La alternatividad penal: un callejón sin salida

Francisco Cifuentes

El presidente Uribe Vélez y el comisionado de paz han pedido ayuda imaginativa de colombianos y extranjeros para resolver el debate que se ha generado en torno al proyecto de la ley sobre la alternatividad penal que pretende imponer penas diferentes a la cárcel para lograr desmovilizar los grupos ilegales alzados en armas interesados en hacerlo. Los únicos de tales, en negociaciones por el momento, son algunos grupos de paramilitares.

A la luz de la fuerza que tienen los pactos internacionales en la Constitución política colombiana, es evidente que la propuesta del gobierno va en contravía con los textos internacionales acogidos por el legislador y que son parte del pacto político. La ley que ratifica el acuerdo de Roma sobre la Corte Penal y los crímenes que ésta puede juzgar es taxativa en que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio son imprescriptibles, no pueden ser indultados, ni amnistiados.

Esa atadura de manos a la que el gobierno colombiano se sometió soberanamente no es sólo para el poder ejecutivo, sino que limita también al poder legislativo y al poder judicial cuando se trata de perdonar y de juzgar a los responsables de los delitos atroces y de lesa humanidad.

Los grupos internacionales y la globalización de la justicia

Un agravante para el trámite de la solución propuesta por el gobierno, es que la ingerencia de los grupos de opinión internacionales, periodistas, Ongs y parlamentarios de países extranjeros y de las contrapartes nacionales agregan confusión, bloquean la solución, mezclan sentimientos encontrados e intereses contrarios a la finalidad de lograr una verdadera desmovilización de los grupos interesados en hacerlo.

En síntesis, el mensaje es «arrenglénse ustedes como puedan» pero no puede el gobierno hacer ninguna concesión en términos de penas. En otras palabras: «sigánse matando».

Es tan cierto este problema de la internacionalización de los observadores de la justicia, que el imperio se ha visto forzado a desconocer la competencia de la Corte Penal Internacional sobre sus ciudadanos y ha sido obligado mediante la suscripción de acuerdos bilaterales con los gobiernos de los demás países, –Colombia incluida– a que estos se comprometan a no someter a los ciudadanos americanos a esa Corte.

También el imperio ha tenido que recurrir a maniobras regresivas con respeto de las garantías ciudadanas y de los derechos humanos, cuando invoca estatus especial para los prisioneros de Afganistán que se encuentran en suelo cubano para eludir la ley americana y la convención sobre prisioneros de guerra; cuando viola las comunicaciones de los acusados de terrorismo con sus abogados y barre de un tajo lo que ha construido en garantías procesales para sus ciudadanos.

Estas tres aberraciones recientes del sistema jurídico norteamericano no son problema para que los senadores de ese país suscriban cartas dirigidas al presidente Uribe Vélez diciendo que deben respetarse los convenios internacionales suscritos por Colombia en materia de conflictos internos y de sanciones penales a los responsables de delitos atroces.

El problema es que mediante reforma constitucional se incorporaron las normas de la Corte Penal Internacional y se aprobó seguidamente la ley de reconocimiento en el orden interno del Estatuto de Roma (ley 742 de 2002) y de la competencia de la Corte. Estas superestructuras jurídicas a las que se somete voluntariamente el Gobierno, son ataduras que dificultan una negociación como la propuesta, pues el desconocimiento de estos Estatutos es en sí, un desconocimiento a la Constitución. La remoción de estas normas implican una contra reforma constitucional y la denuncia del Estatuto lo cual tarda más de un año. Un asesor jurídico de los grupos irregulares bien puede creer estos obstaculos son facilmente eludibles, o un consejero de paz, puede creer que la nobleza de la causa permite que se salten estas barreras invocando la comprensión internacional. Pero en una lectura rigurosa de la Constitución y del Estatuto salta a la vista que quien haga esto, es sujeto de sanción por violación de la ley y no creo que Uribe Velez quiera ser el primer presidente de un país sometido a juicio por la Corte Internacional precisamente cuando el énfasis del Estatuto está en la responsabilidad personal, sin distingos de cargos.

