La sección quinta del Consejo de Estado terminó luego de tres años, el escrutinio de las mesas de votación impugnadas con motivo de las pasadas elecciones parlamentarias de 2002; al final de todo el proceso se cancelaron las credenciales de tres senadores (Piedad Córdoba, José Renán Trujillo y Gabriel Acosta) y se otorgaron otras sendas a tres candidatos (Miguel Pinedo, Tito Rueda y Miguel Ángel Pérez) quienes ya están debidamente posesionados, debiéndose recurrir al segundo renglón de la lista del senador Pérez por encontrarse él privado de la libertad [preso] en un proceso donde responde por el delito de enriquecimiento ilícito que se derivó de un soborno por parte de paramilitares. El senador Pérez no quiso hacer uso de la opción o la gabela de la excarcelación y de libertad inmediata a la que tenía derecho de haber querido recibir la credencial para que fuera la Corte Suprema la que entrara a juzgarlo en su nueva calidad de senador y eventualmente le revocara la credencial y le diera la muerte política; prefirió el senador frustrado seguir su proceso bajo las normas de la justicia ordinaria –razones debió tener– y ceder el derecho a ocupar la curul a Julio César Rodríguez segundo renglón de la lista que obtuvo 38 mil votos.

Que la justicia sea lenta no es una novedad; que un magistrado –Reinaldo Chavarro– se haya echado encima el trabajo de escrutar él solo lo que fue tarea de miles de funcionarios electorales allá él; que se demore tres años en decidir sobre un mandato de cuatro años no es sorprendente; que el diez por ciento de las mesas de votación sean anuladas (5.067) en una elección nacional no es sorpresa; que no haya sido encarcelada ninguna persona como responsable por el fraude masivo a los electores (1,5 millones de sufragios anulados); nada de esto es una estupidez en sí, se puede decir que son gajes del oficio y del sistema de la justicia electoral. Pero si me salva la entrada como otra contribución a la historia de la estupidez la nota de un político-periodista-columnista que se atrevió a insinuar que la lentitud del fallo estaba dando lugar a que se rumoreara que había “plata de por medio” y ahí fue troya.

Dice así la nota inicial: [El chisguete en mi opinión]

“Es una vergüenza, como son una vergüenza las demoras y las diferencias en el trato que se les ha dado en esta misma Sala a los alcaldes y gobernadores que están o estuvieron también en la cuerda floja. Ya se habla hasta de plata de por medio, y lo peor es que, por unos pocos, todo el Consejo (y la justicia en general) está siendo salpicado”

La Sala Plena del Consejo de Estado salió en defensa del magistrado diligente y de las salpicaduras y amenazó con instaurar una denuncia penal por injuria y calumnia en sentida carta; el periodista hubo de recoger los textos y hacer las paces con los dolidos magistrados diciendo que sus comentarios “eran bienintencionados”.

Para evitar cualquier sorpresa me retracto desde ya de lo dicho en los textos anteriores de todo que pueda herir la extrema susceptibilidad a las salpicaduras de la Sala Plena. Por si acaso, invito al lector a que interprete la nota en el sentido correcto, es decir, que un diligente magistrado hizo, el solito, cumplida y pronta justicia. Igualmente hago énfasis en que nunca me pareció mafioso el comportamiento de la Sala Plena con la amenaza de demanda contra el columnista. La justicia impartida con el fallo es la que nos merecíamos los diez millones de colombianos que acudimos estúpidamente a las urnas en esa votación. Porque yo no creo que haya un millón y medio de electores delincuentes sino ocho millones y medio de incautos. Ese es el patrimonio que deben cuidar con celo excesivo los cien senadores y cientos de magistrados. Cuando las masas de votantes se sientan tan descaradamente asaltadas en su fe y descubran la facilidad con que se anulan sus votos entonces será tarde para hablar de la madurez de la democracia. Apagá y vámos.