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 Suicidio asistido y eutanasia

Jorge Ignacio Rey

Actualización
Debido al interés en el tema, he editado el texto e incorporado bibliografía
Dr. Jorge Rey

I. CONCEPTOS
Antes de analizar específicamente el tema de suicidio asistido y eutanasia, considero necesario realizar algunas aclaraciones conceptuales.

1. Debe distinguirse en primer lugar, entre técnica eutanásica y eutanasia.
· La técnica eutanásica no es más que la técnica de la muerte sin dolor, con independencia de que la persona a la que se aplica se halle o no aquejada por dolores insufribles.

· La eutanasia propiamente dicha consiste en provocar la muerte anticipadamente para suprimir, sin dolor, los sufrimientos de quien se halla afectado por enfermedad o lesión incurables y con su consentimiento.

En la eutanasia prima la intención: suprimir el dolor por muerte indolora, en tanto que en la técnica eutanásica prima el método: por vía indolora producir la muerte.

Esta distinción es importante, para desenmascarar situaciones que, designadas eufemísticamente como “eutanasia”, en realidad no son más que aplicaciones de la técnica eutanásica a casos en los que se desea provocar la muerte. Tal es el caso de la “eutanasia eugénica”que elimina a los malformados, la “eutanasia económica”, que suprime a los viejos, inválidos y dementes; la “eutanasia judicial”, que aplica la pena de muerte sin dolor. Todas estas situaciones no son modalidades de la eutanasia, sino puesta en juego de la técnica de la muerte indolora.

Para que pueda hablarse de eutanasia en su verdadera acepción, que es la que aquí fundamentalmente nos interesa, han de coincidir el método y la intención: el método de la muerte indolora y la intención de evitar el dolor insufrible que padece aquel al que se aplica. En el concepto de eutanasia participan un sujeto paciente y un sujeto agente, que aplica la técnica eutanásica El carácter distintivo fundamental de la eutanasia, como aquí la conceptualizamos, es la voluntad del paciente, que desea poner fin a su existencia.. La eutanasia tiene los siguientes requisitos: a) consentimiento del paciente b) sufrimiento intolerable c) incurabilidad d) móvil compasivo del sujeto agente. La llamada eutanasia “involuntaria”, se refiere a la aplicación de la técnica eutanásica –provocación de la muerte sin dolor- sin consentimiento del paciente.

2. Eutanasia activa y pasiva:
Ambas consisten en una ayuda para morir. La eutanasia activa, «mercy killing» en la terminología anglosajona, se caracteriza por un «facere» del sujeto agente sobre el sujeto paciente, siendo precisa una intervención adecuada del primero, que utilizando determinados medios, generalmente drogas, acelera y produce la muerte del segundo. La eutanasia pasiva, «letting die» en la terminología anglosajona, se caracteriza por un «non facere», es decir, por la privación voluntaria de los cuidados precisos de una terapia normal, provocando así, por omisión, la muerte del enfermo o lesionado. En uno y otro caso se actúa por compasión, requisito esencial en la eutanasia. En el primero, sin embargo, se mata por misericordia, mientras que en el segundo por misericordia no se impide la muerte.
Como bien puede apreciarse, tanto la eutanasia activa como la pasiva tienen el objetivo, la intención de producir la muerte del paciente. La diferencia entre matar y dejar morir no resulta moralmente relevante.

3. Eutanasia lenitiva:
En la eutanasia lenitiva, la intención primaria no es provocar la muerte, sino mitigar los sufrimientos, aunque como efecto secundario asumido de esa mitigación se produzca un acortamiento de la vida. Tal es el caso de la administración de morfina, para calmar el dolor, sabiendo la depresión respiratoria que produce. Esto es lo que se conoce como “principio del doble efecto”. La eutanasia lenitiva difiere sustancialmente de la eutanasia (activa o pasiva) por la diferente naturaleza de su propósito.

