Según el proyecto de ley antiterrorista la expresión “serios motivos” es la razón suficiente para que la autoridad, cuando los tenga, proceda a interceptar «todas las formas de comunicación» o efectuar registros y allanamientos sin orden judicial.

Siempre me gustan los términos imprecisos sobre todo en los códigos legales porque dan vuelo a la imaginación del funcionario y sirven para bien de esos hombres en que los releva de las responsabilidades personales de dar explicaciones de sus actuaciones para dejarlas a la interpretación de las formas rituales o en los hombros de instituciones etéreas.

Una mirada con una ceja arqueada puede bien ser un motivo serio para un especialista en gestos faciales o en la lectura de las expresiones corporales. Llevar una cartera muy grande para una mujer, insinuarse a una autoridad, o reír abiertamente son o pueden ser un motivo serio.

Dependemos los colombianos, para no caer en las demostraciones de acuciosidad de la autoridad competente, en que no demostremos ninguna señal externa y no quedemos bajo sospecha de dar «motivos serios» y desatar el operativo del aparato investigador antiterrorista.

Se quedó corto el legislador en su juego de términos gaseosos y uno de los que mas me gusta es el de «propósitos inconfesables» que es también es muy socorrido en las denuncias imprecisas que frecuentemente se hacen y que hubiera podido encajar en el estatuto como anillo al dedo.

Otra de mis favoritas es el llamado de «rodear al gobierno», cuando el funcionario incompetente se siente rebasado por los hechos y acude a la sociedad para que desde el fondo de su corazón haga este gesto de solidaridad y así queda en los hombros de ella el desenlace del hecho generador del llamado.

Pero miremos la definición que se dio de la expresión en el artículo 3º del proyecto y que a estas alturas del trámite quedará en la codificación definitiva —falta un hervor—:

«Los serios motivos a los que alude el Acto Legislativo 02 de 2003, deben constar en informes que ofrezcan credibilidad, o constituir hechos o situaciones objetivas que permitan inferir en forma prudente y razonada la posible comisión de conductas o actos terroristas.»
«La mera sospecha o la simple convicción no constituyen serios motivos.»

La mera sospecha, y la simple convicción, quedaron excluidas de los serios motivos agregando así oscuridad a lo ya negro.

Pero continuando el juego de sutilezas, «la inferencia en forma prudente y razonada», es tan precisa como todo lo que se dicho arriba.

Pero lo más ingenuo es querer dar limitaciones y alcances al texto de la Constitución con normas de menor jerarquía y posteriores. Este interesante debate sobre los «serios motivos» y las precisiones del alcance de la definición debió haberse dado hace meses cuando se modificaba la Constitución en donde quedó claro que las autoridades podrán actuar cuando los tengan.

Me gusta el juego claro y directo. Por ejemplo en el país de Sancho Panza –Barataria– hubiera bastado una autorización directa sin justificación ni arandelas.

«Las autoridades antiterroristas pueden intervenir sin orden judicial las comunicaciones, y registrar, allanar inmuebles y vehículos cuando lo consideren conveniente.»

Allá ellas cuando se propasen en el uso de esta facultad, pero dejar una estela nebulosa en el texto de lo que ya fue autorizado por el constituyente es enredar la pita y de paso precipitarnos a la parálisis total.

No sobra repetir que en el final de toda cadena de mando hay un hombre ejecutor de cuya inteligencia y corazón depende el éxito de la sociedad para neutralizar al delincuente o para atropellar al ciudadano. Es en el fortalecimiento de las calidades técnicas y humanas de ese hombre, en esencia todopoderoso, con el que una sociedad logra vencer la zozobra que genera dormir y vivir en situaciones tan sujetas desbordes como las que se dan actualmente en Colombia.

