El debate en el Congreso sobre la ley de alternatividad penal, está repitiendo el doloroso proceso que tuvieron los fracasos legislativos en años anteriores del Referendo, el llamado Estatuto Antiterrorista, y de la Reelección presidencial inmediata. Hay un factor adicional que le agrega veneno a las intervenciones de los congresistas opositores y es la proximidad de las elecciones y la interinidad en que se encuentran algunos de ellos con el fallo de anulación de cerca del 10% de las mesas en los escrutinios pasados. Lo que permite no pocos pretendan lucirse colocándose en el lado de las víctimas para atacar con inusual ferocidad a los atroces victimarios, a los potenciales adversarios políticos o al gobierno. No es un debate equilibrado, ni se está jugando limpio por que se antepone a la solución del problema otro tipo de intereses que nada tienen que ver con el asunto principal.

Pero además el manejo del gobierno en el proceso anterior a la presentación del texto definitivo del proyecto ha resaltado la falta de coherencia política, la falta de liderazgo, y la pobreza de conocimientos jurídicos de los responsables. Para no llover sobre mojado omito la lista de los errores cometidos en mi concepto, pues lo que trato de hacer con esta nota es resaltar que esta ley está dirigida a solucionar uno de los problemas medulares de la sociedad colombiana y debe por encima de todo intentar hacerse aportes positivos.

Por fortuna se ha excluido en proyecto el tema del tribunal especial, dado que se estaba entrando en campos de inconstitucionalidad que hacían predecible la caída de la ley por estarse reformando la estructura del sistema judicial. Pero que además se desconocían las calidades y competencias de los jueces y magistrados actuales quienes quedaban con un rango de jueces menor jerarquía para afrontar el juzgamiento de los jefes paramilitares y guerrilleros responsables de delitos atroces que se hubieran acogido al proceso. También se ha excluido la responsabilidad directa del Estado en la reparación de las víctimas, lo que hubiera significado el sometimiento de la sociedad productiva a los caprichos de de los ­super jueces, de los super redentores y justicieros quienes con el discurso humanitario de la reparación hubieran comprometido el futuro de las finanzas públicas y puesto a tributara toda la sociedad sobreviviente exclusivamente para reparar estas víctimas y para enriquecer los altruistas colectivos de abogados, como está ocurriendo actualmente con los fallos de Tribunal Interamericano de la OEA.

El problema central a resolver con está ley es la graduación de la sanción penal que debe aplicar la justicia a los responsables de delitos atroces que se hayan sometido al proceso de desmovilización que adelanta el gobierno nacional por medio de la Consejería de paz.

Estos delitos no pueden ser indultados ni amnistiados por la preponderancia que tienen los pactos internacionales que ha suscrito el Gobierno colombiano y que fueron ratificados por el Congreso. Especial importancia tiene, además, sobre estos delitos el carácter de ser imprescriptibles para la competencia de la Corte Penal Internacional.

Pero algunos congresistas han pensado que puede solucionarse todo con leyes, algunos más delirantes que otros, algunos con propuestas perversas, otros con propuestas utópicas y para más una legión de burócratas de los organismos supranacionales quieren ejercer de justicieros y reparadores en sociedades ajenas a su cultura y con delincuentes de capacidad criminal impensable en las mentes soñadoras de estos "humanistas de escritorio" que deberían mejor ocuparse en resolver los desequilibrios sociales de sus propias sociedades: discriminación al emigrante, drogadicción, decadencia de todo orden, destrucción de medio ambiente y pobreza extrema en grandes mayorías, que es lo que domina a las sociedades “desarrolladas” pero que ellos nos quieren poner a imitar. Nuevamente, para no perder el norte del tema y del propósito que me he trazado, omitiré el listado de estupideces propuestas para centrarme en las críticas hechas al proyecto del gobierno, por lo menos las que se han ventilado en los debates.

1. Es un narco mico vestido de frac.

2. Debe hacerse pública en los debates la lista de los paramilitares presos y condenados que saldrán de las cárceles como conse­cuencia de la rebaja de penas que se propone en la ley.

3. La vigencia de la ley solamente se aplica para los responsables de delitos atroces que se hayan sometido antes de su vigencia. Entonces es una ley inoperante en futuro.

4. El tráfico de estupefacientes se incorpora como un delito conexo y por lo tanto “abre la tronera” para los narcotraficantes laven sus activos y sus delitos.

