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Los antecedentes de la ley 1095

Francisco Cifuentes

La promulgación de la ley 1095, por la cual reglamenta el artículo 30 la Constitución Política, es un muestra palpable del poder legislativo que asumió la Corte Constitucional; de la falta de respuesta por parte de las otras ramas del poder público para obligar a la Corte en centrar sus funciones a las establecidas en la Carta. Esta Corte progresivamente ha acumulado para sí competencias inexistentes, las que consolida mediante la cita de sus propias sentencias, convirtiéndose así en una “autoridad” de su propia doctrina.

El derecho constitucional del Habeas Corpus, establecido en el artículo 30, fue descabezado en su reglamentación por la Corte Constitucional por la sentencia C-760-01 con la que por la figura de la sentencia de constitucionalidad “diferida” que es un invento propio de la Corte que nunca fue contemplado por el constituyente, en la sentencia previa C-620-01 la Corte extendió la vigencia de los artículos del Código de Procedimiento Penal condicionando su constitucionalidad a un plazo perentorio en el que el Congreso debía expedir la respectiva Ley Estatutaria que acogiera sus dictados.

Decía el Código en los artículos originales:

Artículo 4o. Quien estuviere ilegalmente privado de su libertad tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en un término de treinta y seis (36) horas contadas desde el momento de la solicitud.

El artículo fue declarado inexequible por la sentencia C-760-01. Aunque el artículo se limita a repetir el artículo 30 de la Constitución Política, la Corte desconoce el trámite y destaja lo que es obvio e innecesario de retirar en el texto de la ley.

El parte reglamentaria del habeas corpus: los artículos 382 a 389 de la ley 600 el capítulo de control de legalidad en su totalidad fue declarado inexequible en la sentencia C-620-01. Este era el articulado:

CAPITULO VIII

Control de legalidad

Artículo 382. Hábeas corpus. El hábeas corpus es una acción pública que tutela la libertad personal cuando alguien es capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, o se prolongue ilegalmente la privación de su libertad.

Las peticiones sobre libertad de quien se encuentra legalmente privado de ella deberán formularse dentro del respectivo proceso.

Artículo 383. Lineamientos de la acción pública. En los casos señalados en el artículo anterior, toda persona tiene derecho a las siguientes garantías:

1. Acudir ante cualquier autoridad judicial para que decida a más tardar dentro de las treinta y seis horas siguientes si decreta la libertad. La solicitud se puede presentar ante cualquier funcionario judicial pero el trámite y la decisión corresponde exclusivamente al juez penal.

El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la materia para los casos de vacancia judicial.

2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato alguno.

3. A que la actuación no se suspenda o aplace por la interposición de días festivos o de vacancia judicial.

Artículo 384. Contenido de la petición. La petición de hábeas corpus deberá contener el nombre de la persona en cuyo favor se interviene, las razones por las cuales considera que con la privación de su libertad se está violando la Constitución o la ley; si lo conoce, la fecha de reclusión y lugar donde se encuentre el capturado y, en lo posible, el nombre del funcionario que ha ordenado la captura y el cargo que desempeña.

Además, bajo la gravedad del juramento que se considera prestado por la presentación de la petición, deberá afirmarse que ningún otro juez ha asumido el conocimiento de la solicitud de hábeas corpus o decidido sobre la misma.

Artículo 385. Informe sobre captura. Si la autoridad que hubiere decretado la captura no fuere del mismo lugar del juez que tramita la petición de hábeas corpus y éste no pudiere trasladarse a la sede de aquélla, solicitará por el medio más eficaz, información completa sobre la situación que dio origen a la petición. A esta solicitud se le dará respuesta inmediata, remitiendo copia de las diligencias adelantadas contra el capturado.

Se podrá solicitar del respectivo director del centro de reclusión una información urgente sobre todo lo concerniente a la captura.

El juez podrá interrogar directamente a la persona capturada.

En todo caso se dará aviso a la Fiscalía General de la Nación y al interesado.

Artículo 386. Trámite. En los municipios donde haya dos o más jueces de la misma categoría, la petición de hábeas corpus se someterá a reparto inmediato entre dichos funcionarios. El juez al que se reparta no podrá ser recusado en ningún caso. Recibida la solicitud, el juez decretará inmediatamente una inspección a las diligencias que pudieren existir en el asunto que dio origen a la petición la que se practicará a más tardar dentro de las doce (12) horas siguientes.

Artículo 387. Improcedencia de medidas restrictivas de la libertad. La persona capturada con violación de las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no podrá ser afectada con medida restrictiva de su libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del hábeas corpus.

