Ponencia para primer debate

al proyecto de ley estatutaria 176 de 2004 Senado, 211 de 2004 Cámara

por medio de la cual se desarrolla el Acto Legislativo número 2 de 2003.

Honorable Senador
LUIS HUMBERTO GOMEZ GALLO
Presidente Comisiones Primeras Conjuntas
Congreso de la República
Ciudad

Honorable Senador:

En cumplimiento del encargo que nos fue encomendado por la Mesa Directiva de la Comisión Primera del Senado de la República, procedemos a rendir informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley Estatutaria referido, en los siguientes términos:

I. Contenido del proyecto

El Proyecto de Ley Estatutaria que en esta ocasión se presenta a consideración de la Comisión Primera del Senado de la República tiene el concreto y específico objetivo de desarrollar las disposiciones contenidas en el Acto Legislativo número 2 de 2003, "por medio de la cual se modifican los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución Política de Colombia para enfrentar el terrorismo".

El sentido entonces del presente proyecto se remite directamente al que tuvo el Legislador en el momento de realizar la reforma constitucional señalada, cual fue la necesidad de dotar a las autoridades colombianas de las herramientas legislativas necesarias para afrontar el fenómeno del terrorismo y, sobre todo, poder prevenir los actos que lo verifican y que afectan las bases mismas del Estado y los derechos de todos los ciudadanos.

Para facilitar el debate de esta Corporación, consideramos oportuno incluir en la presente ponencia el texto de esos cuatro nuevos artículos constitucionales, que orientan y enmarcan por completo el contenido del presente proyecto:

"Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

Con el fin de prevenir la comisión de actos terroristas, una ley estatutaria reglamentará la forma y condiciones en que las autoridades que ella señale, con fundamento en serios motivos, puedan interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada, sin previa orden judicial, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. Al iniciar cada período de sesiones el Gobierno rendirá informe al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

Para efectos tributarios judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley."

"Artículo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

El Gobierno Nacional podrá establecer la obligación de llevar un informe de residencia de los habitantes del territorio nacional, de conformidad con la ley estatutaria que se expida para el efecto."

"Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la Ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

Una ley estatutaria reglamentará la forma en que, sin previa orden judicial, las autoridades que ella señale puedan realizar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, siempre que existan serios motivos para prevenir la comisión de actos terroristas. Al iniciar cada período de sesiones el Gobierno rendirá informe al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar."

"Artículo 250.

Parágrafo 2º. Para combatir el terrorismo y los delitos contra la seguridad pública, y en aquellos sitios del territorio nacional donde no exista una autoridad judicial a la que se pueda acudir en forma inmediata o donde el acceso de los funcionarios ordinarios de policía judicial no sea posible por excepcionales circunstancias de orden público, la Fiscalía General de la Nación conformará unidades especiales de Policía Judicial con miembros de las Fuerzas Militares, las cuales estarán bajo su dirección y coordinación. Para el desarrollo de las labores propias de esta función, los miembros de la Unidad pertenecientes a las Fuerzas Militares se regirán, sin excepción, por los mismos principios de responsabilidad que los demás miembros de la unidad especial."

En las diversas ponencias que dicha iniciativa de reforma Constitucional tuvo durante su trámite legislativo ante el Congreso de la República, se reiteró en forma insistente la necesidad de que fuera una Ley Estatutaria la que desarrollara las medidas y facultades que se estaban creando y en el contenido del articulado ello estuvo siempre claro y presente. Esta necesidad tiene arraigo constitucional, en la medida en que la propia Carta Política dispone que las normas superiores que tratan de los derechos fundamentales de los ciudadanos pueden ser reguladas solamente mediante Ley de rango Estatutario (artículo 152, literal a).

Y, toda vez que el Acto Legislativo número 02 de 2003 modificó disposiciones relativas a los derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, pertenecientes al Capítulo I del Título III de la Carta Política, como son los artículos 15, 24 y 28, la única forma de regular la aplicación de lo dispuesto en dichas normas, es mediante la formalidad de la Ley Estatutaria.

El contenido del presente proyecto, por ende, es el de regular la forma y condiciones bajo las cuales pueden ser aplicadas las medidas dispuestas por la reciente reforma constitucional y su objetivo, en correlación con esta, es claro: la prevención del terrorismo.