5. No se puede penar al asesino de la moto sierra con ocho años y al asesino, y al secuestrador con cuarenta.

6. La ley es el sometimiento del Gobierno a los paramilitares.

No sé cuantas más propuestas preliminares de este tipo se hayan planteado en estos dos días de debates, pues no tengo todo el tiempo del mundo para seguirlos, y de paso, hoy se daño el cable de la televisión justo cuando tenía espacio para escucharlos. Pero estoy seguro de no todas las observaciones se han presentado con el ánimo de buscar una solución aceptable al problema y sí muchas están hechas con el propósito de enturbiar la discusión, atacar a los rivales políticos, o demostrar dominio en el tema jurídico, y eso que apenas estamos en los debates generales de las comisiones y faltan los que se harán cuando se hagan las votaciones sobre el articulado y después vienen las sesiones plenarias en la Cámara y en el Senado que tendrán lugar en el primer semestre de la legislatura de este año.

Mucho quisiera que se desprendiera del texto de la ley los temas accesorios, pero veo que inclusive se están incorporando nuevas propuestas como el intercambio humanitario y un jubileo para los presos condenados –anticipándose a la muerte del Papa y al elección de su sucesor–, y encuentro como aún dentro del espíritu del texto domina la verdad “histórica” como factor determinante cuando esto puede objeto de otra ley y tratado con otros mecanismos, como el que empleó Tucidides en su Historia de las guerras púnicas.

Por eso me parece incoherente que se pretenda aplicar la regla de la oralidad en el proceso penal, y que lo dicho y decidido quede lo consignado en “los medios técnicos idóneos que garanticen su reproducción fidedigna”. Yo no creo que horas y horas de grabaciones de las declaraciones hechas por cientos de respon­sables, abogados, jueces, etc. con el ruido de las interferencias y el tráfico vehicular que se cuela por las ventanas de los juzgados y con la lejanía de los micrófonos de algunos de los intervinientes puedan ser un material que sirva para escribir la historia y para la reconstrucción de los hechos que interesan a las víctimas. Yo tengo experiencia limitada como mecanógrafo pero aseguro que la mayoría de estas cintas quedarán arrumadas en los tribunales hasta que un auxiliar avivato descubra que las puede reciclar para grabar música o que puede “mejorarlas” como sucede con las tarjetas dactilares de algunos delincuentes en la Registraduría. Yo he visto fotografías en los periódicos de letreros pegados en la puerta de los juzgados con la leyenda de “no hay papel” para prevenir al abogado defensor de que debe traer una resmilla de papel de su peculio personal para poder adelantar la diligencia, he leído en la prensa sobre el cierre temporal de juzgados porque los sanitarios están inservibles y atascados, he visto a funcionarios oficiales caminar campantes llevando en la mano su rollo de papel higiénico “de dotación personal” cuando va ha hacer sus necesidades, porque los baños, indecorosos e indecentes de los juzgados no tienen un superintendente responsable para el mantenimiento. He padecido las caídas del “sistema” luego de estar parado por horas en las colas de las oficinas oficiales y creo que los “mecanismos adecuados” sufrirán el desgaste, el saqueo y la misma calidad de mantenimiento que los sanitarios y los demás equipos del sistema judicial. Luego la propuesta de la oralidad en los procesos y la forma de registro va en contravía con el propósito de la preservación de la “verdad”. No tengo claro la productividad de los funcionarios transcriptores –que serán multitud– y el control de la calidad de su trabajo, pero mucho me temo que al final nadie estará dispuesto a volver a escuchar las grabaciones y a confrontarlas con la versión en blanco y negro ‘si hay papel’.

Pero la situación empeora con la propuesta de que “el fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, [confirmará] las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales”. Esta propuesta que tiene toda la buena intención en el restablecimiento de la verdad me genera dudas, pues yo soy una persona medianamente educada y a veces no recuerdo en la tarde que desayuné en la mañana teniendo en cuenta que las alternativas de elección son pocas; menos memoria tendrá el procesado en recordar hechos pasados que por razón de la inercia sicológica y la salud mental quiere y debe olvidar. Menos medios tendrá el funcionario para efectuar las comprobaciones pedidas en el texto del proyecto partiendo de la base de que la mayoría de esos hechos ocurrieron en sitios apartados de los centros urbanos o en barios periféricos, sin nomenclatura catastral, de las grandes ciudades y que cualquier desplazamiento implica un operativo burocrático para contar con los recursos de manutención, movilidad y seguridad que se requieren y un compromiso personal del responsable en la búsqueda de una verdad de hechos que ocurrieron años atrás. Nuevamente vislumbro otra muchedumbre de funcionarios recorriendo la geografía nacional en sus rincones mas apartados ocupados en estas verificaciones y no sé a donde irán a parar “las memorias” de sus diligencias, ni qué controles de calidad se tendrán sobre el cumplimiento y la veracidad de las mismas.

