El proyecto de ley sobre la alternatividad penal está siendo sometido a una serie de audiencias públicas en el Congreso que me recuerdan las sostenidas hace tiempo en “Los Pozos” durante el gobierno anterior.

Hay diferencias, sin embargo, que valen la pena confrontar: El recinto es el adecuado para debatir el proyecto de ley; no hay rifles encima de la mesa directiva; no hay interlocutores vestidos de camuflado.

En las audiencias de Los Pozos se discutía un programa de gobierno y los invitados tenían siempre que ser lo suficiente amables en las críticas a sus anfitriones para que no les dieran plazos perentorios de abandonar la zona. Eran propuestas imposibles de cumplir políticamente por el desconocimiento de las leyes económicas.

En las actuales se está hablando de la desmovilización de un ejército irregular y presentando unos incentivos imposibles de cumplir jurídicamente para motivarla.

El “acompañamiento” de la burocracia internacional es muy diferente en su actitud: en las primeras era todo posible y viable; en las segundas los dictados del procónsul representante del Secretario General y de los vice-cónsules de los supraestados demandando al gobierno colombiano el “cumplimiento de los compromisos adquiridos” son en mi parecer antagónicos y hostiles.

Lo común son la abundancia de peroratas y la falta de concreción en presentar el problema, de que las propuestas contengan la posibilidad de materializarse o por lo menos, de que éstas sirvan como material utilizable en la redacción de un programa político, social y jurídico que lleve en definitiva a la solución del conflicto de este sector irregular.

Hay un aire de desespero y de improvisación por parte del gobierno en el proceso que ya se ha iniciado, con el riesgo de que un abortamiento del mismo, por los manejos apurados que se están dando, podría generar un retroceso de años, muertes y destrucción que no se merece la sociedad colombiana.

¿Qué aporte se puede hacer en este río de babas?

Y hay que intentar hacerlo si se quiere ser consistente en la búsqueda de un clima menos violento para la convivencia social.

Primero, es necesaria una reforma constitucional que elimine la supremacía de los tratados internacionales sobre legislación interna. Es la única forma de evitar que los jefes y responsables de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra puedan estar tranquilos de que no serán requeridos por la Corte Penal Internacional; que los responsables de narcotráfico y de delitos contra los intereses del imperio no sean requeridos por las Cortes del Norte.

Es necesaria una reforma a la Carta en cuanto a los derechos de hacer política y de ser elegido para que los desmovilizados puedan participar y ser elegidos si tienen base política. La renuncia a las armas no conlleva la renuncia al proyecto político y la ley actual está concebida para que los sometidos a la justicia no puedan participar en la política.

Nadie con el poder del dinero, las armas y al mando de ejércitos irregulares numerosos, con el dominio territorial y político que éstos tienen en todo el territorio nacional, está dispuesto a someterse a los jueces colombianos con el riesgo de aparecer, de la noche a la mañana, deportado y condenado a perpetuidad por un gobierno supranacional o de una potencia extranjera y terminar el resto de la vida en una celda de tres por dos metros.

El segundo elemento es la medida de la progresión del proceso. En Los Pozos se hablaba de los puntos de un programa de gobierno cuando se estaba a kilómetros del solio de Bolívar; en el Congreso se está hablando de un perdón y olvido de unas penas para unos responsables hipotéticos que están a kilómetros de las cárceles y del alcance de la justicia. Ambas tienen esa calidad etérea en uno de los extremos del hilo.

Es con estos puntos por donde debe empezarse sino se quiere llegar a callejones sin salida y a retrocesos dolorosos.

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