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Introducción al Referendo

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

Pregunta 8

Pregunta 9

Pregunta 10

Pregunta 11

Pregunta 12

Pregunta 13

Pregunta 14

Pregunta 15

Pregunta 16

Pregunta 17

Pregunta 18

Pregunta 19

Comentarios al Referendo

Francisco Cifuentes

Los colombianos hemos sido convocados por el Gobierno a participar en un Referendo el próximo 25 de octubre que busca modificar 15 artículos de la Constitución Política.

La primera opción que el ciudadano tiene es la si participa o no, en el proceso de votación. Dado el reducido espacio que tiene el ciudadano común de actuar en el proceso de reformar la Constitución y a la necesidad de reformas en el ejercicio de la política que se hacen sentir, además de considerar que no debe esperarse que se presenten los momentos de crisis para salir a protestar, a efectuar la llamada 'protesta social' en marchas multitudinarias de masas indignadas y amorfas cuya dirección muchas veces lleva a la violencia; desde hace tiempo he decidido ser actor en la democracia, en lugar de ser pasivo o indiferente. Untarme de opinión antes de ser determinado por otros. Mi decisión en este caso del Referendo es actuar, con los recursos a mi mano, activamente para incidir en el resultado de los procesos donde se pueda intervenir con el voto.

La segunda decisión que deben tomar los eligen participar, es si se vota por la afirmativa, la negativa o en blanco la modificación constitucional propuesta en cada uno de los puntos.

La abstención

La opción de no participar ha tomado un giro especial en esta consulta, porque han convergido grupos y personas con muy diferentes motivaciones en un tipo poco común de participación democrática, que predican la abstención al referendo, como si no fuera ya suficiente con los 18 millones de electores habilitados a quienes los tiene sin cuidado no sólo esta elección, sino todas las que se presenten en el resto de sus días.

Vale la pena examinar quienes son estos antivotantes: En el partido liberal se han mezclado una serie de intereses personales que sacan a luz su pobreza como organización política y el desespero por recuperar un espacio social que se esfumó hace ya muchos años. Perdió consecutivamente dos elecciones presidenciales que siguieron al último gobierno caracterizado su defensa a todo costo de una campaña financiada con dineros oscuros, y su director natural se agazapó en la metrópoli en un cargo diplomático de poca importancia que le permitirá mejorar su dominio en lenguas extranjeras. En este partido se presenta como ideológo de la oposición, un potencial candidato presidencial que quiere a toda costa trazar la línea de separación con el actual presidente, para reclamar en su momento, –cuando fracase el dirigente en su propuesta– la identidad de ser él la nueva alternativa. Se encuentran también los codirectores del partido están buscando reforzar su popularidad entre sus pocos y contados electores que los apoyaron en el pasado comicio, y que aprovechando el microfono y la pantalla que da esta decisión en contravía con toda lógica política; ellos no quieren que se repita el sufrimiento del conteo de los votos que los hunden y salvan como ocurrió en la pasada elección. Hay también un aire de revancha por no haberse logrado el apoyo a un proyecto innecesario, inoportuno y presentado ligeramente por el codirector mas locuaz.

Por el no, están también extrañamente los sindicatos de maestros oficiales, cuando en el Referendo se incluyen puntos que destinan por diez años grandes recursos departamentales a mejorar la cobertura educativa; se están redireccionando a la educación recursos de las regalias, se les está concediendo una prórroga hasta  2007 del régimen especial de pensiones y parte de los recursos por la congelación del gasto se están comprometiendo por norma constitucional en el fortalecimiento del Fondo Pensional del Magisterio. No conozco un documento formal con el planteamiento de los directivos sindicales para tratar de invalidar la iniciativa y presumo que tiene que ver con el punto de congelación de salarios de los funcionarios con sueldos superiores a más dos salarios mínimos. Pero éste podría votarse simplemente por la negativa por estos afectados y muchos otros y podrían canalizar un gran sector de la sociedad para que los secundara y los apoyara en esta negativa. Marginarse es renunciar a influir en el mandato del constituyente y perder la oportunidad de lograr los fondos adicionales que fortalecerían el sector.