El proyecto presentado ante esta Corporación por el Gobierno Nacional en días pasados reitera en su respectiva exposición de motivos la necesidad de que el Estado colombiano afronte el terrorismo con la capacidad que tal misión requiere y expone con cifras concretas la realidad que han causado las manifestaciones terroristas de los diversos grupos armados organizados al margen de la ley que operan en nuestro país.

El articulado propuesto por el Ejecutivo está organizado en tres capítulos. El primero, sobre las funciones para prevenir la comisión de actos terroristas, el segundo sobre la Conformación y constitución de las unidades especiales de policía judicial militar por parte de la Fiscalía General de la Nación y el tercero sobre el Informe de Residencia.

En la primera parte, entonces, se incluyen las medidas que presentan el alcance del proyecto y la filosofía que lo inspira, como la misma exposición de motivos indica. Señala, así mismo, las autoridades que pueden ejercer las atribuciones previstas por los artículos 1º y 3º del Acto Legislativo, y exige un fundamento en motivos serios para su adopción.

Precisa que esas autoridades serán el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y la Policía Nacional, quienes actuarán a través de las respectivas unidades para combatir el terrorismo. También estarán encargadas de estas concretas atribuciones las Unidades Especiales de Policía Judicial Militar (Unesmil), de que trata el artículo 4º del Acto Legislativo.

Se establece lo relativo a la intervención de la Procuraduría General de la Nación y al control de legalidad posterior ante fiscal o juez de garantías, así como el informe al Congreso de la República, tal como lo preveía la reforma constitucional.

El Capítulo II del proyecto trata de la conformación y constitución de las Unidades Especiales de Policía Judicial Militar (Unesmil), las cuales, por señalamiento expreso del Acto Legislativo, operarán bajo la dirección y coordinación del Fiscal General de la Nación.

El Capítulo III se refiere al aspecto del informe de residencia, correspondiente al segundo inciso del artículo 24 de la Constitución, introducido por la reforma.

El proyecto contiene el procedimiento general que habrá de seguirse para efectos de cumplir con el requisito del informe de residencia.

La exposición de motivos trae a colación la importancia de esta figura a lo largo de los años y en los diversos países donde opera, así como la diversidad de objetivos que cumple y de facilidades que puede traer a la organización de la administración del Estado.

Para ubicar la aplicación de esta nueva herramienta en el contexto de la finalidad de prevención del terrorismo, precisa el Gobierno Nacional en la exposición de motivos del presente proyecto: "El conocimiento de las personas que habitualmente residen en un lugar y la diferenciación de transeúntes, o inmigrantes, facilita a las autoridades la vigilancia y la temprana identificación de situaciones conflictivas."

Y, en desarrollo de la disposición constitucional que dio origen a su existencia en el ordenamiento jurídico colombiano, precisa el Ejecutivo en el mismo documento que "el Gobierno propone establecer el registro de residencia en todo el territorio nacional, con un carácter de permanente y obligatorio. No se considera conveniente darle aplicación exclusiva en algunos municipios, aquellos considerados de alto riesgo de violencia, dejando el resto del territorio sin cubrir. Tal práctica haría perder la certeza del padrón."

Este tema del informe de residencia fue objeto de amplio debate por el Congreso de la República durante las discusiones correspondientes al Acto Legislativo 02 de 2003. Y uno de los puntos que con más énfasis se discutió fue el de su circunscripción restringida o amplia en todo el territorio nacional. Finalmente, el Legislador aprobó una redacción sencilla, que otorga al Ejecutivo la posibilidad de determinar las zonas en que se deba cumplir este requisito, o incluso lo facultaría para implantarlo en todo el territorio nacional. Lo único que la norma constitucional precisó, es que esa obligación debe ser establecida por el Gobierno, y en todo caso adelantada, de acuerdo con los parámetros definidos por la Ley Estatutaria que se expida para el efecto.

En esa medida, la propuesta que trae ahora el Ejecutivo sobre el punto, es acorde con lo prescrito por la disposición superior que ahora se pretende desarrollar.

Continuando con los parámetros que se plantean para el desarrollo y ejecución de esta obligación, señala el proyecto radicado ante esta Corporación: "Con el mismo propósito de darle seguridad jurídica al padrón municipal, el gobierno decidió optar por exigir la plena identificación del empadronado. Esto no se logra con la simple presentación de un documento de prueba (registro de nacimiento, tarjeta de identidad o cédula), sino mediante la reseña de las características personal es irrepetibles."