La Corte Constitucional ha declarado inexequible en su totalidad, por medio de un comunicado de prensa, el acto legislativo sobre la reforma a las libertades individuales para combatir el terrorismo, y nos promete una sentencia dentro de unos meses. Por consiguiente ni se reformó la Constitución, ni los dedicados investigadores podrán empadronarnos, chuzar a discreción los teléfonos y los agentes del CTI serán los responsables de que los cadáveres en la escena del crimen y las pruebas, queden a merced de sus horarios. El balance del proceso legislativo es el de que fue una inversión estéril de la capacidad legislativa en una lucha contra un fantasma,  con propuestas que no apuntaban al corazón del terror. Ya creo que perdió vigencia esta propuesta, no paga revivirla, y es una derrota aparatosa para el Congreso –no como lo cree la oposición– que ve como la Corte le recorta cada vez más su capacidad de constituyente, pues esta declaratoria no incluye por ahora los conceptos de fondo –que no se de dónde sacó esa facultad– sobre la materia de la reforma y de los que sabiamente se guardará de darlos a conocer para intentar vencer en un segundo round en caso de que pretenda revivir la reforma. Así que yo creo es mejor olvidarse del tema y seguir haciendo las cosas como antes. La sentencia lleva también a que se desplome la ley ya tramitada y el desastre sea el de un total de doce votaciones del Congreso y quizas el triple de sesiones que se van al olvido o la basura. El terror paraliza pero no somete; la sociedad en las situaciones de desespero siempre encontrará 'su manera' de enfrentarlo. La oposición tendrá ahora una heroina –María Isabel– que se anota el punto tempranero en su carrera política de haber desbaratado esta reforma con sus intervenciones. Fue el triunfo de las maniobras de las minorías y nada cambiará que esté vigente o nó lo derogado; el terror no se amilana con textos, y controles. La Corte Constitucional con su engreimiento y falta de flexibilidad ha comenzado un proceso muy similar al de la Corte de Suprema de Justicia que fue "reformada" trágicamente con la muerte de once magistrados, precisamente por los terroristas de ese entonces. Esa Corte de Justicia bloqueó con tecnicismos varias reformas del sistema político y del Congreso tramitadas con gran dificultad, llevando a la oposición política ver como se limitaban sus espacios de participación; que desembocaron finalmente en la tragedia del Palacio de Justicia; la "reforma" fue traumática y masiva, quizás de no haber existido ese hecho luctuoso en nuestra historia, no se hubiera prohijado la convocatoria de la Asamblea Constituyente ni se le hubiera dado validez a la séptima papeleta; fueron los nuevos magistrados con aires más frescos los que dieron a este simbolismo un alcance jurídico que no tenía en el texto. Es un ironía ver como el terror es un eje en la historia de la justicia colombiana y como puede ser este hundimiento de un "estatuto terrorista" también el comienzo del hundimiento de la Corte Constitucional.

Y la última patada

El gobierno ha salido a solicitar la nulidad de la sentencia –puede leerse el texto en los documentos– en un movimiento que debe hacer, otra cosa sería negligencia, pero que igual a como ocurrió con la solicitud de revisar el censo electoral al Consejo Nacional Electoral después del referendo, va ser otra humillación pública de magistrados al presidente; esta vez constitucionales. Las razones que da son muy poderosas si se atiene a la impresión de lo que se discute: 1. La mayoría calificada eran 83 y no 84 votos, y parece ser que 83 eran la mayoría; 2. No era necesaria una mayoría calificada en esta votación. 3. Si hubo un error de trámite, no puede ser inconstitucional toda una reforma por esa simple razón, y se requiere ser imaginativo para solucionar un error de una reforma apoyada por la mayorías de los 500 senadores, que la debatieron durante un año y que ahora hunde una mayoría de uno solo voto –en cabeza de un magistrado peregrino– para desempatar los dos grupos divididos de cuatro magistrados cada uno. 4. Que la misma Constitución (artículo 228) proclama la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho formal. Pero yo creo que la Corte carecerá de humildad para rectificar el comunicado de prensa que ya ha sido defendido activamente por su presidente en los medios de comunicación; yo creo que los magistrados mayoritarios pasarán olímpicamente sobre las súplicas del ministro, a no ser que el nuevo magistrado que se incorporó al día siguiente de conocerse el comunicado de prensa, decida robarse el show y en función del espectáculo volteé las mayorías con su primera intervención en la corte hacia el sentido común y haga que la justicia sea un bien apreciable por el ciudadano, no una abstracción conceptual al servicio de sí misma.