“El pasado 14 de marzo el Comité Promotor entregó a la Registraduría Nacional del Estado Civil un total de 174 carpetas AZ que decían contener 1.642.802 respaldos. Luego de numerar y foliar las carpetas recibidas, se estableció que los respaldos recibidos ascendían a 1.608.008, de los cuales 81.302 resultaron nulos por estar incompletos, es decir, carecer de alguno de los tres elementos exigidos: Nombre, firma y número de cédula.

Sobre las 1.526.706 firmas restantes se aplicó el procedimiento establecido en el artículo 7 de la Resolución 5641 del 30 de octubre de 1996. La Registraduría revisó los apoyos correspondientes a la muestra, confrontando la información contenida en el Archivo Nacional de Identificación (ANI) y en la base de datos del Censo Electoral, con el propósito de establecer la correspondencia entre el número de cédula de ciudadanía, los nombres y apellidos y su inscripción en el censo electoral.

Culminado el proceso se concluye que el número de firmas válidas no alcanza los 1.347.305 apoyos, equivalentes al 5% del Censo Electoral, según lo previsto en la Ley 134  de 1994, razón por la cual la iniciativa de referendo no podría ser presentada ante el Congreso de la República.”

Las normas son inobjetables en la ley 134 de 1994.

“Artículo 24. Certificación de la Registraduría. En el término de un mes, contado a partir de la fecha de la entrega de los formularios por los promotores y hechas las verificaciones de ley, el respectivo Registrador del Estado Civil certificará el número total de respaldos consignados, el número de respaldos válidos y nulos y, finalmente, si se ha cumplido o no con los requisitos constitucionales y legales exigidos para el apoyo de la iniciativa legislativa y normativa o de la solicitud de referendo.

Artículo 25. Destrucción de los formularios. Una vez que la Registraduría correspondiente haya expedido el certificado a que se refiere el artículo anterior, conservará los formularios por veinte (20) días. Durante ese término, los promotores podrán interponer ante la jurisdicción contencioso administrativa las acciones a que haya lugar cuando, por la anulación de firmas, no se hubiere obtenido el apoyo requerido.”

Queda pues un sorbo para que finalice este proceso, (la apelación ante la juridiscción contencioso administrativa en los próximos veinte días). Pero también tenía una cuota de ilegalidad que no advertí en la lectura de los textos constitucionales, y ahora revisando la ley 134, que regula la participación ciudadana, entre ellas el referendo, encuentro en el artículo 29 una prohibición expresa de presentar proyectos de sobre materias presupuestales y este era el caso del proyecto. Luego aún si los mecanismos de apelación que son claros y cortos, dejan con vida este moribundo proyecto, creo que el Congreso o la Corte Constitucional lo bloqueé; y se ahorre a los colombianos el ruido, la levantada dominical y el despilfarro de los recursos públicos en un proceso electoral condenado al fracaso.

Artículo 29. Materias que pueden ser objeto de iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas. Sólo pueden ser materia de iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas, aquellas que sean de la competencia de la respectiva corporación.

No se podrán presentar iniciativas populares legislativas y normativas ante el Congreso, las asambleas, los concejos o las juntas administradoras locales, sobre las siguientes materias:

1. Las que sean de iniciativa exclusiva del Gobierno, de los gobernadores o de los alcaldes, según lo establecido en los artículos 154, 300, 313, 315, 322 y 336 de la Constitución Política.
2. Presupuestales, fiscales o tributarias.
3. Relaciones internacionales.
4. Concesión de amnistías o indultos.
5. Preservación y restablecimiento del orden público.”