La suma de los opositores al Referendo del nuevo partido Polo Democrático, se deja entrever los conocidos resabios de la vieja izquierda, oponerse por deporte a todo, absolutamente a todo lo que provenga del gobierno. Es la forma criticada del 'cretinismo parlamentario al reves'. Porque es interesante revisar la participación activa que tuvieron los parlamentarios de ese partido durante el debate de la ley de convocatoria del referendo para quedar perplejo con el sentido de la propuesta en este momento. Es un riesgo tempranero para un partido naciente alinearse con la antidemocracia y la antiparticipación ciudadana, y dejarse contar en un caso de derrota o victoria en una elección de medianera. Es falta de sentido político. Mas provechoso sería tomar como causa de combate y de fácil uso demagógico o propagandístico los puntos fiscales si son esos los malos, y movilizar los electores hacia los puntos positivos. Estar en vagón de la victoria no compremetería principios ni restaría autoridad, ni afectaría la independencia. Y si no pasa el Referendo, apesar del apoyo, se puede bajar discretamente del bus, sin pérdida alguna. Ir en contravía del sentimiento popular que respalda el cambio político y al presidente, en un sociedad cuya percepción de la situación es de hay mejora bajo este gobierno, es hundirse políticamente con un mensaje contradictorio en forma voluntaria.

Se han unido a la oposición del referendo los dos grupos subversivos armados en un inusual comunicado conjunto. No veo muy coherentes las tres razones enunciadas para proponer la abstención a participar en el referendo. Su oposición es a la persona del presidente. De todas formas es lógico que ellos estén contra todo lo que resulte en posibles victorias electorales para el presidente que representa el Estado que ellos pretenden derrocar. Dice así lo pertinente:

“Rechazamos el Referendo convocado por el régimen para los próximos días, por buscar con él un afianzamiento del terrorismo de Estado, el autoritarismo militarista y la entrega de nuestra soberanía nacional.”

El último grupo de opositores es el mas interesante por la discreción extrema que deben guardar en hacer pública su posición. En él están aquellos que han sido condenados por desfalcar al Estado que ven emperorar sus futuras relaciones de negociaciones o electorales. Deben ser unos diez mil colombianos algunos muy adinerados. Están también, los cerca de mil pensionados millonarios, la mitad de ellos 'ex coteros' de Foncolpuertos, que efectivamente no tienen que gastar nada de sus ingresos para bloquear esta iniciativa que va en contra de sus intereses. Estan cerca de cien mil candidatos inscritos como relleno en las listas de las elecciones a corporaciones públicas que ven que se puede truncar la posibilidad de ejercer en propiedad la curul y de lograr las prebendas pensionales que ésta otorga y de ejercer poder por medio del juego del carrusel de las suplencias.

Se suman finalmente a la oposición, los burócratas y trabajadores de las contralorías deparmentales y municipales, creo son unos veinte mil funcionarios, que ven la calle y el futuro personal tan incierto, que a pesar de recibir la indemnización garantizada en el texto de la reforma y por ende de la Constitución, se saben, muchos de ellos, incapacitados para ejercer oficios útiles en la sociedad. 

Quizas no haya sido del todo minucioso en este inventario, pero sabiéndo la calidad de los antagonistas tengo mas de una razón para estar en el sí por el referendo.

Validez de la votación

El Referendo es una de las tres formas previstas para modificar la Constitución y, para que tenga validez, se requiere del voto de un 25% de los ciudadanos que se encuentren registrados en el censo electoral. El Consejo Nacional Electoral fijó la cifra en seis millones trescientos mil  votantes que deben de participar para que la reforma quede refrendada.

La cifra es bien alta si se considera la historia de la participación electoral colombiana. Es posible que no se consiga convocar un número tan alto de ciudadanos a ser parte de un proceso donde no hay un resultado concreto en el corto plazo; no está de por medio la elección de ningún candidato; no hay un propósito de partido y la difusión del texto mismo se ha visto afectada por el desorden del trámite en el Congreso, y restringida por el extenso camino del examen de su discusión por la Corte Constitucional. La sentencia C-551 con el contenido definitivo del texto fue conocida casi un mes despues de la votación el 9 de julio de 2003. 