4. Ortotanasia y distanasia:
En el caso de enfermos incurables se habla de ortotanasia, adistanasia o paraeutanasia, cuando se omiten o interrumpen concientemente medios que sólo sirven para prolongar la vida de un paciente en inminencia de la muerte. Se considera que tales medios –“llamados extraordinarios”- son “desproporcionados”, esto es, no guardan relación con ningún resultado deseable, como la curación o el alivio del paciente. Son, pues tratamientos fútiles o inútiles. Ejemplo de ello son las llamadas “medidas de soporte vital”, que prolongan la agonía cuando ello no puede reportarle al paciente la menor atenuación de su condición. La ortotanasia no es más ni menos que “la muerte a su debido tiempo”, ni prolongada artificialmente por la tecnología médica, ni anticipada por la eutanasia.

La ortotanasia, al no emplear medios extraordinarios e inútiles para el paciente, evita el llamado “encarnizamiento terapéutico”.

El encarnizamiento terapéutico –también llamado distanasia- instrumentaliza al ser humano, cuya dignidad es preciso proteger en el momento de la muerte, contra un tecnicismo que corre el riesgo de ser abusivo.

En la ortotanasia no hay eutanasia, ni activa (porque el médico no acelera positivamente la muerte del paciente), ni pasiva (porque no priva al paciente de los cuidados ordinarios). Sólo se priva al paciente de los medios extraordinarios o desproporcionados, los cuales más que prolongar razonablemente la vida son una tentativa desesperada y hasta cruel de prolongar la muerte. En tales casos, en los que no se mata, ni se hace morir, no hay más que una aceptación de la condición humana y un dejar hacer a la Naturaleza. La lucha contra la enfermedad se hizo imposible, y continuarla tiene como consecuencia la prolongación de una vida que, carente de dignidad, se convirtió en inhumana.

El problema reside en la determinación de cuáles medidas deben considerarse ordinarias y cuáles extraordinarias. La conceptualización de medidas extraordinarias, está ligada a su inutilidad, habida cuenta de la imposibilidad de obtener recuperación o alivio, y la mala calidad de vida del paciente. La delimitación entre evitar el encarnizamiento terapéutico –distanasia- y la eutanasia pasiva -que priva de medios necesarios para conservar la vida- es difícil de establecer en la práctica. Pero es evidente que el resultado previsto y querido, y por lo tanto la intención de quien suspende medidas terapéuticas –sean éstas ordinarias o extraordinarias- siempre vienen a ser los mismos: la muerte del paciente. ¿Se puede decir que hay realmente una diferencia moral entre ambas situaciones, si se sostiene que el valor vida tiene un sentido absoluto e independiente de la calidad que tenga esa vida? ¿No es indudable que, sean ordinarias o extraordinarias las medidas que se suspenden, ciertamente se decide y lleva a cabo la muerte del paciente?

En el caso de pacientes conectados a un respirador, que pueden permanecer en esa condición mucho tiempo, y cuando el cuadro es irreversible, esa medida que permite mantener la vida puede definirse como extraordinaria, por cuanto mantiene una vida sin esperanza alguna de recuperación. Sin embargo, la vida así limitada puede tener algún sentido para el titular del derecho a su conservación, máxime si puede conservar la conciencia para expresar su voluntad. La desconexión del respirador, en estos casos, a solicitud del paciente, sería conceptualizada como eutanasia, más que ortotanasia, ya que falta la inminencia de la muerte, la que no se produce si se continúa con la respiración asistida.

Como se ha definido la eutanasia, es necesaria la solicitud del paciente, en caso de tener la conciencia como para expresarse. Este derecho a disponer de la propia vida no puede delegarse en terceros, ni siquiera sus representantes legales ni autoridades. Debe asimismo respetarse, la voluntad expresada con antelación en forma de testamento vital –o voluntades anticipadas- en los países que establecieron dicho instituto legal.

Forma parte de la Medicina el cuidado de la persona en el momento de morir. Así como la muerte es parte consustancial de la vida humana, cabe al profesional médico estar junto a su paciente, asistiéndolo hasta el final, respetando su dignidad.


5. Eutanasia y suicidio asistido:
Sustancialmente ambas situaciones no difieren entre sí, en tanto que la intención del sujeto paciente –que sufre- y del sujeto agente –que tiene un móvil compasivo- es que el primero de ellos muera. Pero en el caso de la eutanasia es el sujeto agente el que da muerte al sujeto paciente, ejecutando el acto él mismo. En el suicidio asistido, es el propio sujeto paciente que se da muerte, con la colaboración del sujeto agente.


