por el gobierno del presidente Uribe dentro de los planes de paz. La ley contemplaba penas alternativas para los responsables de estos delitos: prisión de hasta ocho años, entrega al Estado de todos los bienes, –incluyendo los obtenidos lícitamente por extensión legislativa de la Corte Constitucional– y decir toda la verdad. El lema de la ley de Verdad, Justicia y Reparación, quedó ligado al proceso. El trámite de la ley fue complejo porque ya los procesos de desmovilización estaban adelantados sin haberse perfeccionado el sustento jurídico, es decir los enemigos de la sociedad estaban sometidos y concentrados en zonas de desmovilización y habían entregado las armas que tenían en su poder, en realidad ellos estaban en un punto de no retorno y el futuro jurídico dependía de la buena voluntad de los legisladores en ser benevolentes en cuanto a las penas y de la capacidad del gobierno para sobreponerse a la oposición nacional y la enorme presión de la izquierda organizada en el exterior. Es claro que había dos tendencias en el legislador. La del gobierno de ofrecer penas de prisión relativamente bajas, condiciones de encarcelamiento más benignas que las de los delincuentes comunes, y protección a los que tuvieran solicitud de extradición por el gobierno de los Estados Unidos con la promesa verbal de no extraditarlos si se acogían a la ley. El gobierno cumplió esta parte del acuerdo de no extradición durante los primeros cuatro años a pesar de la enorme presión de los grupos opositores, con algunos aliados de las burocracias internacionales, que reclamaban se hicieran efectivas las solicitudes de extradición por considerar que las penas eran muy leves dada la gravedad de los crímenes. La segunda línea en el legislativo estaba entre los opositores al gobierno que quería sanciones y condenas ejemplarizantes para los responsables de los crímenes, sin importar el hecho de que ellos se habían desmovilizado voluntariamente, habían entregado las armas y prometido entregar los bienes obtenidos por medio la fuerza. Por dificultad del trámite de la ley ante la incomprensión de la oposición y el antagonismo total al plan del gobierno en el Congreso, este se vio forzado a agregar condiciones nuevas más severas a la ley, con el resultado final de una ley intermedia entre la ferocidad desproporcionada de los unos y la bondad complaciente de los negociadores. Pero en la base quedó como una ley alejada de sus objetivos de Paz como eje central como ley política; de la justicia como ley jurídica; de la reparación como ley económica. Es un imposible compendiar propósitos antogónicos en un mismo cuerpo normativo.
La ley fue objeto de posteriores ajustes en la Corte Constitucional que modificó y agravó algunas penas. Al final quedó en una ley inservible para usos futuros en cuanto al sometimiento de otros grupos armados ilegales e inclusive algunos de los jefes de grupos paramilitares, comprometidos en el proceso inicial, abandonaron el programa, eludieron los cercos de seguridad de zona y continuaron las actividades delictivas o entraron en una vida clandestina sin dejar rastro de su paradero. Entre ellos Vicente Castaño y los hermanos Múnera, que se retiraron de la mesa de negociación y siguieron sus actividades al margen de la ley.
La ley también tuvo interpretaciones rebuscadas por los funcionarios del gobierno que acomodaron al proceso de sometimiento a guerrilleros presos y condenados, mediante figuras totalmente extrañas al texto de la ley. Con ella se lograba reducir las penas impuestas a guerrilleros por la justicia ordinaria y con esta figura reducirlas a las contempladas en la ley 975.
La intención del gobierno de hacer una ley que sirviera tanto para la desmovilización de los grupos paramilitares como de guerrilleros dejó espacios poco técnicos en el procedimiento que a la larga se convirtieron en lastre pues los grupos guerrilleros ni la consideraron en sus planes.
Por las características de la ley que requería de una jurisdicción especial, el comienzo fue complicado. Consecución de los recursos, selección y capacitación de fiscales, adecuación de salas, instalaciones para que las víctimas o sus representantes escucharan las audiencias de confesión y confección de las listas de los desmovilizados que se beneficiarían con las penas de la ley por parte del gobierno –Oficina del alto comisionado para la Paz–, tardaron casi dos años en poner en marcha sincrónicamente el aparato judicial. En el intertanto se dieron otros hechos entre los jefes paramilitares. Primero se consideró que el tiempo estuvieran concentrados en la zona de movilización era computable dentro de la sentencia, la Corte Constitucional rechazó esta prebenda por considerar que solo se computaba como tiempo de prisión aquél en que el acusado estuviera bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario y este no era el caso en la zona de desmovilización (San José Ralito). Posteriormente por no encontrarse técnicamente acusados ante la justicia, es decir no se había proferido medida de aseguramiento por los jueces, los jefes paramilitares circulaban libremente en las ciudades, los opositores hicieron tal presión que el gobierno debió “conducirlos” a sitios improvisados en centros de recreación donde con relativa comodidad quedaban bajo un sistema de movilidad restringida. Finalmente los rumores de fugas masivas llevaron al gobierno a recluirlos en cárceles de máxima seguridad, aunque bajo un régimen menos severo que el normal, pues tenían acceso a comunicaciones con el exterior de la cárcel, privilegio de usar computadores, régimen de visitas flexible y servicios alimentación propios.
