Paul Tabori fue un ciudadano húngaro que escribió un libro sobre La historia estupidez humana; por años tuve curiosidad de ojearlo. Solo hasta hace poco, de carambola, llegó a mis manos. Los temas fueron interesantes en su tiempo y aunque deben servir de escarnio, las aberraciones de las situaciones de la sociedad que presenta en la obra siguen repitiéndose una y otra vez. Errar es de la esencia del hombre, errar estúpidamente, cuando hay un colectivo de voluntades, incrementa las probabilidades de que se presente esta manifestación de la conducta social.

El capítulo colombiano de esta historia que he venido royendo en la cabeza tiene entradas que se han debilitado con el paso del tiempo; las restricciones de la documentación han llevado a que lo que fue un deleite en mi archivo neuronal sea ahora una espina en la garganta por no haber acometido con más diligencia la tarea de escribirlas y documentarlas. Quizás ahora con la ayuda de esa memoria inagotable que está poniendo al alcance todos internet pueda en alguna fecha futura hacer lo procrastinado.

El puerto de Tribugá y el oleoducto binacional

Hoy presentaré dos entradas que son destacables a este capítulo: Primero la propuesta surgida de una cumbre de los presidentes de Colombia y Venezuela que han pensado firmar una acta de compromiso para construir un gaseoducto o poliducto que sale de Venezuela y termina en las costas chocoanas donde se construiría un puerto –Tribugá– que daría salida al petróleo venezolano a los mercados asiáticos y a la costa oeste de los Estados Unidos al permitir el atraque de los supertanqueros que surcan el oceáno Pacifico y no pueden cruzar el Canal de Panamá. Es un megaproyecto audaz e impecable en su concepción y por lo tanto cercano a la estupidez. Parece que las voladuras a los oleoductos de Caño Limón-Coveñas en el norte, y Transandino en el sur y los ataques al tren carbonero de la Drumont del Magdalena (excluyo de las estadísticas los ataques esporádicos a la red nacional, y de las acometidas clandestinas para hurtar el combustible que pululan en ella) no fueran suficientes para aplacar el ímpetu futurista de los megalómanos megaproyectistas.[1]

Es cierto que en los países del norte las arterias de los tubos con combustible son consideradas vitales para el desarrollo y no llegan noticias del terrorismo contra esa infraestructura, pero allá la seguridad es otro cuento y la mentalidad del ciudadano no está tan ligada a la ilegalidad, quizás por el peso de las enseñanzas luteranas y calvinistas; pero en Colombia vale la pena pensarlo antes tres veces cuando se trata de una obra de tal longitud y envergadura que, como si fuera poco, involucra el acuerdo de los hermanos venezolanos. Venezuela es el segundo socio comercial de Colombia, y no ha sido fácil el manejo de los intentos de integración comercial. Baste recordar la absurda situación de los camioneros obligados a trasbordar las mercancías en la frontera no hace mucho, –ignoro si esta restricción al trasporte sigue operando–, las medidas sobre el comercio de la leche y otras que suman multitud, incluyendo la historia del golfo de Coquivacoa, otra vez, ignoro si en el Atlas Oficial y las cartillas escolares siguen usando esta folklórica denominación, de lo que para mí, es el Golfo de Maracaibo. Pero no menos interesantes en este abanico de problemas de las relaciones binacionales están las de la inexistencia jurídica de los hijos de colombianos que viven ilegalmente en ese país, el diferendo fronterizo centenario, las amenazas de persecución en caliente del ejército venezolano sobre el territorio nacional a los delincuentes y las rachas de propaganda anticolombiana de los grupos nacionalistas cuando las condiciones políticas internas lo aconsejan. La ingeniosa teoría internacionalista de la "costa seca" para negar derechos de navegación de naves colombianas en las costas del sur de la Guajira, el incidente de las armadas por esta disputa. De un plumazo se borró todo ese pasado tormentoso y ahora cumpliendo el sueño de Bolivar, somos hermanos de verdad. De un plumazo desapareció la paranoia de que cuarenta oxidados tanques españoles vendidos a Colombia eran el presagio de una «operación tormenta del Zulia» con destino a la toma del palacio de Miraflores, y de que cien «paras» o indocumentados, con varios menores de edad incluida una niña embarazada, tenían la misión decapitar al propio presidente. Así de fácil, de un plumazo todo es hermandad en los momentos electorales.

Pero hay otro elemento crítico en esta historia, y es la construcción del megapuerto de Tribugá en las lluviosas costas chocoanas. Tenemos pues otra pelea cazada, esta vez, con los «verdes»; ellos tienen seguidores poderosos, partidarios de alto nivel y militantes aguerridos en todo mundo. Probablemente cuando se comience a valorar el daño ecológico sobre esa reserva que es patrimonio de la humanidad tenga el gobierno que declararse en guerra contra todo el mundo.