II. DERECHO DE VIVIR Y DERECHO DE MORIR
El derecho a la vida es el más elemental de todos los que tiene un ser humano. Es proclamado unánimente por los documentos de Derechos Humanos elaborados a nivel mundial. También hay otro derecho humano fundamental, que es mencionado reiteradamente: el derecho a una existencia digna. Y vida digna debe incluír, como no podría ser de otro modo, también muerte digna, desde el momento en que ella es parte constitutiva de la facticidad de nuestra naturaleza.

La consideración conjunta de ambos derechos –a la vida y a la dignidad humana-, puede llevar a inferir que el derecho a la vida tiene una matización, en cuanto es un derecho a una vida con cierto contenido, no cualquier vida: una vida acorde a la dignidad humana. El derecho a vivir, pues, no sería un absoluto –vivir de cualquier modo y a toda costa-, sino vivir con cierta calidad de vida. Este concepto puede expresarse en forma inversa: el derecho a no vivir una vida considerada indigna por el paciente.

Cuando la existencia –por lesiones incurables y sufrimientos intolerables- no es de una calidad aceptable para un ser humano, de modo que perciba y sienta que vive de un modo incompatible con la dignidad humana, entonces, puede plantearse que existe , además del derecho a vivir, un derecho a morir. Un derecho a terminar la existencia sin dolor para evitar la vida indigna causada por un dolor irresistible. Tal sería entonces un caso de colisión de derechos –a vivir y a morir-, o, según se considere, un derecho a vivir con dignidad y calidad de vida que ya no tiene posibilidades prácticas de gozarse y ejercerse.
En estos casos, el derecho a morir tendría justificación, siendo esta la posición que sustentan quienes postulan la eutanasia y el suicidio asistido. Como dijera Miguel de Unamuno, “aquello por lo que vale la pena vivir, es aquello por lo que vale la pena morir”: en este caso sería la dignidad humana.

Por otra parte, quienes se encuentran en una posición contraria a la eutanasia y el suicidio asistido, niegan el derecho a morir. Consideran que el derecho a vivir constituye un complejo derecho-deber. De este modo no podría hablarse de un derecho a la vida sin un deber de vivirla. Se trata de un derecho de la personalidad, irrenunciable e indelegable. El ser humano no tendría para ellos derecho a disponer de su propia vida, como algo de su propiedad, sino que sólo tiene su vida como usufructo de sus facultades.

Aún considerando el derecho a la vida como un complejo derecho-deber de vivir, si se considera en forma restringida el derecho a vivir a una cierta calidad de vida acorde a la dignidad del hombre, el deber de conservarla desaparece cuando el derecho a vivir no tiene la realidad concreta de una existencia digna. Es entonces cuando aparece el derecho a morir, que puede ejercerse por un acto de disposición sobre la propia vida.

Aceptado el derecho a vivir y a morir con dignidad, cabe preguntarse en qué consisten en la práctica esas expresiones. ¿Hay una respuesta unívoca? ¿Alguien tiene la potestad de ordenar, o la capacidad de saber lo que es digno y lo que no lo es, definir en qué consiste vivir y morir dignamente en cada caso partricular y concreto?. Ello no parece que sea competencia del Estado, de la sociedad, ni tampoco de Iglesia o persona alguna. Se trata de un asunto eminentemente privado, restringido al ámbito de la intimidad de cada persona. Cada uno determina, según sus propios códigos morales, conforme a sus propias ideas acerca del sentido de la vida, la muerte y el sufrimiento, qué es digno y qué no lo es. Y también cada uno puede saber cuánto dolor puede tolerar, así como también adoptar una actitud de vida de cara a lo que le ocurre. Esta actitud puede ser de rechazo o aceptación del dolor. En este sentido, el hombre tiene disposición de su vida, de forma indelegable. Así parecen reconocerlo tácitamente los textos legales, en cuanto no castigan al suicidio. Y ello no es porque, según algunos no pueda castigarse porque desapareció el delincuente, ya que tampoco se pena al intento suicida.



