En el programa de gobierno del presidente Uribe en su campaña de 2002 uno de los puntos más candorosos era, para mí, la propuesta de revocar el mandato al Congreso que se había elegido meses antes de la elección presidencial. El propósito de la invitación del candidato a la revocatoria era eliminar “los politiqueros y los corruptos” de los asientos del Congreso en una segunda elección. Este punto del programa fue rápidamente desechado cuando el presidente electo se dio cuenta de que no contaba con las mayorías necesarias para impulsar la propuesta en el legislativo; súbitamente comprobó el presidente que los –buenos eran la minoría–. Ese Congreso se mantuvo durante cuatro años, aunque una tercera parte de los votos con los que resultó elegido fue anulada por el Consejo de Estado en sentencia tardía que anuló solo tres credenciales y de la que hasta el momento no conozco la captura de ningún responsable por el gigantesco fraude electoral. Ese mismo Congreso se embarcó en empresas desconocidas como la de someter a consideración de los colombianos un referendo constitucional con los mismos lemas de lucha contra “los politiqueros y los corruptos” que al final resultó en un estruendoso fracaso político. De este Congreso un ministro controversial por su arrogancia y parco en elogios dijo que este era “un congreso admirable”; aunque en meses previos cuando no se le dio el resultado en un debate se había preguntado "qué clase de hierbas estaban fumando" los senadores para votar en forma adversa al gobierno.
Otra de las aventuras legislativa del Congreso en este período fue el trámite y aprobación de la reelección presidencial inmediata que hoy ocupa a los medios de comunicación y tiene en vilo los futuros desarrollos políticos en las próximas elecciones por la popularidad abrumadora del candidato presidente contrapuesto al desprestigio desolador de la clase política.
Hoy a las puertas de unas nuevas elecciones parlamentarias y presidenciales, en medio del desorden que ha generado la reforma política al exigir esta un umbral de la votación del 2% del total para que los votos por determinado partido o movimiento sean contados, se ha presentado un hecho insólito con la expulsión de las listas de cinco candidatos a las elecciones parlamentarias que fueron parte de ese congreso en los últimos años, bajo el señalamiento de que son candidatos que cuentan con el apoyo de los “paramilitares” o son “paramilitares”. Se está dando pues una forma de “revocatoria de la aspiración” automática y sin juicio previo.
La torpeza de la guardia pretoriana del presidente Uribe en el manejo de estas primeras tensiones de la campaña por la elección presidencial está llegando a la estupidez, pues ha embarcado al candidato Uribe a cometer todos los errores posibles en una sola sentada. Por ejemplo, ha confundido este equipo de malos abogados lo que es «el gobierno» con «el candidato» que veta con alcance universal, en el comunicado de prensa, a los aspirantes expulsados del movimiento uribista de ser recibidos en cualquier otro partido o movimiento cuando dice: “El gobierno [sic] … rechaza que las personas sobre quienes hayan recaído esas decisiones entren a otras listas de aspirantes al Congreso”. Lo que en lenguaje mondo y lirondo significa que “el gobierno” ha modificado la Constitución y la ley electoral con la creación de un limbo político para los candidatos expulsados de los movimientos uribistas que no podrán entrar en otras listas de aspirantes al Congreso sin importar el partido. Para profundizar los errores mezclaron estos asesores dos temas inconexos y la enlodada (cagada) del montaje de la acusación sobre el precandidato presidencial de la oposición Rafael Pardo de su contacto con las Farc es tan burdo y tan mal acompasado que hoy, así muestren una prueba contundente de la denuncia, nadie les va a creer que sea auténtica.
El inicio de todo el embrollo se encuentra en las irresponsables solicitudes del ex presidente Gaviria quien con una pandereta en la mano, como los sacerdotes de Cibeles, salió a dictar lo que debía decir el discurso del candidato Uribe Vélez rechazando el apoyo de los grupos armados al margen de la ley a su campaña. Gaviria es el menos indicado para hablar del poder de los paramilitares y el narcotráfico como artífice del sometimiento de la justicia a los narcos, de la no extradición de nacionales, de la Catedral, y del auge del paramilitarismo en su gobierno. El síndrome del ano inmaculado debe desterrarse de la mente de los políticos colombianos, yo creo que muy pocos, si no ninguno no está “untado”, y eso es parte de la realidad que no podemos modificar, negar que se tuvo o no, contactos con los “grupos armados ilegales” no destruye la dependencia del político de su “comprensión” con las “autoridades ilegales” de las regiones. Una cosa es hablar desde cómodos sillones en los clubes de la capital y otra es hacerlo en butacos en los quioscos comunales de los caseríos de la otra Colombia.
El “enlimbamiento” de los políticos costeños “paramilitares” es un mal signo que debe bloquearse y atacarse con energía. Las consecuencias de estos vetos morales automáticos son imprevisibles por la capacidad de servir de motor a una violencia indiscriminada e incontrolable.
La clase politiquera bogotana está repitiendo la historia de no querer dejarse desalojar de sus predios naturales en los pasillos del congreso y lo hace sin mirar las consecuencias que en la convivencia futura de los colombianos tienen estos torpes manejos de señalamientos y vindictas públicas porque en esencia el poder político regional no está en nada ligado a la percepción del mundo que tienen “los políticos de cuello blanco y perfumado” sino que, en general, el político regional huele a “chanel number five”, es decir, huelen a sudor y a miedo.
Mis pronósticos son pesimistas sobre el resultado final por el manejo estúpido del viejo problema de los que se proclaman dueños de la moral, que demuestra como los políticos siguen viviendo de espaldas al río y al futuro de los colombianos, y que se resisten a entender que los centros de poder hace años salieron de las jefaturas de los partidos y de las columnas editoriales de los periódicos. Hay que tener sensatez y sobre todo la percepción correcta de que solo en el poder y con el poder se puede moralizar el ejercicio de la política. No es ladrando desde el otro lado del río como se espanta a los delincuentes.