Las consecuencias del decreto 1059 de 2008

Con el decreto 1059 de 2008, hermano del 880, se sabe que el gobierno está buscando algo, pero es difícil saber qué.

Francisco Cifuentes

Desmantelada la misión médica humanitaria francesa, como consecuencia de la negativa de la dirigencia de las Farc de permitirla, se ha debido desmantelar también el sorprendente decreto 880 de 2008 expedido al calor de la presión del momento. Pero contrario a lo esperado, el Gobierno entró de lleno en el plan b jurídico y expidió el decreto 1059 de 2008 con alternativas jurídicas para la liberación de guerrilleros presos y condenados antes de la expedición de la ley de Justicia y Paz (975) lo que no es otra cosa que una improvisación más en este río de errores.

Los requisitos que deben reunir los guerrilleros presos para obtener los beneficios según el decreto son:

1. Haber pertenecido a un grupo u organización de guerrilla antes de la privación de la libertad.

2. Expresar por escrito la voluntad de abandonar el grupo u organización de guerrilla, realizando actos expresos, públicos y objetivos de rechazo al mismo.

3. Colaborar de manera eficaz con las autoridades para el desmantelamiento del grupo de guerrilla.

1. La ley de Justicia y Paz en ninguna parte dice que se aplicará para los delincuentes presos antes de su expedición, pues el objetivo era beneficiar a los guerrilleros y paramilitares que se desmovilizaron en las negociaciones de paz que se iniciaron durante el gobierno del presidente Uribe Vélez. Dificilmente puede un preso (inmovilizado por la autoridad militar y judicial) desmovilizarse.

2. En el caso de los delincuentes condenados que se pretende beneficiar con este decreto, el “desmovilizado” no tienen ningún riesgo de perder los beneficios que se le ofrecen si no dice toda la verdad ni entrega todos los bienes, pues para obligarlo a cumplir este requisito de la ley 975, implicaría la anulación del juicio en que fue condenado por la justicia ordinaria y abrir un nuevo juicio con las caracteríticas de esa ley. Lo que incluye entre otros el reality de confesión pública ante los circuitos cerrados de televisión para la proyección a los familiares de las víctimas y la amenaza expresa en la ley de que se lo excluirá del programa de beneficios sino dice toda la verdad como ocurre en la actualidad con los paramilitares reunentes a reconocer la participación personal en crímenes. Esta excepción para los guerrilleros es un burla a la ley, a las víctimas, a la sociedad y a la cacareada verdad. Peor, menos oportunidad tendrá la justicia de reparar a los afectados ante la imposibilidad de recibir los bienes del condenado. Sus bienes no fueron perseguidos en el momento de la condena e intentar hacerlo ahora, años después, es un espejismo.

3. Si lo que pretende el gobierno es dar muestra de buena voluntad con la guerrilla, a forzar el llamado intercambio humanitario este mecanismo de liberación de guerrilleros presos es el menos sirve. La guerrilla ha dicho que no quiere unos guerrilleros que hayan “renegado” a su militancia, hayan colaborado eficazmente con las autoridades en el desmantelamiento del grupo en las condiciones en que está redactado el decreto para obtener los beneficios. Todo lo contrario estos hombres y mujeres requerirán de los famosos “esquemas de seguridad” del Estado, una vez hayan recuperado la libertad, para evitar el exterminio masivo como ocurrió con los “esperanzados” (EPL), que fueron sistemáticamente asesinados por miembros las Farc una vez negociaron la paz con el gobierno. (es único genocidio que ha cometido las Farc, creo recordar que fueron mil los asesinatos).

4. Los únicos beneficiados con este decreto son los propios guerrilleros y sus familias que saldrán a participar como reinsertados al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado y recibir el beneficio de “víctimas”. Cuando las viudas de los polícias y la población masacrada quedarán viendo un chispero.

5. Si lo que pretende el gobierno es obtener información valiosa sobre la organización de los grupos guerrilleros, a cambio de las denuncias que hagan estos candidatos, creo que está entrevistando al cliente equivocado. Muchos de estos 500 o más guerrilleros están presos desde hace años y el mundo cambió y mucho desde entonces. Los datos, excepto las fosas de sus víctimas y las minas quiebrapatas que ellos hayan plantado será la única información de valor. La de caletas de armas y droga, guacas y tesoros, no creo vayan a compartirlas con la justicia.  Aún así, es muy dificil que con los cambios del paisaje se logré identificar plenamente el sitio donde están las víctimas y los explosivos. Los costos que cada comisión exploratoria tiene, por las distancias a recorrer, lo incierto del resultado, la duración de las diligencias, y las medidas de seguridad complementarias para el desplazamiento del delincuente y los fiscales me hacen pensar que en las primeras de diligencias el contador de la fiscalía concluya que no vale invertir tanto tiempo y dinero por unos huesitos que no se sabe de quién son. 

6. Yo creo que todos los guerrilleros, los paramilitares que delinquieron y los militares que se excedieron en cumplimiento del deber y están condenados por delitos relacionados con el conflicto deben pagar condenas reducidas. Pero un decreto como esté, que excluye a los segundos, que no tiene soporte legal en mi criterio, que no trae ningún beneficio para la paz ni para el intercambio es un paso ciego dado por el Gobierno ante la presión de madreteresas, espíritus nobles y crédulos, cuando no hay todavía un panorama claro en el desenlace del conflicto.