Es evidente que "nada –es- tan cruel como obligar a una persona a subsistir en medio de padecimientos oprobiosos,en nombre de creencias ajenas, así una inmensa mayoría de la población las estime intangibles". (Sentencia C-239/97: Homicidio por piedad, Corte Constitucional de Colombia)

Ubicado el derecho a morir como perteneciente a la esfera íntima del paciente, no puede aceptarse que la Sociedad determine qué vidas no tienen “derecho a ser vividas”, por no ser compatibles con la dignidad humana. La desvalorización de los minusválidos, enfermos y dependientes puede conducir a que se los considere como seres humanos inferiores en valor y derechos. Así, una vida de “mala calidad”, puede ser considerada indigna, y consecuentemente excluída del derecho a la vida . Esta exclusión puede expresarse como un paradójico “derecho a no vivir una vida indigna”.

Por este camino se llega a la eutanasia sin consentimiento o “eutanasia involuntaria”, verdadero homicidio aunque se recubra de ropajes éticos y de respeto al derecho “a la vida” y la dignidad humana. La eutanasia sin consentimiento puede implicar el propósito de librarse de la carga onerosa que representan para la sociedad los minusválidos, viejos y enfermos, que no está dispuesta a sostener.

Por otra parte, la desvalorización social y el desamparo de minusválidos y ancianos podría llegarles a hacerles ver su vida sin valor ni sentido, indigna, en suma. Y por la presión de las circunstancias podrían ser muchos inducidos a solicitar la eutanasia o suicidio asistido. La actitud de una sociedad tal podría sintentizarse en esta expresión: “no los ayudaremos, salvo para que puedan quitarse de en medio sin dolor”.

Para algunos, el derecho a morir dignamente puede equipararse a la muerte sin dolor de la eutanasia y del suicidio asistido. La eutanasia comenzó por ser la “muerte dulce” de Francisco Bacon, pasó a ser la “muerte por compasión” en el siglo XIX y hoy se equipara a la muerte digna del hombre.

Para otros, es el propio derecho a la vida el que contiene y asume, también la muerte que la extingue. El derecho a una vida digna, por ello, implica también el derecho a una muerte digna. Este concepto de muerte digna incluye un término natural y no artificial de la vida humana. El derecho a una vida digna del hombre veda su prolongación artificial por la tecnología, en un proceso de agonía mortal ya insoslayable. Asimismo, el derecho a morir dignamente veda también la eutanasia, activa o pasiva, o el suicidio asistido, por la que se provoca y adelanta la muerte de modo voluntario -muerte que se puede evitar con la terapia oportuna- para suprimir situaciones de sufrimiento intolerable. El ejercicio de un supuesto derecho a matarse –suicidio asistido- y la delegación del propio derecho a morir a un tercero para que lo realice –eutanasia- no es morir dignamente para esta posición. Entre el derecho a morir dignamente y el derecho a morir matándose existe una gran diferencia.

Sin embargo, es patente que ambos derechos pueden converger en casos concretos de sufrimiento intolerable.

3. COMPETENCIA PARA EJERCER EL DERECHO A MORIR
Es indiscutible que el primer requisito para el goce de un derecho es la competencia como para ejercerlo.
La competencia es la faz operativa del principio de autonomía de la persona humana. La autonomía es la base de la dignidad del hombre, en tanto es reconocido como ser libre y racional. Toda vez que la capacidad de elegir se encuentre impedida, o el discernimiento obnubilado por alguna razón, no existe realmente autonomía ni competencia como para gozar ni ejercer derecho alguno.

Se ha planteado el derecho a morir de quienes padecen dolores intolerables y una enfermedad incurable. Debe aclararse aquí que los dolores no tienen por qué ser necesaria y excluyentemente físicos. El sufrimiento de las enfermedades mentales puede ser tanto o más atormentador que los padecimientos físicos. Y yendo más lejos aún, no sólo esas condiciones patológicas son las que pueden llevar a una persona a un intenso sufrimiento moral que les haga intolerable la vida y les impulse a la muerte. Sólo el hombre es quien puede decir no a la propia existencia, eligiendo el suicidio o la eutanasia como “ars moriendi”.