En general, el Gobierno propone configurar el informe de residencia como una medida de amplia cobertura y extensas consecuencias, que sirva para realizar actividades de control y prevención de actos delictivos, pero así mismo, que beneficie muchas otras áreas de la administración.

II. Audiencias públicas

Los días 23 y 24 de marzo se realizaron en el recinto del Senado de la República las audiencias públicas sobre el Proyecto de Ley Estatutaria en análisis. Para intervenir se inscribieron 9 personas, de las cuales 6 radicaron su ponencia por escrito, en calidad de ciudadanos o de representantes de entidades, para exponer sus comentarios sobre el Proyecto.

El día 23 de marzo el primero en intervenir fue el ciudadano Alfonso Polanco de "Fuerza Positiva", quien planteó que la solución del terrorismo mundial y nacional solo puede lograrse a través de la educación y mediante una economía de equidad.

El segundo fue el doctor Carlos Rodríguez Mejía, subdirector operativo de la Asociación Colombiana de Juristas, quien planteó que en el proyecto de ley se están desconociendo normas de Derecho Internacional obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano, propiciando violaciones a los derechos humanos que resultan inconvenientes para la situación colombiana. Propuso, además, que el Congreso asuma la facultad de expedir una ley que reglamente el empadronamiento para efectos civiles.

En tercer lugar intervino la doctora Gloria Cuartas del Frente Social y Político, quien señaló que con el Acto Legislativo se estarían quebrantando los tratados internacionales ratificados por Colombia sobre derechos humanos, además invita al diálogo para que haya una solución del conflicto armado para llegar a la paz y a la justicia con equidad social.

En cuarto lugar interviene el General Alvaro Valencia Tovar, quien no cuestionó las medidas a tomar en el proyecto de ley, sugirió tener previsión para preservar el secreto de las operaciones que se vayan a realizar para no llegar a un fracaso. La audiencia para el día 24 de marzo el primero en intervenir fue el doctor Rafael Nieto Loaiza, quien señala que el tema controversial del proyecto de ley es el artículo del empadronamiento el cual sugiere debe ser de empadronamiento de carácter nacional, de tipo civil con el fin de proporcionar una información útil para los gobernantes en el nivel territorial y nacional.

Por último, interviene el estudiante de derecho Fernando Galindo Marqués, quien habló sobre la preocupación de los derechos fundamentales de la persona.

III. Pliego de modificaciones

Los ponentes, convencidos de la necesidad de estructurar una Ley Estatutaria concreta y precisa, que permita la aplicación de las facultades establecidas por el Acto Legislativo número 2 de 2003, que le establezca procedimientos específicos a su ejercicio y determine sanciones a los funcionarios que abusen del mismo, otorgándole garantías a los ciudadanos, y sobre todo, que cumpla con el objetivo que la origina, es decir, que propenda a la prevención de actos terroristas, planteamos a la Comisión Primera del Senado de la República, las modificaciones al articulado radicado por el Gobierno Nacional que se exponen a continuación:

Artículo 1º. Objeto. En esta disposición se plantea eliminar la expresión "combatir", por cuanto a este término, en absoluto diverso al de "prevenir" no hace el Acto Legislativo mención alguna en relación con las atribuciones que crea en sus artículos 1 y 3. Solamente es utilizado como motivo de conformación de las Unidades Especiales de Policía Judicial previstas en la reforma del artículo 250 Constitucional.

El combate de los actos terroristas es a todas luces una actividad reactiva, de lucha ante la agresión manifestada por el grupo armado, mas no preventiva.

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define estos dos vocablos en los siguientes términos:

"Combatir: Pelear. Acometer o embestir."

"Prevenir: Preparar, aparejar y disponer con anticipación las cosas necesarias para un fin. Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio. Precaver, evitar, estorbar o impedir una cosa. Advertir, informar o avisar."

El momento y oportunidad, y el fin que se perseguiría con las facultades introducidas recientemente a la Carta Política resultan por completo diversos si se habla de que se aplicarán para prevenir el terrorismo, o para combatirlo.

Y no se trata de plantear en este momento una discusión sobre la conveniencia de una u otra opción, sino de respetar lo señalado por el Acto Legislativo que orienta, guía, determina y da un marco preciso y concreto al contenido de la presente ley Estatutaria.