Haré pues este ejercicio de difusión sobre el texto de la ley 796, 'por la cual se convoca un referendo y se somete a consideración del pueblo un proyecto de Reforma Constitucional', e incluiré las modificaciones ordenadas por la sentencia.

Eliminación de las preguntas del texto de la ley

El encabezamiento de las preguntas del Referendo fue suprimido del texto original por la Corte. Una medida sana, eran preguntas tendenciosas, algunas mal intencionadas y otras ingenuas; agregaban confusión mas que claridad. La sentencia también eliminó la casilla del voto en blanco al final de cada artículo. No conozco el fundamento de esta simpleza ni la fuente del poder omnímodo de la Corte, pero esto no tiene importancia: es un hecho cumplido. Entiendo que no tengo que marcar obligatoriamente una respuesta; luego el votar en blanco queda implícito si no se marca ninguna de las dos opciones. 

En las páginas siguientes se encuentra el texto del artículo de la reforma comparado con el vigente en la Carta, y se hace un comentario de la razón de la preferencia. En algunas preguntas se ha dispuesto en la ventana inferior un listado de documentos que pueden ayudar en el proceso del discernimiento de la respuesta. Aunque tengo una opinión abierta, considero que hay otros que pueden disentir con razones válidas o por motivos personales diferentes a los míos. Por eso incluyo algunas argumentaciones que son contrarias a mi intención de voto. De todas maneras la extensión de los textos y su contenido desconectado del texto integral de la Carta hacen, ya de por sí, admirable el esfuerzo de los revisan estas notas. Y pensar que la lectura hasta ahora comienza.


Pregunta Nº. 1 ¿APRUEBA USTED EL SIGUIENTE ARTICULO?

El quinto inciso del artículo 122 de la Constitución Política quedará así:

Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado. Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.

SI [ ] NO [ ]


Texto constitucional del inciso quinto a reformar dice:

"Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas".

Agravación de las sanciones para los condenados por afectar el patrimonio del Estado

La reforma extiende la sanción de "quienes hayan sido condenados, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado" a su inscripción como candidatos a cargos de elección popular, pero elimina una expresión muy importante, cual es: "quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas" que ha debido dejarse en el texto.

Desparece la inhabilitación del delincuente para el ejercicio de las funciones públicas; la prohibición de la designación queda ahora en hombros del nominador.

Igualmente se extiende la sanción a la contratación con el Estado personalmente o por interpuesta persona. Si se revisa el texto del artículo anterior se nota que esa prohibición no existía. Es natural que un desfalcador, inhabilitado políticamente como candidato, tenga como paso natural seguir contratando con el Estado. La prohibición adicional no es solo buena, sino necesaria.

La propuesta incluye en la sanción también a quienes "con su conducta dolosa o gravemente culposa" sean responsables de que el Estado haya sido condenado a una reparación patrimonial. Quedando habilitados los funcionarios que hayan reparado el daño con su patrimonio personal. Es decir se sanciona también al administrador negligente. La excepción de reparación de esta última parte, es claro que cobija únicamente a los responsables de condenas a la nación por una gestión dolosa o gravamente culposa. Es incomprensible que opositores al voto por este punto, estén predicando el no, porque con el artículo los delincuentes que reparen el daño quedan rehabilitados. Esta es una interpretación tendenciosa.

Hay dos tipos de sujetos que sanciona la modificación: 1. Los servidores públicos que hayan sido sancionados y 2. Los que por su conducta dolosa o gravemente culposa hayan sido responsables de reparaciones por cuenta del Estado. Las prohibiciones a los primeros son totales y la modificación las extendiende a la contratación con el estado. Los segundos son nuevos sujetos inhabilitados y son los únicos que gozan del perdón si resarcen el daño.   