Varios hechos de sangre se presentaron durante el proceso, unos afectando a personalidades políticas, un representante a la Cámara que hacía campaña en Valencia (Córdoba), varios alcaldes de municipios de Caldas y Córdoba; otros por disputas entre los mismos grupos paramilitares que terminaron con el asesinato de dos negociadores: Carlos Castaño en Córdoba y Arroyave en los llanos orientales; de varios mandos medios y cerca de un centenar de desmovilizados rasos. Aún así para las cifras de desmovilizados que se manejaron en el proceso, la transición fue pacífica, la violencia afectó a un porcentaje mucho menor de personas que el previsto.
Otros hechos paralelos al proceso fueron las disputas sobre riquezas, rutas y negocios de narcotráfico, normales en estos medios. En general los jefes paramilitares aprendieron a convivir durante estos cinco años de encierro carcelario y semicarcelario, los casos de traslado a otros centros carcelarios por disputas internas fueron menores de los esperados.
La situación del juzgamiento y la sobrecarga sobre el aparato judicial, se cruzaron con el proceso judicial de un gran número de dirigentes políticos que habían tenido reuniones y pactos con los paramilitares. (Hay encarcelados más de cincuenta políticos entre senadores, parlamentarios y gobernadores y alcaldes). Esto hizo que los medios de comunicación tuvieran a diario una noticia referida al proceso y la norma era un encarcelamiento para cada semana, los paramilitares quedaron en un segundo plano y el interés de la justicia era más el de utilizarlos como acusadores de los políticos encartados, que en el esclarecimiento de sus crímenes o en la denuncia y entrega formal de sus bienes al fondo de reparación de las víctimas. En la misma línea se cruzaron otros intereses que dieron la apariencia de un complot de funcionarios judiciales buscando a todo costo, no está claro si obrando concertadamente o individualmente, un forma de implicar al presidente en asociaciones con los delincuentes, o denuncias periodísticas sobre hechos escandalosos relacionados con los jefes paramilitares, fiestas, interceptaciones, privilegios, que provocaron salidas no decorosas de varios generales principalmente de la policía nacional. Nuevamente todo parecía sin un objetivo claro, de si se quería inculpar al presidente, dificultar el progreso de los procesos judiciales, si se trataba de favorecer a la izquierda, por miembros del partido clandestino que ocupan posiciones de poder dentro de los medios y la judicatura. O si las denuncias buscaban favorecer (suprimir las interceptaciones telefónicas en las prisiones, bloquear las confiscaciones, favorecer imagen) a los paramilitares por medio de personas influyentes que recibían buenas recompensas por sus servicios. Era una situación muy compleja y los flujos de dinero y de rumores corrían en muchas direcciones que dificultaban hacer el examen desprevenido de las verdaderas intenciones de todos: los medios, los funcionarios y los mismos implicados.
Otro elemento que se cruzó en el camino del proceso fue la actuación judicial por vía de una acción de tutela para impedir la extradición de Carlos Mario Jiménez quien probadamente según el gobierno siguió delinquiendoy por tanto, fue excluido del proceso. El juez arguyó que el gobierno no podía extraditar al paramilitar hasta tanto no se hubiera reparado a las víctimas de sus crímenes. Todo pareció un montaje al que también se incorporó en forma insólita la Corte Suprema de Justicia con un comunicado y con declaraciones abiertas de su presidente apoyando la decisión del juez y prácticamente desconociendo la competencia constitucional del ejecutivo en materia de extradición de nacionales. En la práctica, de imponerse las tesis de los jueces sobre la reparación de las víctimas previa a la extradición se estaba desmontando el tratado por lo difícil que resultaba para el gobierno demostrar el cumplimiento del requisito a parte de que no está previsto mecanismo alguno en la ley para probarlo.
El desenlace final fue traumático para los trece afectados extraditados, que mal o bien habían colaborado en la desmovilización de sus ejércitos, en el esclarecimiento de un gran número de crímenes y aportado documentos sobre la vinculación y aprovechamiento de políticos y personalidades de pactos ilegales con los grupos de autodefensas. La decisión presidencial es audaz y de autoridad, la respuesta de la oposición complemente pronosticable. Pero hay nubes que solo tiempo aclarará y otras que apagan las esperanzas de toda negociación futura con grupos irregulares. Entran las autoridades colombianas a una confrontación total de aniquilamiento o rendición incondicional de los enemigos de la sociedad; porque ningún delincuente en sano juicio con poder de intimidar, desmantelará las cuadrillas en se basa su poder, entregará las armas, se someterá a ser juzgado y encarcelado; con la confianza de que no terminará durmiendo en alguna cárcel del exterior, condenado sin misericordia a cuarenta años de prisión, despojado de toda su riqueza y aislado de su familia por barreras insalvables. Las llaves de la paz se echaron al mar.