Queda un pequeño tercer problema, la ley de negritudes –Ley 70 de 1993–, entregó colectivamente la propiedad de la tierra a las comunidades negras y no es fácil negociar con ellos está reversión de la propiedad –se dice, palabras del Nobel, que son los colombianos que conocen con mayor profundidad el Código Civil y que este es en realidad la cartilla donde aprenden a leer–. Conviene recordar el desastre financiero de las compañías mineras administradas cooperativamente por la comunidad y con sindicato antipatronal abordo. De modo que ahora los representantes políticos de estas minorías –Willinton, Piedad, María Isabel– tendrán una tribuna excepcional que estoy seguro será en contravía de lo que proponga el presidente Uribe Vélez, y solo porque él lo propone. Queda por verse la desbandada de las comunidades buscando hacer «mejoras» en el terreno sobre el que pasará el oleoducto para vendérselas a los «venezolanos». Y una patica extra que le saldría a este rollo, serían los indígenas cuando invoquen que las culebras metalicas asustan la madre tierra y traigan sus mitos ancentrales para oponerse al tendido del oleoducto y que eventualmente formarían una nueva alianza tricolor de cobrizo, negro y verde encaminada a la separación del Chocó.

Dejemos aquí ese proyecto por el momento y entremos a considerar que se trata de una simple maniobra política de los dos dirigentes que pretenden con el afectar los resultados de sus procesos reelectorales; creamos que este tendrá la misma suerte que la intención olvidada de un ex-presidente, de convertir a Colombia en el Japón de América Latina cuando en una mirada ensoñadora notó la extensión de la costa choana en el Pacífico, o la de otro no menos «visionario» de construir un canal interoceánico «seco» en los humedales de las mismas selvas. Espero que esta quede en el rango de una mera otra propuesta estúpida como las anteriores y no tenga una entrada definitiva en el capítulo colombiano de la historia de la estupidez; por el momento hay que hacerle seguimiento.

La vigencia del nuevo código procesal penal

La segunda entrada del día al capítulo corresponde a la puesta en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal aprobado hace menos de un mes por el Congreso que está pendiente de la sanción presidencial para entrar en vigencia. Catalogado como un embeleco del Fiscal general por un candidato presidencial también ex-fiscal, y para mí, como el resultado de que el mismo funcionario ha visto mucha televisión. Se entrompa el proyecto en una reforma al sistema acusatorio que había quedado como un sistema mixto luego de la reforma a la Constitución en 1991, para volverse un sistema acusatorio puro con restricciones a los fiscales sobre la disposición de la libertad de los acusados, impone el juicio oral, revive los desacreditados jurados de conciencia, crea la figura del principio de oportunidad, acorta los términos del proceso a plazos irreales entre muchas otras reformas y hace obligatorio para los jueces el uso de la toga en las audiencias –creo que por reglamento no pueden extender la obligación al peluquín que a veces se ven en las cortes anacrónicas europeas.

La estupidez humana es contumaz y dejó su estela e impronta en el trámite del proyecto; increíblemente solo hasta ahora se está cuantificando el costo financiero de los cambios en la nómina de los altos y pequeños funcionarios, que ha debido hacerse hace tal vez dos años o quizás diez y se está notando, además, que las trascripciones de las intervenciones orales, necesarias para la defensa del acusado, demandarán más papel que el que se pretendía ahorrar, que se requiere una verdadera brigada de nuevos secretarios para que las hagan. El costo adicional aproximado de la reforma en la planta de auxiliares y magistrados se ha estimado en 138 mil millones de pesos. El número de cargos nuevos está, según los rumores periodísticos, en más de tres mil. Las finanzas del Estado no tienen tanta correa en este momento. De modo que quedará en el aire indefinidamente la sanción de la ley, por lo menos hasta que aparezca la reforma tributaria y el genio que la cranee, que cubra esta inocente omisión del proyectista y de paso las otras fallas de las finanzas públicas como son la quiebra del sistema de pensiones, de salud y los efectos negativos de los recaudos arancelarios por el Tratado de Libre Comercio que va por buen camino.

Es bueno despertar cada mañana sabiendo que el humor de la realidad no lo estoy poniendo yo, ni los cómicos de profesión, sino que lo hacen a porrillo altos funcionarios. No tengo tiempo para tratar la oposición a las biopatentes en el TLC, los viejos tanques españoles y el nuevo viejo avión presidencial, las explicaciones que dan los funcionarios sobre la caída del Índice de Desarrollo humano, ni la discusión de las cortes sobre la pérdida de investidura de los senadores locutores. Es mucho 'volate' para mi corazón y demasiada risa para un solo día.

"Voladura de oleoductos: Según cifras preliminares del Ministerio de Defensa el número de voladuras de oleoductos por parte de organizaciones armadas irregulares presenta un descenso de 55% en los primeros cinco meses del 2004 con relación al mismo periodo en el 2003, al pasar de 51 atentados a 23. Estos ataques se han dirigidos contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en el departamento de Arauca y contra el poliducto Transandino en el Putumayo." (Informe de la Presidencia. 976 atentados desde el inicio a julio de 2003, informe Ecopetrol).