Mi voto será por el sí. No veo razón oponerme a esta modificación que poco mejorará la situación de los funcionarios que se apropian del patrimonio del Estado y bien puede complicar los procesos de inscripción de candidatos a cargos de elección popular al transferir al Registrador la verificación de que los aspirantes no hayan sido condenados por la comisión de estos delitos.

La imposición de cortapisas a los aspirantes a inscribirse en las jornadas electoralres como candidatos da un poder innecesario al Registrador que normalmente ejerce sus funciones por delegados de poca jerarquía en condiciones malamente soportadas y con documentación incompleta sobre los delincuentes.

Los debates sobre la negativa de un funcionario menor a inscribir a un aspirante, por razón de su inhabilidad, se multiplicarán y perjudicarán a homónimos de los delincuentes a menos que el Registrador disponga de un libro actualizado con los nombres y las identidades de los mismos. Pero cómo puede esperarse que esto ocurra, ¿si para expedir el simple documento de la cédula de ciudadanía la Registraduría tarda hasta seis meses en entregarlo? ¿Si se requiere comprar los cupos en las colas que se forman en las madrugadas al frente de sus oficinas para efectuar el simple trámite de su solicitud. ¿Si sabemos de delincuentes que tienen acceso a los registros para refundir sus reseñas y para obtener documentos auténticos fraudulentamente?

Queda otro interrogante, la norma es una auto restricción de la soberanía popular. Si el elector primario quiere elegir a un candidato que haya sido condenado por este delito, ya no podrá hacerlo, pues esté ni siquiera podrá inscribirse para participar en la elección.

La corrupción administrativa es un fenómeno de difícil control. La historia de todo proceso político nos documenta sin esfuerzo la frecuencia de este fenómeno de dirección política. Parece insuficiente todo lo que haga el legislativo para combatirla. Se tienen cientos de normas que funcionan a medias, pero esta razón no debe privarnos de endurecer las condiciones para que el saqueador del tesoro público cometa sus fechorías. Con el voto afirmativo de este punto no pasará nada excepcional; no se acabará ni reducirá significativamente la corrupción. Pero con el voto negativo de las mayorías o la abstención si pasará. El delincuente sabrá que está actuando en una sociedad que es indiferente a la administración de los recursos públicos y que él tiene las manos libres.

Elevemos el corazón con este sí para que al menos un personaje siniestro –uno solo–, de los miles que hay sueltos y aspirando a seguir en su empeño personal, se vea privado de continuar sus fechorías con el patrimonio del Estado.


Pregunta Nº 2. ¿APRUEBA USTED EL SIGUIENTE ARTICULO?

El inciso segundo del artículo 133 de la Constitución Política quedará así:

El elegido por voto popular en cualquier corporación pública, es responsable ante la sociedad y frente a sus electores por el cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Su voto, salvo para asuntos de mero trámite, será nominal y público.

SI [ ]                                                                                                                            NO [ ]


Texto constitucional actual

"El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura."

Voto nominal y público de los elegidos en las corporaciones públicas

La propuesta de que los elegidos hagan público su voto nada mejora el ejercicio del proceso legislativo ni la democracia como propuesta de gobierno. Hoy día los conteos de las votaciones en los cuerpos colectivos de elección popular son atropelladas y las maniobras dilatorias y retardatorias de las mesas directivas, según convenga para incidir en resultado del trámite de una votación, son un elemento peor que afecta la transparencia del Congreso, asambleas y concejos. Se puede decir que este –el hacer nominal el voto– es un asunto de cocina entre los propios senadores cuando realizan elecciones internas o votaciones por alianzas que hacen visible cómo los compromisos pactados son incumplidos.