Los planos religiosos

La guerra desespera, todo el mundo quiere salirse de ella e irse a su casita. Pero es un error querer salir muy rápido. Las experiencias colombianas del pasado fueron dolorosas. El proceso de paz del presidente de las palomas, terminó con la toma y destrucción del palacio de Justicia por uno de esos grupos y con el exterminio de gran número de miembros de otro grupo y del movimiento político en que se reincorporaron a la sociedad.

Siempre me ha parecido que las negociaciones con insurgentes omiten el componente religioso o mesiánico del subversivo. El gobierno negocia las condiciones materiales de reinserción, créditos, taxis, puestos, cooperativas y sueldos pero deja en el limbo la capacidad de ensueño y de redención que tuvo el guerrero para acometer una vida de entrega y de sacrificio. Peor aún, el guerrero se encuentra con la indiferencia de los que creía eran sus protegidos. Ellos siguen en la rutina diaria y poco les interesa el discurso liberador, igualitario o reivindicador. El guerrero sin armas encuentra que su mensaje no cala y que el pueblo no se atemoriza con su sola presencia.

La soledad del negociador

El negociador debe resolver el problema asintiendo en la validez de todas las demandas sin entregar ninguna contraprestación real. A la hora de invertir fondos privados en la reinserción de subversivos, los empresarios acuden a los grupos de caridad para que no se les toquen sus patrimonios; a la hora gestionar recursos del Estado para auxiliar a los desmovilizados, el burócrata siempre encuentra que falta la firma o el soporte para ordenar el gasto; a la hora de confiscar un fundo para montar un proyecto agro industrial, por ejemplo, siempre aparece el sagrado derecho de la propiedad privada y la incomodidad de tener a 'ex' como vecinos. Pero en el otro lado, las demandas al negociador son perentorias. Arregle el problema.

Propuestas

Las propuestas tienen que ser audaces y dejar tan perplejo al extranjero que él no alcance comprender como se le hizo la burla a la norma.

1. Rendición incondicional del gobierno, (simbólica) por unas horas y el nuevo gobierno provisional dictaría normas que impliquen la amnistía e indulto de los crímenes cometidos por sus simpatizantes. La vigencia de la norma aplicaría el principio de favorabilidad sobre toda agravación posterior.

2. Acogimiento de los cabecillas insurgentes a programas de protección de testigos. Implicaría su muerte virtual y el nacimiento de otra persona.

3. Declaración de grandes áreas geográficas en cuarentena jurídica. Puede transitarse libremente pero se está en calidad de detenido.

4. Oferta de grandes legiones de nacionales de ex combatientes para servir como tropas extranjeras bajo la regencia de las Naciones Unidas en los múltiples conflictos internacionales.

5. Creación de una nueva religión. Invocando las garantías de libertad de credos, los nuevos religiosos tendrían un tratamiento diferente en el juzgamiento de los delitos atroces cometidos en el pasado.

6. Bula papal. Asumiendo algo de certeza en los rumores sobre el mala salud del Papa y siguiendo la tradición latina de conceder rebajas de penas y jubileos especiales con motivo de visitas papales, es posible intrigar para lograr una bula papal antes de su muerte que otorgue el perdón eclesial y garantice la salvación de los reinsertados.

7. Salvoconductos a negociadores. El gobierno puede declarar amplias zonas –o todo el territorio nacional– como ♪área de negociación y otorgar salvoconductos con estatus de negociador para todos los insurgentes y así éstos podrían movilizarse libremente sin tener que cumplir ninguna pena. Las negociaciones se entienden tácitamente que son interminables.

8. Movilidad vigilada. La tecnología actual de posicionamiento global controlada por satélites, permite mediante un dispositivo simple mantener informado al guardian del paradero exacto de su vigilado. Estos dispositivos de bajo costo pueden ser inyectados en la masa muscular de los reinsertados y el Inpec, sabiendo donde están permanentemente los puede localizar inmediatamente cuando los observadores extranjeros lo requieran.

9. Creación de país imaginario. Así como se creó Liberia en Africa con un simple papel. Puede en nuestra geografía crearse un país imaginario Liberia americana que no estaría sujeto a ningún pacto internacional y cuyos ciudadanos serían todos los criminales indultados y amnistiados.

¿Como más se puede pensar para que alguien quiera someterse voluntariamente a treinta o más años de carcel? A veces, es tal el desconsuelo que se siente afrontando el problema que la única respuesta, parece ser, la de dejar las cosas en su curso y que sean las próximas generaciones las que resuelvan este problema de la paz.