Desconociendo la veleidad de los funcionarios judiciales y su celo por las competencias territoriales, la capacidad ­rabulesca de algunos buenos abogados defensores y, que los delincuentes se movilizaban por todo el territorio nacional, el proyecto de ley impone que “No podrá haber conflicto o colisión de competencia entre los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que conozcan de los casos a que se refiere la presente ley y cualquier otra autoridad judicial”. Esto es traer otro tema que en nada se relaciona con la aplicación de la justicia a los responsables de los delitos atroces, y querer resolver un viejo problema de las disputas entre juzgadores, algunos por no querer conocer casos que sobre carguen sus despachos, otros por tener intereses en los mismos y quererlos tramitar en sus despachos, y otros muchos por la confusión de los límites jurídicos y territoriales. Es iluso el proyecto en esta propuesta y entonces ha debido decirse que los tribunales superiores tienen jurisdicción nacional y en consecuencia de nada sirven las denominaciones regionales.

El articulado del procedimiento es otra historia, se trata de legislar sobre lo que ya está vigente y de crear un procedimiento penal paralelo que nada bueno trae a la administración de justicia, pues pretendiendo celeridad desconoce las limitaciones de recursos humanos y técnicos que son los que generan atascos colosales en los juzgados, para mí, lo propuesto trae mas confusión entre el objetivo de la ley que, lo repito, es el juzgamiento en condiciones especiales (alternativas) de los responsables de delitos atroces que se sometan al proceso de desmovilización antes de la vigencia de la ley, y otra cosa es el juicio a los desmovilizados de base, cuyos delitos y procesos aparecen y se esconden dentro del proyecto articulado procedimental y la ley vigente de desmovilización. Es evidente que se está pretendiendo demasiado en muy poco tiempo. No sé cuantos vacíos haya en este mini código pero era más sensato ocuparse de las penas y dejar el procedimiento en los causes normales sin reinventar la rueda.

Así llego al capítulo medular de las penas. No tengo reparo en hacer como Príamo que besó las manos ensangrentadas del divino Aquiles cuando este esperaba se pagara el rescate por el cadáver del valiente Héctor. Si el “arranca cabezas” es castigado con ocho años de pena alternativa en una cárcel creo es un acto de generosidad de su parte ofrecer este sacrificio personal de su libertad además de todos sus bienes y en reciprocidad la sociedad se contiene en aplicar un castigo mayor. La justicia es ciega y debe ser ciega, no puede aborrecer al delincuente ni puede amarlo porque debe aplicar siempre el golpe de su espada con la misma intensidad sin importar quien es el trasgresor. La ley es la ley. Me parece justo este término aunque muchos dolientes y vengadores clamen por penas mayores. Me parece realista. Invitar al sometimiento a delincuentes poderosos, que se sometan voluntariamente para encarcelarlos a perpetuidad es un canto de sirenas.

El articulado siguiente del proyecto se refiere a los organismos que se crearán, las víctimas y la “memoria” de los hechos, cosas estas todas por fuera del contexto del objetivo principal que bien pudieron o pueden tratarse en leyes separadas y con otro tipo de incentivos y motivaciones en debates sin el contenido emocional del castigo. Pero yo no soy congresista, ni consejero. Espero sí, que no esté escribiendo en el viento, y que haya alguien con poder decisorio que lea y tome en serio estas observaciones.

Por último me refiero a la crítica irresponsable e irreflexiva de un congresista sobre la vigencia de la ley y la oportuna y ponderada respuesta que dio el Ministro. El texto “[la ley] se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia” es una muestra de que hay un corte de cuentas. Tiene que ser así, la ley benigna no puede ser para delitos que se comentan hacia el futuro. Hay que trazar una línea que quizás demande que, unos años mas adelante, tenga que repetirse este tortuoso e ingrato proceso y se vuelvan a oír los mismos discursos, a soportar las mismas casandras y vengadores. Es la vida social con el río de los hombres que repiten los mismos errores de sus antepasados. Pero no hacer nada y sentarnos en las manos a esperar que los extranjeros nos arreglen los problemas es dar pábulo para que se nos acerque por la espalda el “arranca cabezas” con las credenciales de la parca y nos convierta en historia, en tiempo pasado.