Puede inferirse que estas decisiones de vida y muerte, tomadas en medio de mortales angustias, constituyen una zona incierta de la competencia para ejercer el derecho de morir. Una persona con una enfermedad terminal puede verse interferida en su juicio y ser incompetente para ejercer su derecho de morir. Pero también un alienado puede ejercer dicho derecho, cuando en un intervalo lúcido puede comprender en toda su magnitud la desgracia que se abatió sobre su vida y la desesperanza que produce una curación imposible. Por lo tanto, tanto la decisión de suicidarse, como el consentimiento para que se practique la eutanasia, siempre estarán rodeados por el enigma acerca de la competencia de quien decide su muerte. Siempre podrá pensarse –en el más amplio sentido- en una “patología de la libertad” que lleva al hombre a renunciar a la vida hacia la cual se encuentra impulsado instintivamente por su propia naturaleza.

Es por esta razón, que los médicos se encuentran obligados legalmente a actuar a favor de la vida en caso de intentos de suicidio. Asimismo una de las excepciones para no respetar la voluntad del paciente a tratarse o internarse es la del intento suicida. Ello tiene su fundamento en la presunción de la falta de competencia suficiente para decidir libremente.




4. LEGALIZACIÓN DE LA EUTANASIA Y EL SUICIDIO ASISTIDO
Aceptado el derecho a morir cuando a juicio del propio interesado su vida es intolerable por el sufrimiento, que la convierte en indigna, cabe plantear si puede hacer valer ese derecho legalmente. Esto es, reclamar a la sociedad, al Estado, que lo auxilien para poder lograr su objetivo. Esto significa en concreto, la incorporación de la eutanasia y el suicidio asistido a las prácticas médicas. El arte de curar tendrá entonces que ser también el arte de matar, o de ayudar a morir.

Como se ha expresado antes, la vida es un bien de la persona que se integra en el círculo de su libertad. Por lo tanto cada persona particular puede disponer fácticamente sobre su propia muerte según su conciencia. Esta disposición de privarse de la propia vida, es un acto que la ley no prohíbe –el suicidio no es castigado-. El hecho de que el suicidio no sea perseguible penalmente no debe interpretarse como reconocimiento de un derecho subjetivo a la propia muerte. El reconocimiento del derecho a la vida tiene un contenido de protección positivo, de afirmación que excluye necesariamente el contrario, es decir, el derecho a la muerte. Si se reconociera el derecho subjetivo a la muerte, todos, aún los profesionales de la salud, estarían obligados a respetar la decisión de quienes deciden concluír con su vida. Todos deberían entonces abstenerse de evitar un suicidio.

De la misma manera que la autonomía del paciente, en cuanto facultad de decidir acerca de tratamientos y actuaciones médicas que afecten a su propia vida, constituye un derecho de la persona estrechamente vinculado con los derechos a la integridad física y la vida, estos mismos derechos marcan los límites de la autonomía del paciente que nunca será absoluta, de modo que llegue a incluír el derecho a prescindir de la propia vida.


El rechazo a un tratamiento es un derecho del paciente y manifestación de su propia autonomía, en tanto refleja sus ideas y códigos morales. Este rechazo puede llevarlo a la muerte, si el tratamiento es indispensable para mantenerlo con vida. La vida así mantenida por el tratamiento, puede haberse tornado incompatible con lo que el paciente entiende es la dignidad humana. Así es que rechaza una condición que no tiene otro tratamiento que el que la perpetúa.

El rechazo de tratamiento se ha reconocido en el ámbito legal de la Ley del Ejercicio de la Medicina (17.132), que ordena a los profesionales médicos a respetar la voluntad del paciente en cuanto a no internarse o tratarse, salvo las excepciones que se mencionan. En el caso de los Testigos de Jehová, la Justicia reconoció el derecho de rechazar la transfusión sanguínea (Caso Bahamóndez). Asimismo, se reconoció el derecho de un paciente a rechazar la amputación de una pierna para salvarle la vida (caso Parodi), falleciendo como consecuencia su decisión.

En el caso de rechazo de tratamiento hay una colisión de derechos entre la autonomía del paciente y el deber de intervenir para preservar el derecho a la vida.

