Lo que de manera preliminar y en gran síntesis se ha hecho constar en precedencia, es el balance objetivo, neutral e imparcial, discernido por los integrantes de esta Comisión de la Verdad de la amplísima información acopiada directamente, al igual que de la lectura y observación del voluminoso material demostrativo allegado con anterioridad, todo lo cual puede contener defectos de evocación y sesgos en sus fuentes, de forma que acarrea el inevitable riesgo de imprecisiones.
Como se ha visto, hay aspectos sobre los cuales el país merece que continúe el integral complemento de lo esclarecido, que en todo caso requiere decidida voluntad nacional para alcanzar mayor dilucidación, así parezca que sea ya imposible.
Siempre existirá como opción, y puede hacerse realidad, que responsables del Holocausto supervivientes decidan aceptar su comportamiento lesivo y aporten la información que resta para el cabal establecimiento de la verdad, derecho fundamental de las víctimas, de los perjudicados y de la sociedad, a quienes a continuación deben pedir perdón, como también han de hacerlo todos los indolentes de la que puede ser llamada generación del Holocausto, por su indiferencia y la propensión a tolerar la impunidad, que contrasta con la determinación de las nuevas generaciones, absortas ante algo tan grave, sucedido en el corazón institucional de Colombia, parcialmente transmitido en vivo y, sin embargo, dejado sin definición ni sanción.
Se realzará el derecho a la memoria y, respetado éste, además de saberse a quiénes perdonar, esta reparación, por sólo moral que resulte, conllevará mayores posibilidades de reconciliación, con lo que ello significa en cuanto a que, si bien en inmensa parte ya no habrá justicia, ni reparación material directa por parte de los autores y partícipes, quede exteriorizado que la sociedad siempre reclamará conocer quiénes, cómo y por qué han agredido a alguno o algunos de sus miembros. Más cuando son tantos y tan despiadadamente inmolados.
Todo debe girar en torno a ese propósito, aún no alcanzado a cabalidad, adicionalmente por las dificultades dentro de la cuales se ha desarrollado la labor de la Comisión de la Verdad, que nunca recibió apoyo técnico, ni colaboración especializada, debiendo trabajar muy esforzadamente con recursos propios y asumiendo todos los costos, sin esperar ninguna retribución.
A esto se agrega la falta de poder conminatorio, que impide concretar a los expositores, unos pocos notoriamente evasivos, y exigir el envío de información, como la lista completa del personal de las Fuerzas Armadas que participó en la “retoma” del Palacio, la cual todavía es esperada del Ministerio de Defensa.
No es posible continuar así, pero la República requiere que la labor culmine, con definido apoyo público y privado, el cual ha de procurarse a base del convencimiento de que la verdad liberará.
Sin embargo, no puede concluirse sin reconocer que las Fuerzas Armadas de Colombia han evolucionado positivamente en el respeto a los derechos humanos y en la especialización de comandos realmente preparados para el rescate de rehenes, para que no se vuelva a acudir al arrasamiento indiscriminado como único medio de reacción.
En todo caso la verdad, derecho irrenunciable e imprescriptible de la sociedad y de todos y cada uno de sus miembros, representa un mínimo de reparación moral para las víctimas y los perjudicados, es fuente de reconciliación humana, como se ha experimentado maravillosamente en naciones como Sudáfrica, y constituye el mejor antídoto para que estos oprobiosos hechos nunca se repitan.