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La ley de garantías electorales y la sentencia C-1153-05 de la Corte Constitucional sobre su exequibilidad

Francisco Cifuentes

La reelección presidencial inmediata es un hecho político y jurídico en Colombia. Lo que empezó como un propuesta de la modificación de un simple articulito y tratado como un temita, ha quedado cimentado jurídicamente con la sentencia de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de la ley de garantías. El costo jurídico del trámite y aprobación final de la reforma fue muy alto y, particularmente, el Congreso de la República fue vulnerado en grado sumo por las reformas que introdujo el “legislador supremo” que mejoró, en el criterio de la Corte, el texto de la ley en 22 artículos. El costo político de las “mejoras” lo sufrirán los candidatos perdedores por el efecto de las nuevas restricciones impuestas por la Corte. La gestión del ejecutivo fue también víctima de chantajes y el decoro fue echado por la borda en aras de la politiquería.

Cada “mejora” hecha por la Corte tiene un significado, un efecto para los candidatos y los partidos que los apoyan; demuestra el poder omnímodo de la Corte para reformar en su criterio y el total control que tiene con sus sentencias sobre la clase política y sobre el legislativo.

La lista de mejoras y adiciones que he detectado y que merecen comentario es la siguiente:

1. Campaña presidencial. (art. 2º). La Corte incorpora, de su propia cosecha, una prohibición adicional para participar o apoyar una campaña electoral presidencial; por extensión de la interpretación deben quedar vigentes y aplicarse las mismas prohibiciones para las todas las campañas electorales.

La estupidez surge cuando se pretende prohibir a los “ilegales” que de hecho no temen a la autoridad policial y andan sueltos, la observancia de una norma condicionada por la Corte.

Mis recuerdos de la participación de ilegales en política se remontan a las campañas presidenciales victoriosas de Belisario Betancur, apoyada por los extraditables; de César Gaviria desapoyada por los extraditables hasta el punto de haber reducido al mínimo su participación en eventos políticos abiertos; de Ernesto Samper, apoyada por ciudadanos hoy extraditados que duermen en cárceles de otras latitudes; de Andrés Pastrana apoyada abiertamente por las Farc; recuerdo la foto de promoción distribuida en los medios periodísticos, de un reloj con el logo de la campaña puesto en el pulso de un personaje por el que el Estado ofrecía en ese momento una recompensa muy atractiva por su captura; de Álvaro Uribe Vélez, desapoyada por las Farc, inclusive con atentados terroristas directos contra la vida del candidato.

Está totalmente fuera de contexto esta prohibición ideada por la Corte, porque el “ilegal” hará lo que quiera y tendrá siempre una influencia directa en el resultado de las campañas políticas. Además es incompleta, porque hay otros grupos no armados al margen de la ley, por ejemplo, los que tienen el control de la corrupción en la contratación estatal a quienes no se les prohibió la participación en la campaña a pesar de que andan armados de tacos de billetes para "incentivar" el voto de los marginados; ni los de los grupos armados con libros santos que afectan los procesos políticos con discursos extra terrenales y utilizan los privilegios constitucionales, las instalaciones y centros de reunión religiosos en detrimento de los partidos políticos sin acceso a esa infraestructura.

La Corte, por iniciativa propia, amplió la duración de las campañas presidenciales de los candidatos diferentes al presidente.

2. La financiación de las campañas. La Corte metió su mano y su pata en este tema con especial fuerza y autonomía, poniendo de cabeza lo previsto por el legislador y niveló lo que, en su criterio, era una desigualdad entre los candidatos. Los efectos de esta intromisión del poder constitucional en este punto tan importante de cualquier campaña política incrementarán la creatividad de los jefes de debate para encontrar formas “alternativas” de financiación y, el efecto será de retro, porque a mayores restricciones mayores son retos a superar para los que detentan el poder o peor la vida para los “patos” y vividores del cuento. Ya se escuchan las voces de los precandidatos liberales pidiendo la condición de candidatos plenos para disfrutar la miel de los fondos oficiales (cerca de 2.000 millones en anticipos por cabeza).

La prohibición de los aportes financieros de las personas jurídicas, impuesta por la Corte a las campañas deja en la ruina a los partidos porque las transferencias para dar la apariencia de ser aportes particulares a estos fondos, quedarían en un buen porcentaje en las arcas de la Dian que sería el único gran beneficiario del proceso. (4 por mil, mínimo tres veces, retefuente, ganancias ocacionales.) Luego la desigualdad que se pretendía proteger en realidad se agudiza, ya que un fisco fuerte y próspero es la mejor muestra de un buen gobierno.

3. Intervención en política de los funcionarios públicos. La inexequibilidad del artículo 37 demuestra la prevalencia del poder constituyente sobre el legislativo y el contrasentido que tiene el permitir al presidente participar en política y negársela al funcionario de menor jerarquía. Es obvio que, con la negativa, no pasará nada pues siempre los funcionarios públicos han participado soterradamente en política y la norma, lo que pretendía era sacar a luz y a la legalidad lo que es una costumbre ilegal consuetudinaria.

4. Restricciones a los medios de comunicación. No se limitó a la esfera del Estado el alcance del super poder. Las nuevas restricciones y condiciones impuestas a los medios por la Corte no se diferencian mucho de la llama “ley mordaza” vigente en Venezuela. Pretender el equilibrio informativo de cantidad y calidad –este es añadido de la Corteen un país donde suelen presentarse como candidatos presidenciales verdaderos sicópatas del exhibicionismo, e imponer el peso de la igualdad informativa al sector privado, no es más que alejar las campañas del cubrimiento por los medios de comunicación privados y de saturar de malos y pésimos espacios políticos a los canales oficiales. En este caso lo que ya era una arbitrariedad del legislador plasmada en el artículo 25, fue recontra machacado por el “legislador supremo”. Los medios quedaron, además, obligados a incluir en la contabilidad política, la información sobre las actividades del presidente y vicepresidente como funcionarios, todo por voluntad de la Corte. Lo que antes se preveía como una fuente de pleitos electorales entre los candidatos y los medios; quedó convertido en un embrollo interpretativo del significado de “equilibrio de cantidad y calidad” para cada candidato teniendo como árbitro el desprestigiado Consejo electoral, y en lugar de fortalecer la democracia dejando que sean los responsables de la programación los determinen la cobertura de los medios de comunicación en las campañas, se desfigura la participación –yo, si fuera candidato, no quisiera estar en un foro lleno de chiflados, charlatanes y oportunistas–, y por otro lado se ahuyenta al elector en potencia al tener que escuchar los disparates de los veinte otros candidatos –yo no daré mi valioso tiempo para escuchar a tales candidatos–, para entrar a depurar las alternativas de los dos o tres candidatos con opciones reales de salir elegidos. Bien venidos los rellenos de las farándulas.


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Sentencia C-1153-05 (Sobre la ley de garantías electorales)



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