El comité promotor del referendo embarcó al país es un enredo que nadie se merece. Primero presentó una propuesta de modificación del artículo 197 que demuestra la falta de ponderación y estudio que merecía una pregunta sobre un hecho fundamental e irrepetible. La pregunta reforma un texto ya reformado y deja incompleto uno de los artículos fundamentales de la Constitución.

Segundo, la presentación de las firmas y la radicación del proyecto no pudieron ser más inoportunas y precipitadas. Al pretender presentar, para lucirse, una cantidad de firmas abrumadora  se desconoció la realidad de que la clase política siempre está de espaldas a los electores. Por las pretensiones desbordas de convertir la recolección de firmas en un  acto aprobatorio de proporciones de plebiscito, demoró la  presentación del proyecto varios meses, encareció innecesariamente los costos de la recolección de firmas, complicó los procesos de almacenamiento, custodia y trasporte, lo que permitió la entrada en escena  de personajes oscuros y cuando no delincuentes que se cobijaron en el proyecto para ganar espacios de legalidad.

Los trámites en la Cámara, tanto en la comisión como en la plenaria fueron un dechado de improvisación, atropello, dilaciones y contradicciones que merecen una medalla a la mediocridad de los responsables. Poco se pudo agregar para dejar tan mal plantado el proyecto, menos aún para dejar un camino de trámite sembrado de dudas sobre su viabilidad y legalidad.

En tercer lugar, la decisión tardía del gobierno de intervenir la firma comercializadora de tarjetas prepago DMG, y el efecto devastador en la economía de la población en las regiones del sur de país (afectadas por las pirámides la fortuna), lo que coincidió con la primera votación parlamentaria, costó, para el paso tranquilo en la comisión, a la aspiración del presidente, de los promotores del referendo y de los millones de firmantes, dos votos vitales de políticos presuntamente financiados por Murcia Guzmán que votaron por la negativa a la reformas al texto  y dejaron vigente el confuso texto original y prácticamente cobraron la decisión al presidente Uribe.

Otro elemento perturbador, que demuestra la falta de unidad de mando entre las mayorías parlamentarias, fue la radicación de un proyecto de acto legislativo, luego retirado, que proponía la reelección presidencial por un tercer periodo. Lo que era no un plan alternativo, sino una manguera que enredaba la misma cuerda del referendo y daba más oscuridad que luz a la intención del comité de habilitar al presidente para aspirar a ser candidato presidencial por tercera vez consecutiva y muestra palmaria de la incapacidad de los dirigentes de mantener el control de las mayorías parlamentarias.

El punto culminante de la estupidez se dio en la plenaria de la Cámara, la noche del cierre de las sesiones del período legislativo cuando faltando cinco minutos para el mismo fue presentada una convocatoria a sesiones extras para tramitar y aprobar exclusivamente el proyecto de ley del referendo.

El balance del trámite no merece ningún análisis. Todo es una mierda.

Ahora viene la segunda vuelta y nada asegura que no sea más de lo mismo.  

La reformita