El voto nominal puede también ser utilizado por los grupos de poder económico para controlar la lealtad de sus protegidos y patrocinados. Ahora todos tendrán un arma para cobrar las traiciones políticas pues el elector corriente no tiene tiempo para revisar los resultados de las votaciones, que no cuentan un medio ágil de difusión, y tampoco tiene la forma de saber cómo participó su representante pero además el elector no tiene el espíritu rencoroso para sancionar a su representante luego de varios años donde se produjo esa votación adversa. Pero además la norma constitucional que se propone modificar no prohibía que se hiciera público el voto de los senadores. Es decir, bien pudo hacerse prevalente la nominalidad del voto por medio de una simple reforma a la reglamentación del Congreso (Ley 5ª), que a propósito ya lo contemplaba como opcional cuando fuera requerido por uno solo de los representantes en su artículo 130.

LEY 5ª, Artículo 130. Votación nominal. Si la respectiva Cámara, sin discusión, así lo acordare, cualquier Congresista podrá solicitar que la votación sea nominal y siempre que no deba ser secreta, caso en el cual se votará siguiendo el orden alfabético de apellidos.

En estas votaciones se anunciará el nombre de cada uno de los Congresistas, quienes contestarán, individualmente, "Sí" o "No". En el acta se consignará el resultado de la votación en el mismo orden en que se realice y con expresión del voto que cada uno hubiere dado.

Sin esperar nada nuevo o espectacular con esta reforma innecesaria mi voto será afirmativo.


Pregunta Nº.3 ¿APRUEBA USTED EL SIGUIENTE ARTICULO?

El artículo 134 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 134. Los miembros de corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes. Las vacancias por sus faltas absolutas serán suplidas por los candidatos no elegidos de su misma lista, según el orden de inscripción en ella. La renuncia voluntaria no producirá como efecto el ingreso a la corporación de quien debería suplirlo.

Derógase el artículo 261 de la Constitución Política.

SI [ ]                                                                                                                   NO [ ]


Texto constitucional actual

"Artículo 134. Las faltas absolutas o temporales de los Miembros de las Corporaciones Públicas serán suplidas por los candidatos que, según el orden de inscripción, en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral."

Texto constitucional a derogar es:

"Artículo 261. Las faltas absolutas o temporales serán suplidas por los candidatos que según el orden de inscripción en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral.

Son faltas absolutas: Además de las establecidas por la ley; las que se causan por: Muerte; la renuncia motivada y aceptada por la plenaria de la respectiva Corporación; la pérdida de la investidura; la incapacidad física permanente y la sentencia condenatoria en firme dictada por autoridad judicial competente.

Son faltas temporales las causadas por: La suspensión del ejercicio de la investidura popular, en virtud de decisión judicial en firme; la licencia sin remuneración; la licencia por incapacidad certificada por médico oficial; la calamidad doméstica debidamente probada y la fuerza mayor.

La licencia sin remuneración no podrá ser inferior a tres (3) meses.

Los casos de incapacidad, calamidad doméstica y licencias no remuneradas, deberán ser aprobadas por la Mesa Directiva de la respectiva Corporación.

PARAGRAFO 1º. Las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución Nacional y las leyes, se extenderán en igual forma a quienes asuman las funciones de las faltas temporales durante el tiempo de su asistencia.

PARAGRAFO 2º. El numeral 3º. del artículo 180 de la Constitución, quedará así:
Numeral 3º. Ser miembro de juntas o consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos."

Eliminación de las suplencias

La eliminación de las suplencias fue uno de los logros de la nueva constitución de 1991, pero la clase política logró revertir la prohibición de las suplencias y modificó el texto de este artículo mediante acto legislativo en 1993. Era tan importante esta prohibición que fue una de las primeras contrareformas que se hicieron.

No hay razón especial para que las faltas temporales den derecho a ostentar la curul. Las suplencias han servido para todo tipo de tropelías con el sistema democrático. Ejerce la curul quien no fue elegido; se presta para componendas y pactos sobre la titularidad; y es sumamente riesgoso para el titular cuando su suplente es persona inescrupulosa. La muerte del titular habilita al siguiente y el secuestro abre el camino para la entrada en ejercicio de la suplencia.

