La encorralada

Francisco Cifuentes

Los jefes paramilitares “conducidos” en la Centro de reclusión especial de la Ceja fueron “encorralados” en la Cárcel de alta seguridad de Itagüí. Según el primer pretexto oficial de los directores del Instituto penitenciario el traslado se hacía porque el contrato del arrendamiento con el ministerio de seguridad social, propietario de las instalaciones, había vencido; según revelaciones posteriores porque estaban delinquiendo desde el sitio de reclusión; posteriormente, el gobierno dijo que era porque había serios indicios de que se fraguaba un plan de fuga.

El resultado de la imprevista decisión era el previsto: generó la ruptura de las negociaciones de sometimiento a la justicia y de desmovilización de los irregulares de este movimiento.

Los directores de los medios de comunicación aprovecharon la coyuntura para ajustar los rating de sintonía y siguieron felices con su agenda comercial; personalidades de toda laya fueron invitados a dar sus opiniones sobre el incidente. En otro rumor propalado por los periodistas y que no he podido confirmar en los sitios oficiales aunque ya lo escuche de boca del comisionado, se dice que el gobierno anuló el decreto 2898 de 2006, reglamentario de la ley de justicia y paz sobre la obligación de ratificar el "acogimiento", es otra medida que tendrá consecuencias inesperadas en el proceso.

La situación no es la mejor para los desprotegidos colombianos del común y en particular para habitantes de las zonas rurales “despejadas” que tendrán que vivir en la zozobra de un resurgir de los grupos armados irregulares y de verse obligados a “resometerse” a las condiciones de vida anteriores de hace cuatro años; tampoco es favorable para los jefes paramilitares que parece fueron engañados sobre las condiciones de reclusión que les había ofrecido el gobierno en negociaciones no escritas; complicada es también la situación en el orden militar por la latencia del surgimiento de un nuevo frente de actividad que forzará a un replanteamiento de los planes.

Pocos opinadores de oficio se han ocupado de las consecuencias que hacia el futuro traerá el efecto de estas desajustadas decisiones en las negociaciones en que deben darse tarde o temprano con otros grupos armados irregulares. Y esa es la arista que llama mi atención, para aventurar la proyección de que en este gobierno, nadie sensato se someterá a los vaivenes temperamentales de un negociador incumplidor, imprevisible, e inexperto. Tendremos los colombianos un conflicto armado y de terror asegurado para los próximos cuatro años, y esperar que las figuras de los nuevos dirigentes políticos que sobrevivan a la purga que está haciendo la prensa y la Corte Suprema, en ese lejano futuro, tengan la visión y la capacidad de plantear una solución que atraiga a los ariscos y cautos insurgentes para quienes el tiempo corre con otro reloj.