Es así como, consideramos que la amplitud que el término "combate" imprimiría a la norma y, a través de esta, a las atribuciones mismas señaladas en los artículos 1º y 2º de la reforma constitucional, desvirtuarían por completo el fin y objetivo trazado desde el propio título del Acto Legislativo, y excederían el texto de los mencionados artículos, en los cuales se hace expresa y exclusiva referencia a la prevención de actos terroristas.

Se plantea también que se elimine la mención a los delitos contra la seguridad pública. La norma propuesta por el Ejecutivo se refiere a las atribuciones "para prevenir y combatir la comisión de conductas o actos de terrorismo y los delitos contra la seguridad pública."

Vale la pena precisar que los delitos contra la seguridad pública, expresión que hace referencia directa a uno de los bienes jurídicos protegidos por el Legislador Penal y bajo el cual se encuadran diversos tipos penales, son varios más que el solo terrorismo, y no merece la pena recordar que el objetivo de esta iniciativa es la prevención de actos terroristas.

Para enfocar la discusión en este punto, se indican a continuación los delitos "Contra la seguridad pública" previstos por el Título XII del Código Penal, respecto a los cuales se aplicarían entonces las atribuciones previstas en los artículos 1º y 2º del Acto Legislativo, de acuerdo con la propuesta presentada por el Ejecutivo:

Artículo 340. Concierto para delinquir.

Artículo 341. Entrenamiento para actividades ilícitas.

Artículo 342. Circunstancia de agravación.

Artículo 343. Terrorismo. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta.

Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video, casete o escrito anónimo, la pena será de dos (2) a cinco (5) años y la multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 344. Circunstancias de agravación punitiva.

Artículo 345. Administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

Artículo 346. Utilización ilegal de uniformes e insignias.

Artículo 347. Amenazas.

Artículo 348. Instigación a delinquir.

Artículo 349. Incitación a la comisión de delitos militares.

Artículo 350. Incendio.

Artículo 351. Daño en obras de utilidad social.

Artículo 352. Provocación de inundación o derrumbe.

Artículo 353. Perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial.

Artículo 355. Pánico.

Artículo 356. Disparo de arma de fuego contra vehículo.

Artículo 357. Daño en obras o elementos de los servicios de comunicaciones, energía y combustibles.

Artículo 358. Tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos.

Artículo 359. Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos.

Artículo 360. Modalidad culposa.

Artículo 361. Introducción de residuos nucleares y de desechos tóxicos.

Artículo 362. Perturbación de instalación nuclear o radiactiva.

Artículo 363. Tráfico, transporte y posesión de materiales radiactivos o sustancias nucleares.

Artículo 364. Obstrucción de obras de defensa o de asistencia.

Artículo 365. Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Artículo 366. Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.

Artículo 367. Fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares.

En síntesis, y considerando que en forma alguna fue intención del Legislador que se aplicaran las atribuciones en comento para prevenir, y menos aún para combatir, todo este abanico de conductas, planteamos a la honorables Comisiones la supresión de las expresiones referidas.

Debemos, sin embargo, recordar que esas dos expresiones: combatir y delitos contra la salud pública, sí son utilizadas por el Acto Legislativo, pero única y exclusivamente para determinar lo referente a la conformación de las Unidades Especiales de Policía Judicial, mas no para las demás.

Se suprime el inciso segundo del artículo primero, por cuanto se elimina el Capítulo 2 del proyecto de ley que tiene que ver con la conformación Unidades Especiales de Policía Judicial Militar (Unesmil)

Artículo 2º. Procedencia. No se plantea ninguna modificación.

Artículo 3º. Motivos serios. La redacción de la norma propuesta por el Ejecutivo señala como motivos serios "informes que ofrezcan credibilidad; indicios o elementos probatorios que permitan prevenir y combatir la comisión de conductas y actos de terrorismo."

Sin embargo, encontramos que es imprecisa, e inaplicable la propuesta de tener elementos probatorios, ya que si se cuenta en ese momento concreto con un elemento probatorio, será por ende más eficaz solicitar la previa orden judicial. Vale la pena anotar que medios de prueba, tal como lo indica el Código de Procedimiento Penal en su artículo 233, son la inspección, la peritación, el documento, el testimonio, la confesión y el indicio.