La confirmación definitiva de que los políticos temen a la aprobación de esta reforma lo prueba que 13 senadores y 21 representantes a la Cámara hayan corrido a renunciar a sus curules para dar ingreso a sus suplentes cuando la Corte Constitucional aprobó este artículo en el referendo. ¿Cuantos 'legisladores' 'calentaron' la curul en este cuatrienio? ¿Cuantos elegimos? Las cifras que circulan son de que casi el otro tanto de suplentes como de elegidos adquirieron los derechos de la investidura.

Hace carrera entre los argumentos por la abstención o por el no que las suplencias ya fueron prohibidas por la Constitución de 1991, pero omiten –por malicia o por ignorancia– que estas fueron revividas por el Congreso en 1993.

Votaré por el si a esta reforma.


Pregunta Nº 4. ¿APRUEBA USTED EL SIGUIENTE ARTICULO?

Adiciónase al artículo 346 de la Constitución Política un inciso y un parágrafo del siguiente tenor:

Los gastos de inversión, incluidos en el proyecto de presupuesto presentado al Congreso por el Gobierno, recogerán el resultado de audiencias públicas consultivas, convocadas por los gobiernos nacional, departamentales y del Distrito Capital, y del análisis hecho en el Congreso por las comisiones constitucionales y las bancadas de cada departamento y Bogotá. El presupuesto no incluirá partidas globales, excepto las necesarias para atender emergencias y desastres. El Congreso de la República participará activamente en la dirección y control de los ingresos y los gastos públicos, lo cual comprenderá, tanto el análisis y la decisión sobre la inversión nacional, como sobre la regional. La Ley Orgánica del Presupuesto reglamentará la materia, así como la realización de las audiencias públicas especiales de control político, en las cuales los congresistas formularán los reclamos y aspiraciones de la comunidad. Lo relativo a las audiencias, dispuesto en este artículo, se aplicará a la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto, en todas las entidades territoriales.

Parágrafo. Con excepción de los mecanismos establecidos en el título XII de la Constitución Política, en ningún caso y en ningún tiempo, los miembros de las corporaciones públicas podrán, directamente o por intermedio de terceros, convenir con organismos o funcionarios del Estado la apropiación de partidas presupuestales, o las decisiones de destinación de la inversión de dineros públicos. Lo dispuesto en este parágrafo se aplicará a la elaboración y aprobación de presupuesto en todas las entidades territoriales.

SI [ ]                                                                                                                       NO [ ]


Texto constitucional a adicionar

"ARTICULO 346. El Gobierno formulará anualmente el Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones que deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y lo presentará al Congreso, dentro de los primeros diez días de cada legislatura.
En la Ley de Apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno propuesto por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público, o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

Las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras deliberarán en forma conjunta para dar primer debate al proyecto de Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones."

Auxilios parlamentarios

Esta reforma ataca los camaleónicos auxilios parlamentarios, según el término de la prohibición estos pueden ser fondos de cofinaciación, cupos indicativos, o partidas regionales. Lo cierto es que los intentos por acabar con esta fuente de corruptelas, particularmente como elemento utilizado por el gobierno central para compromenter la votación de las leyes en Senado, o como arma de chantaje del parlamentario para ofrecer su apoyo en un proyecto de ley a cambio de una partida para su región. Los fondos también corrieron la mala fortuna de que por estar etiqueteados a un determinado parlamentario, algunos de ellos consideraron que tenían derecho a una 'comisión de gestión' por aprobar la ejecución del mismo, la que cobraban al contratista.

La reforma propuesta no mejora la situación pues el la ley de desarrollo siguen vivos y a menos que se declaré inexequible el artículo correspondientes se tendrán durante los próximos tres años.

Las audiencias públicas 

El segundo componente de la reforma contempla las audiencias públicas que son un elemento democratero; participan en ellas, por lo general, grupos de presión cuando se afecta alguna prebenda o interés. La mayoría de los colombianos son ajenos a los debates públicos, los currículos escolares no tienen la oratoria y la elocuencia en sus materias. Las asambleas normalmente las manejan los 'expertos' o profesionales de agitación de masas de los grupos políticos. Aunque a veces hay turulatos que se transforman con un micrófono en sus manos cuando hablan en público.  