El zombi al tuntún

“La absolución aparente y la prórroga definitiva –le dijo Tintorelli–.Tiene que escoger. Gracias a mi ayuda, ambas son accesibles, no sin esfuerzo, evidentemente. Su única diferencia es que la absolución aparente exige durante algún tiempo la concentración de todas las energías, mientras que la prórroga indefinida demanda ligeros esfuerzos, pero duraderos”.

Frank Kafka El Proceso.

Reaparece este proyecto como un verdadero zombi, no se sabe si resucitado de las fosas comunes donde reposan los guerreros muertos por su jefe o desrefundido de alguna gaveta de un senador.

Lo único cierto es que tuntunea, como ánima en pena y a nadie parece interesarle ahora su suerte final. Qué derroche de recursos y de tiempo invertido este proyecto que muy seguramente no llegará a ninguna parte.

Ahora como novedad se impone que el resarmiento implique también que el hipotético arrepentido se someta a diez años de cárcel. Y que sea la voluntad del imperio si quiere su cabeza y si tiene intención de abrigarlo en sus cárceles a perpetuidad. O según el vice cónsul de las Naciones Unidas, lo importante es “que no haya impunidad en los crímenes de lesa humanidad”.

De qué conflicto están hablando, qué conflicto quieren resolver y donde está el estúpido que se acogerá a la propuesta.

Las audiencias públicas terminaron en un documento del senador Pardo que recoge un mensaje de candidato presidencial. No más que eso, un documento que se hubiera podido ahorrar el senador si hubiera tenido claro que estaba en un punto muerto donde nadie quiere dar nada y así como propuse en el comienzo, era mejor dejar la solución para las generaciones futuras o repasar al autor checo e irnos por una de las propuestas del pintor Tintorelli.

Saca el ponente de la manga un nuevo tribunal, con nuevos altos magistrados, que devengarán seguramente los buenos sueldos de sus pares, sin reparar en que esto implica una reforma constitucional; una reforma a la ley estatutaria de la administración de justicia; que implica en esencia una reforma del Estado. Pero además sin reparar que los defensores de los derechos humanos escudados en los organismos supranacionales no escatimarán esfuerzos por hacer “caer todo el peso de la ley” sobre los responsables sin importarles la suerte ni el futuro de Colombia.

Y tal vez buscando aliviar las penurias en que viven los periodistas escritores, propone que cada sometido haga un relato detallado de sus memorias con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en un cuaderno judicial de confesiones.

Pero como dicen «las bandidas» cuando no levantan cliente en la noche «nos quedaremos mamando» por con el nuevo sistema de procedimiento penal, el trámite del proceso será eminentemente oral y entonces la verdad será una historia de la tradición oral y el funcionario con estola y roquete será quien decidirá si viola los votos de la confesión que oyó o contará las horripilantes historias recabadas por él a sus nietos y estos a las generaciones futuras.

Estos son los artículos de la última propuesta:

Artículo 21. Búsqueda de la verdad. Los funcionarios judiciales a que se refiere la presente ley dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de investigación, en particular los factores que influyeron en la violación de la ley penal y de aquellos que fueron determinantes para la conformación o el ingreso al grupo armado organizado al margen de la ley de que se trate.

Igualmente, para que se conozcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas, las condiciones sociales, familiares o individuales que caracterizan la personalidad del imputado, su conducta anterior, sus antecedentes judiciales y de policí a, sus condiciones de vida, los daños que individual o colectivamente se hayan causado, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional y pérdida financiera o menoscabo sustancial, de los derechos fundamentales a las víctimas de su conducta.

Artículo 22. Confesión y criterios de apreciación. Si se produjere la confesión, el funcionario judicial practicará las diligencias pertinentes para determinar la veracidad de la misma y averiguar las circunstancias en que esta se produce.

El tercer intento

Hoy 18-06-2004 se ha retirado del Congreso el proyecto de ley para evitar que con su hundimiento en el período legislativo se prive al país de este adelanto filantrópico y para «lograr un consenso más amplio de todo el país», el zombi que se paseó por meses en la gavetas del Congreso ha regresado al escritorio del Alto Comisionado.