Planteamos, por el contrario, que se exija a la autoridad que va a asumir la responsabilidad de ordenar el cumplimiento de una de estas atribuciones, que cuente con hechos o situaciones fácticas, o con elementos probatorios que debidamente articulados permitan inferir razonadamente que se van a cometer conductas o actos terroristas, los cuales deben obrar en un informe de inteligencia que sirva de soporte a la orden que se impartirá.

Este, de los motivos fundados es el escenario que plantea la Corte Constitucional, en Sentencia C-024 de 1994 para entender que puede adelantarse la denominada "detención preventiva" prevista en el artículo 28 constitucional, que puede ser realizada por las autoridades sin previa orden judicial y para efectos de verificar ciertos hechos.

Artículo 4º. Autoridades. La modificación que como ponentes planteamos en este punto es determinante. Se trata de no dejar la facultad de utilizar estas nuevas medidas a todas las autoridades que actualmente cuentan con facultades de policía judicial, ni a entes abiertos sin indicar una autoridad en concreto que asuma la responsabilidad de analizar los motivos serios, dar la orden y asumir las consecuencias de su legalidad y adecuada aplicación.

Proponemos, por ende, que estas atribuciones correspondan a sujetos individualmente considerados, que ostenten autoridad y que puedan enfrentar la delicada tarea de dar aplicación a estas facultades constitucionales, pero que a su vez sean quienes, desde un punto de vista estratégico, tengan que utilizar este mecanismo del que la Constitución ha proveído a las autoridades del Estado para afrontar el terrorismo.

En este sentido, planteamos que las únicas autoridades que puedan determinar la utilización de las facultades dispuestas en los artículos 1º y 2º del Acto Legislativo, sean: los Comandantes de División y de Brigada, y sus equivalentes en las otras fuerzas, así como al Comandante de Departamento de Policía, y de Policías Metropolitanas, el Director de la Dirección de Policía Judicial, el Director de la Dirección de Inteligencia de la Policía, el Director de la Dirección Antiextorsión y Secuestro, el Director de la Dirección Antinarcóticos y al Director Operativo de la Policía Nacional.

Artículo 5º. Autorización. Esta disposición se modifica en cuanto debe hacerse concordante con lo dispuesto en el artículo anterior, planteado en los términos en los que quedó ya explicado.

En segundo lugar, se precisa quiénes podrán ejecutar la orden o autorización que suscriban los funcionarios anteriormente señalados, cuales serán las autoridades con facultades de policía judicial y las Unidades Especiales de Policía Judicial creadas por el artículo 4º del Acto Legislativo número 2 de 2003.

Lo que se pretende es que en cada una de las instituciones en la que ciertas autoridades tengan esa facultad de ordenar estas especiales atribuciones, sea cumplida la misión por el personal que se encuentra preparado para ejecutar este tipo de labores, propias de la policía judicial, de manera que su cumplimiento no corresponda a cualquier miembro de la correspondiente Institución.

El tema del manejo del material probatorio y la realización de esas labores previas de investigación que serán aportadas a la autoridad judicial pertinente, requiere ciertos conocimientos y el seguimiento de determinados procedimientos, que son propios de las autoridades que tienen funciones de policía judicial. Esa es la razón de la introducción de este aparte en el artículo.

Por último, y para respetar el espíritu del texto del Acto Legislativo mediante este proyecto en desarrollo, se dispone que el aviso a la Procuraduría debe ser inmediato, en lugar de indicar que esta obligación debe cumplirse "tan pronto como sea posible".

En este punto debe hacerse claridad de lo que significa ese inmediato, en la medida en que el término requiere, en ocasiones, el entendimiento de que el aviso se realiza tan pronto como sea posible, expresión que se elimina, pero que en ocasiones se ajustará a las circunstancias concretas que se afronten. Se plantea, por ejemplo, el caso de que la orden se cumpla un día sábado en un determinado lugar del territorio nacional, día en el cual ningún empleado de la Procuraduría Delegada para la Policía Judicial atenderá el aviso, el cual sólo podría ser en efecto "dado" a primera hora del día hábil siguiente.

En relación con lo anterior, se adiciona también que la necesidad a la Procuraduría General de la Nación de adelantar las gestiones pertinentes para atender lo dispuesto por la disposición constitucional. Ello quiere decir que esta Institución deberá prestar la atención que sea necesaria para poder recibir estos avisos de cumplimiento de órdenes, de manera inmediata a su ejecución, tal como la Constitución lo exige.