Artículo 388. Iniciación de investigación penal. Reconocido el hábeas corpus, el juez compulsará copias para que el funcionario competente inicie las investigaciones a que haya lugar.

Artículo 389. Decisión. Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, el juez inmediatamente ordenará la libertad de la persona capturada, por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno. Si se niega la petición la decisión podrá ser impugnada.

En ningún caso el trámite y la decisión sobre el hábeas corpus pueden exceder de treinta y seis (36) horas.

El texto del 382 artículo correspondía al del artículo 430 del Decreto-Ley 2700 de 1991 modificado por el artículo2de la Ley 15 de 1992, sobre el cual  la Corte Constitucional se había pronunciado declarándolo exequible el la sentencia C-301-93 de 2 de agosto de 1993, magistrado ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. Mediante Sentencia C-020-94 de 27 de enero de 1994, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional se declaró  estarse a lo resuelto en la sentencia C-301-93. Lo que es una muestra de la convivencia de la sociedad con esta reglamentación desde mucho antes y que de la noche a la mañana por capricho de la Corte se torna una norma insuficiente y en contravía con la Carta. ¿No sería bueno inventar la constitucionalidad “por arrastre” para todas aquellas normas que han sobrevivido más de diez años?

En el punto tercero de la sentencia la Corte declara “inexequibles los artículos 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 y 389 de la ley 600 de 2000, a partir del 31 de diciembre de 2002, y ordena al Congreso de la República que “deberá regular el derecho fundamental de habeas corpus y los recursos y procedimientos para su protección por medio de ley estatutaria, que deberá expedir antes de la fecha mencionada, esto es, del 31 de diciembre de 2002.”

Sobre la figura de la inconstitucionalidad diferida dice la Corte en la misma sentencia:

“Dado que como consecuencia de la declaración de inexequibilidad que aquí se declarará de los artículos 382 a 389 de la ley 600 de 2000, el legislador debe expedir una ley estatutaria, que como es sabido requiere ser tramitada en una sola legislatura y aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, la Corte procederá a diferir los efectos del presente fallo en cuanto a esta decisión se refiere a partir del 31 de diciembre de 2002, es decir, que el Congreso de la República deberá expedir la ley estatutaria en la que se regule el derecho fundamental del habeas corpus y los procedimientos y recursos para su protección antes de esa fecha, pues si así no lo hace las disposiciones precitadas desaparecerán del ordenamiento positivo a partir de ese momento”.

Lo cierto es que el Congreso no expidió la ley dentro de los plazos “ordenados” por la Corte y la reglamentación del habeas corpus desapareció del ordenamiento positivo durante cuatro años, sin que la sociedad haya desaparecido o se haya desintegrado. Seguramente se cometieron atropellos a ciudadanos en los cuatro años de vida jurídica de este limbo jurídico o grandes criminales salieron de las cárceles impolutos por los resquicios nebulosos del interregno normativo, pero los jueces y los usuarios de la justicia (reos y abogados) se las arreglaron para seguir conviviendo sin esa reglamentación y para estar por encima del Congreso que aceptó sumiso pero renuente la “orden imperial”; por encima de la Corte arrogante en sus funciones; por encima la negligencia de los juristas y de la academia que no debatieron con dureza la nuevas reformas constitucionales arbitrarias introducidas por la omnímoda Corte.

Otro detalle que no debe escapar a los interesados en el tema que aún en el trámite de la ley estatutaria recientemente sancionada se declararon inexequibles algunos textos de la nueva reglamentación y que el Procedimiento Penal ha quedado fragmentado e incompleto en dos leyes (906 y 1095, aunque todavía quedan rezagos vigentes de la 600) lo que va contra la racionalidad del sistema jurídico.

Con el hundimiento del proyecto de acto legislativo de Reforma a la Justicia –que me pareció ingenuo por los plazos que pretendió imponer para demandar– se prolonga la situación de que el Congreso y el “constituyente derivado” quedan a merced del superpoder judicial que sigue abrogándose facultades inexistentes y seguirán los proponentes dudando si están ante un proyecto de ley estatutaria o ley ordinaria, según el estado de la “bilis” de la Corte. Sólo el optimismo de los que salen cada mañana a someterse a la tortura de vivir en la incertidumbre del día a día, me hace pensar que las dictaduras pasarán y serán olvidadas. La imaginación de los ciudadanos es superior cuando la máxima de su quehacer es perpetuar la vida y la sociedad.


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Ley 1095 de 2006 (pdf)

Sentencia sobre la constitucionalidad de la ley 1095

C-187-06

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C-640-01

C-760-01



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