De nuevo en la primera base

Francisco Cifuentes

El pliego de modificaciones a que fue sometido el “Estatuto antiterrorista” por los congresistas ponentes me ha devuelto la tranquilidad al espíritu por el tamaño de los recortes que se han propuesto, hasta dejarlo prácticamente inofensivo para el terrorismo real, pero afortunadamente también inofensivo para el terrorismo jurídico a que se iba a someter al ciudadano común.

Primero se erradicó del texto la expresión “para combatir el terrorismo” y se cambió por “para prevenir el terrorismo”, esa pequeña alteración invierte el sentido de la acción y finalidad la ley y el efecto de las medidas.

Segundo se eliminó la totalidad del articulado sobre la reglamentación de las funciones de policía judicial a los miembros seleccionados del Ejército Nacional, dejándose “para mañana”, es decir, para otra ocasión. Y dando una larga adicional a una propuesta que lleva años intentándose y atacándose, sin encontrar yo ninguna conexión entre el combate al terrorismo y aun a la subversión y la capacidad militar para derrotarlos con estas atribuciones. Poco me he interesado por revisar cuales son las ansiadas –por los jefes militares– “funciones de la policía judicial” y creo que los opositores –incluidos los altos comisionados de los gobiernos supranacionales o sus procónsules– tampoco lo hayan hecho. Por el momento me conformo con saber que la policía judicial es la que participa en las diligencias judiciales previas y en la elaboración de las actas de “levantamiento” de cadáveres.

Tercero y esto si es importante, los ponentes echan para atrás el alocado proceso del “servicio nacional” de empadronamiento y remueven a los notarios del potencial lucrativo negocio. Esta propuesta entonces deja ver una luz de esperanza de que mis temores iniciales eran ciertos, pero tempraneros, y que los ponentes, por lo menos, con dosis de realismo sorprendentes simplificaron la monstruosa propuesta inicial hasta convertirla en otro papelito que será obligatorio cargar por el ciudadano. El único pero que le encuentro es que se haya hecho obligatorio “Para vincularse al sistema de seguridad social”. Esto porque ahí sí se está dando en el clavo con los necesitados que son la mayoría de los colombianos y que son los únicos a quienes se les puede extorsionar con la privación de afiliación a ese sistema –inservible pero necesario– si a cambio no se obtiene el nuevo documento de empadronado. Tengo la certeza que un examen de la constitucionalidad de la propuesta de vincular la tramitación del nuevo papelito con la salud no soporta dos minutos de discusión para eliminar ese renglón del texto de la ley. Los demás puntos conminatorios para tramitarlo son para minorías insignificantes de interesados.

De modo que el padrón de residentes quedó hecho una bazofia, por los innumerables huecos que quedaron abiertos para evitar que fuera “total-total”.

Esto me lleva a la primera consideración que hice sobre la reforma: era la que por el hecho de que se disminuyeran las garantías constitucionales “en el papel” no requería que se hiciera tanto aspaviento cuando se tramitó y que al final quedaremos como estábamos. Jodidos