Artículo 6º. Control de Legalidad. Se introduce en el inciso tercero de la norma, la posibilidad de que el fiscal o el juez que ejerza la función de control de garantías sobre la medida aplicada (de los artículos 1° ó 3° del Acto Legislativo) pueda ratificar la actuación, suspenderla si aún se encuentra en ejecución, o rechazarla, posibilidades que actualmente presenta el Código de Procedimiento Penal al juez que ejerce el control de garantías sobre las actuaciones de los funcionarios con facultades de policía judicial. Lo anterior, para que su intervención en el procedimiento cumpla un efecto concreto y determinante, y no solamente una labor de revisión sin resultado alguno.

Artículo 7º. Control disciplinario. No se plantea ninguna modificación.

Artículo 8º. Ordenes. Se elimina, para hacer la disposición coherente a las demás del texto del proyecto, el término "combatir". Se adiciona a la orden la necesidad de estar fundamentada en motivos serios.

Artículo 9º. Informe al Congreso. En el segundo inciso se adecua el tema de las autoridades que deben rendir los informes, con la modificación introducida al artículo 4º.

CAPITULO II

Conformación y constitución de las Unidades Especiales de Policía Judicial Militar por parte de la Fiscalía General de la Nación

Se propone la eliminación completa de este capítulo, del articulado del proyecto. La razón es muy sencilla: El Acto Legislativo número 02 de 2003 ya ordenó a la Fiscalía General de la Nación la conformación de estas Unidades Especiales de Policía Judicial, las cuales deberán operar en las circunstancias y de la forma que el inciso introducido al artículo 250 de la Constitución Política precisó.

Por otra parte, y en consonancia con lo anterior, al no tratarse este de un asunto de reglamentación de derechos fundamentales de los ciudadanos, sino de la organización de unidades dentro de un cuerpo del Estado encargado de la administración de justicia, como lo es la Fiscalía General de la Nación, el desarrollo de esta disposición constitucional no requiere la formalidad de una Ley Estatutaria, como sí resulta imperativo para las demás normas introducidas por la reforma. Razón esta, que explica por qué el Legislador no señaló en esta concreta disposición la necesidad de reglamentación de la figura mediante Ley Estatutaria, al contrario de lo que precisó para las demás.

Para darle agilidad, eficacia y precisión al desarrollo de este importante instrumento de lucha contra el terrorismo que se otorga a las autoridades estatales, consideramos necesario que sea la propia Fiscalía General de la Nación, a través de su cabeza, el Fiscal General, quien determine el procedimiento y desarrollo de la figura, tal como en sano juicio lo consideró el Legislador al aprobar la redacción definitiva de la norma correspondiente del Acto Legislativo señalado.

Sin embargo, hay que anotar que las Unidades de policía militar se incluirán en la Ley Orgánica de la Fiscalía y en el Código de Procedimiento Penal, Proyecto de reforma que en este momento se está tramitando ante el Congreso de la República.

En atención a esta modificación, el Capítulo II se denominará entonces en el articulado contenido en el pliego de modificaciones, como lo hacía el III propuesto por el Gobierno Nacional: Informe de residencia.

En consecuencia, se suprimen los artículos 10, 11, 12 y 13 del articulado propuesto por el Gobierno Nacional y que integraban este capítulo que se propone eliminar, de forma que se reorganiza la numeración de los artículos siguientes.

Respecto al capítulo ahora correspondiente al tema del Informe de residencia debe hacerse una precisión importante.

Los ponentes consideramos necesario circunscribir, en lo posible, la utilización de este mecanismo para los efectos para los cuales fue aprobado por el Legislador a través del Acto Legislativo número 02 de 2003, esto es, la prevención del terrorismo.

Y como medida que dota a las autoridades de una vital herramienta para el control y prevención de este flagelo, al permitir el conocimiento de quiénes son los residentes de las diversas localidades, es fundamental su obligatoriedad. De nada serviría que la Constitución hubiera creado el deber, si la ley que lo reglamenta no implanta mecanismos eficaces que aseguren que la población cumplirá con este mandato superior.

Es así, como herramientas tales como disponer que este sea un requisito previo para adelantar determinados trámites y gestiones ante la Administración Pública cumplen esa finalidad de hacer imperativa su operación.