El reconocido derecho de un paciente competente a rechazar un tratamiento, lleva a reflexionar sobre su relación con el suicidio asistido y la eutanasia. El juez Davie Breck (caso Kevorkian), afirma que "si una persona se puede negar a un tratamiento que le mantenga con vida, entonces esta persona debiera tener derecho a insistir en un tratamiento que le cause la muerte con tal que el médico esté dispuesto a asistir y el paciente esté lúcido y satisfaga criterios racionales." Además, "la distinción entre suicidio asistido y la retirada del apoyo vital es una distinción sin merito."

Los argumentos a favor de la eutanasia y el suicidio asistido tienen su fundamento en la autonomía de la voluntad del interesado, que presta su consentimiento para que se le practique la eutanasia, o para que se le ayude a matarse. Se acude, pues, a los viejos aforismos romanos, según los cuales «volenti non fit iniuria» y «nulla iniuria est, quae in volentem fiat».

Jurídicamente, el consentimiento del interesado sería ineficaz, desde el momento en que la eutanasia –como homicidio- y la ayuda al suicidio, son delitos de orden público, perseguibles por la ley penal, y no dejan de serlo por la aquiescencia de la víctima. Sin embargo las leyes penales pueden modificarse en el sentido de desincriminar determinadas conductas como las que aquí comentamos.

La pregunta que debe responderse aquí es cuál debería ser la conducta que corresponde a la Sociedad y al Estado cuando un ciudadano le reclama que intervenga en la producción de su muerte.

En efecto, para poder concretarse el suicidio asistido o la eutanasia se requiere de un tercero que lo provea. Se trata de una colisión de derechos, del sujeto a su propia autonomía personal, y el derecho de la sociedad de examinar y acceder o no a la solicitud de quien peticiona su muerte.

¿Acaso sería un verdadero socorro que la sociedad acceda sin más a la petición de una persona desesperada, sin considerar tan siquiera por qué motivo y en qué situación concreta su vida se tornó intolerable? ¿Es cumplir con elementales deberes hacia un ciudadano el no hacer nada frente a situaciones que tal vez puedan revertirse con una adecuada intervención o auxilio no pedido por aquél?

Se ha dicho que la decisión de morir pertenece al ámbito de lo íntimo de cada persona humana. El grado de libertad con que toma esa decisión, su competencia, quedará como un misterio de su vida y de su muerte. Pero desde el momento en que el Estado es llamado a intervenir, entonces no puede meramente ser el verdugo, el ejecutor de una decisión que puede ser consecuencia de una decisión inválida, por proceder de un sujeto incompetente al que se le reconoce el derecho subjetivo de morir.


5. CONCLUSIÓN:
Puede concluírse de lo antes expuesto, que cada caso particular debería ser considerado, permitiendo la eutanasia y el suicidio asistido, pero sólo en casos excepcionales de enfermedad incurable e intolerables padecimientos, que no admitan ninguna clase de solución por otros caminos, y en un sujeto competente que lo peticiona.

En el caso del rechazo de tratamientos por parte de un paciente competente, debe respetarse la voluntad del mismo, aún cuando ese rechazo tenga por previsible consecuencia su muerte.

Siempre debe imperar la equidad en el respeto por la vida humana, independientemente de la condición en que se encuentren las personas individuales. No debe desvalorizarse a los enfermos, inválidos y ancianos como seres descartables y cargas inútiles para la sociedad. Antes bien, debería fomentarse una cultura de solidaridad que rodee a los miembros más débiles de la sociedad, de protección y afecto. De este modo no se caerá en la barbarie del exterminio de seres indefensos, en una época que proclama a los cuatro vientos los derechos humanos.



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* Publicado inicialmente por el autor en http://medicinayley.blogstop.com 


Inicio

Recursos

El suicidio asistido. Angeles Rocio Tillet

El suicidio en Bogotá. "Patologías Históricas en la ciudad de Bogotá " Arturo Cifuentes Toro. Ignacio Prieto Carvajal.

Los trances superados. Correos Angeles Rocío y Francisco

Sentencia C-239-97. Homicidio por piedad. Corte Constitucional

Proyecto de ley sobre la legalización de la eutanasia en Colombia 

 



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