Sin embargo, no consideramos que sea en forma alguna oportuno llegar a extremos de aplicación de la medida que se salgan por completo de su objetivo de prevención del terrorismo. No parece este el escenario para llegar a tal tipo de regulación sobre una herramienta que el Legislador, hasta ahora, enmarcó objetivos específicos.

Por esta razón, hemos sustituido en forma integral el texto de los artículos que componen este capítulo del Informe de residencia, para darle un orden y contexto más acordes con las consideraciones planteadas.

En este sentido, el análisis del capítulo debe hacerse en conjunto y no artículo por artículo, toda vez que el contenido de uno puede no corresponder en nada con el contenido del planteado en el pliego de modificaciones.

Hay, sin embargo, un punto concreto que debe precisarse, y es la determinación de los ponentes de incluir en este articulado cuál es la autoridad que deberá adelantar la gestión de recolección de datos y deberá, a su vez, conformar y consolidar este informe de residencia. No es este asunto que deba dejarse a la determinación posterior del Gobierno Nacional. Por el contrario, es el Legislador el que debe establecer este como uno de los puntos que el Acto Legislativo remitió, para su reglamentación, a la Ley Estatutaria.

Y considerando el objetivo de prevención del terrorismo que se persigue con la figura, y la consecuente visión geográfica que tal misión nos determina, planteamos que sea la Policía Nacional, con el concurso de las Fuerzas Militares, en los casos en que ello sea necesario, la que ostente esta atribución.

Las especiales y delicadas consideraciones de orden público que deben ser analizadas al momento de establecer la cabeza de esta función nos hacen necesario pensar en esta opción como una alternativa necesaria para hacer viable su operatividad.

Los artículos 10 a 16 integran este bloque correspondiente al capítulo sobre el Informe de Residencia, y frente a los cuales se plantea una redacción distinta, con un sentido más limitado que el planteado por el Proyecto radicado por el Gobierno Nacional.

Artículo 21. Responsabilidad. Se plantea su supresión, toda vez que el contenido del mismo se traslada al artículo 14, que trata del mismo tema y al cual se denomina responsabilidad, con objeto de evitar reiteraciones que puedan generar confusión.

Artículo 22. Remisión (ahora artículo 17).

En lugar del término "aplicable" se propone, para efectos de mejorar la redacción de la norma, "que resulten aplicables".

Artículo 23. Vigencia (ahora artículo 18).

Solamente se elimina la mención al Capítulo II, por cuanto el tema en él previsto originalmente fue modificado por el del informe de residencia.

Es de anotar que el Senador Rafael Pardo Rueda hace constar expresamente que se acoge al contenido de la ponencia, pero informa que durante el desarrollo del debate presentará algunas proposiciones sustitutivas sobre puntos concretos del articulado del proyecto. (Se anexa constancia).

IV. Proposición

Dese primer debate al Proyecto de Ley Estatutaria número 176 de 2004 Senado, 211 de 2004 Cámara, por medio de la cual se desarrolla el Acto Legislativo número 2 de 2003, con el pliego de modificaciones adjunto.

De los honorables Congresistas,

Carlos Holguín Sardi, Coordinador de Ponentes; Germán Vargas Lleras, Rafael Pardo Rueda (sin firma), Claudia Blum de Barberi, José Renán Trujillo, Carlos Gaviria Díaz (sin firma), Senadores de la República.

Roberto Camacho, Zamir Silva Amín, Coordinadores de Ponentes; Armando Benedetti, Gina Parody D’Echeona, Javier Ramiro Devia, con observaciones; Representantes a la Cámara.

El honorable Senador Germán Vargas Lleras, manifiesta que durante el debate del proyecto presentará observaciones en el tema de Empadronamiento, sobre todo en lo que tiene que ver con quienes teniendo la obligación de empadronarse no lo hagan. Igualmente, tiene observaciones con relación al artículo 4°, por cuanto las autorizaciones para capturar, allanar e interceptar comunicaciones debe estar a cargo de Tenientes Coroneles o Coroneles.

Bogotá, D. C., 29 de marzo de 2004.

Germán Vargas Lleras,

Honorable Senador de la República.

Pliego de modificacionesal proyecto de ley estatutaria numero 176 de 2004 Senado,
211 de 2004 Cámara

Bogotá, D. C., 26 de marzo de 2004