A los debates públicos asisten los desempleados, las amas de casa y los pensionados que pueden contar con el tiempo libre. Un punto discutido sobre esta modificación es el que si ya de por sí conseguir la asignación de una partida para una obra pública es difícil, el tener que pasar por estas asambleas requerirá sobrepasar una montaña de discursos y peroratas de grupos organizados ante los cuales quedará inerme y muda la comunidad.

Internacionalización de los problemas locales 

Pienso de entrada que ya nunca más podrá darse la propuesta de construir una central nuclear en Colombia, pues los grupos verdes locales apoyados por sus contrapartes europeas, se impondrán con sus protestas y acciones atrabiliarias y los encadenamientos en las puertas de los centros de debate. No creo que se pueda discutir sobre la propiedad de sus tierras, y la prevalencia del bien com♪ún sobre el bien individidual, con comunidades indígenas o de campesinos desplazados por la construcción de una nueva central hidroeléctrica.

Los colombianos quedaran inermes ante los grupos internacionales defensores de las ballenas y la mariposa monarca cuando el proyecto afecte un árbol o un insecto. Que no se le ocurra a la comunidad de Barbacoa proponer como proyecto de inversión la construcción de un deshuasadero de ballenas.

Nada bueno veo en la reforma propuesta. Pero el texto vigente es también un lunar por la forma como se usa por los parlamentarios y el gobierno. Votaré en por el no.


Pregunta Nº 5. ¿APRUEBA USTED EL SIGUIENTE ARTICULO?

Adiciónase el artículo 180 de la Constitución Política, con el siguiente numeral:

Artículo 180. Los congresistas no podrán:
(...)

5°. Participar, bajo ninguna circunstancia, individual o colectivamente, en las funciones administrativas del Congreso, salvo para la conformación de su Unidad de Trabajo Legislativo. Los servicios técnicos y administrativos de las Cámaras Legislativas estarán a cargo de una entidad pública o privada, que ejercerá sus funciones con plena autonomía, conforme lo establezca la ley.

SI [ ] NO [ ]


Texto constitucional a adicionar es:

ARTICULO 180. Los congresistas no podrán:
1. Desempeñar cargo o empleo público o privado.
2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esta disposición.
3. Ser miembro de juntas o consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos.
4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de éste. Se exceptúa la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones.

PARAGRAFO 1o. Se exceptúa del régimen de incompatibilidades el ejercicio de la cátedra universitaria.

PARAGRAFO 2o. El funcionario que en contravención del presente artículo, nombre a un Congresista para un empleo o cargo o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio o de terceros, incurrirá en causal de mala conducta."

La reforma pretende evitar los desmanes de los congresistas que desde los cargos directivos ejercen funciones administrativas en el mantenimiento y la logística del funcionamiento del Congreso. En el pasado reciente se han denunciado escándalos sobre corrupción de legisladores con responsabilidad administrativa. La separación de funciones es pues lógica, pero surgen interrogantes sobre el poder de la entidad pública o privada que ejercerá la administración de los recursos del Congreso. Al quedar en espera de la ley que reglamente este punto, es natural pensar que los efectos de la reforma serán a muy largo plazo pues el Congreso no se animará a perder el privilegio que tiene en sus manos para hacer efectiva la reforma.

Votaré por el sí, sin garantía de que sigan los desangres de los fondos, pero está probado que los legisladores no son ni buenos administradores, ni completamente honrados cuando se les dan dineros públicos para que lo hagan.


Pregunta Nº 6. ¿APRUEBA USTED LOS SIGUIENTES ARTICULOS?

El artículo 171 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 171. El Senado de la República estará integrado por ochenta y tres (83) senadores, elegidos de la siguiente manera: setenta y ocho (78) elegidos, en circunscripción nacional, dos (2) elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas, y tres (3) en circunscripción nacional especial de minorías políticas.

Para la asignación de curules en la circunscripción nacional, sólo se tendrán en cuenta las listas que obtengan al menos el dos por ciento (2%) de los votos emitidos válidamente. Para la asignación de curules entre las listas que superen este umbral, se aplicará el sistema de cifra repartidora, definido en el artículo 263 de la Constitución Política, tomando como base para el cálculo solamente el total de votos válidos obtenidos por estas listas.

Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República. La circunscripción especial para la elección de senadores por las comunidades indígenas, se determinará por el sistema de cifra repartidora, definido en el artículo 263 de la Constitución Política. Los representantes de las comunidades indígenas, que aspiren a integrar el Senado de la República, deben haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad, o haber sido líderes de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministerio del Interior.
Parágrafo transitorio. Si transcurrido un año de vigencia de la presente reforma constitucional, el Congreso no hubiere aprobado la ley para la elección de minorías políticas, el Presidente de la República la expedirá por decreto en los tres meses siguientes.

El artículo 176 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 176. La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y especiales.

Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 1.16 por ciento de la población nacional o fracción mayor del 0.58 por ciento de la población nacional que resida en la respectiva circunscripción, por encima del 1.16 por ciento inicial. Cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial.

Para la asignación de curules de las circunscripciones territoriales de la Cámara de Representantes, de las asambleas departamentales, los concejos municipales y distritales y las juntas administradoras locales, solo se tendrán en cuenta las listas que obtengan, al menos, el cincuenta por ciento (50%) del respectivo cuociente electoral. Para la asignación de curules, entre las listas que superen este umbral, se aplicará el sistema de cifra repartidora, definido en el artículo 263 de la Constitución Política, tomando como base para el cálculo sólo el total de los votos válidos emitidos para estas listas. Si ninguna superare dicho umbral, se asignarán todas las curules por el sistema de cifra repartidora, definido en el Artículo 263 de la Constitución Política.

Adicionalmente, se elegirán cuatro (4) representantes para circunscripciones especiales, así: dos (2) para comunidades negras, uno (1) para la comunidad indígena y uno (1) elegido por los colombianos que residan en el exterior.

Parágrafo transitorio. Una vez entre en vigencia la presente reforma constitucional, ningún departamento deberá perder más del 33% de su representación actual en la Cámara de Representantes. Si esto llegare a ocurrir, se asignará una curul adicional en dicha Cámara, a cada uno de estos departamentos.
El artículo 263 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 263. La adjudicación de curules entre los miembros de la respectiva corporación pública se hará por el sistema de cifra repartidora. Este sistema resulta de aplicar aquella cifra única que, obtenida utilizando la sucesión de números naturales, permita repartirlas todas por el mismo número de votos en la correspondiente circunscripción.

Para efectos de la determinación de la votación mínima requerida, a que se refiere el artículo 176 de la Constitución Política, se entiende por cuociente electoral el número que resulte de dividir el total de los votos válidos por el de puestos a proveer.

Artículo transitorio. Lo dispuesto en los artículos 171 y 176 de la Constitución Política regirá para las elecciones que se celebren en el año 2006. Los umbrales y el sistema de asignación de curules previstos para asambleas, concejos y juntas administradoras locales, se aplicarán a partir de las elecciones de 2003.

SI [ ]                                                                                                                       NO [ ]


Los artículos constitucionales actuales son:

"ARTICULO 171. El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional.
Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas.
Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República.

La Circunscripción Especial para la elección de senadores por las comunidades indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral.

Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno.

ARTICULO 176. La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales.
Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil.

Para la elección de representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial.

La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas y de los colombianos residentes en el exterior. Mediante esta circunscripción se podrá elegir hasta cinco representantes.

ARTICULO 263. Para todos los procesos de elección popular, los partidos y movimientos políticos presentarán listas y candidatos únicos, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva elección.

Para garantizar la equitativa representación de los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las corporaciones públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al dos por ciento (2%) de los sufragados para Senado de la República o al cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral en el caso de las demás corporaciones, conforme lo establezca la Constitución y la Ley.

Cuando ninguna de las listas de aspirantes supere el umbral, las curules se distribuirán de acuerdo con el sistema de cifra repartidora.

La Ley reglamentará los demás efectos de esta materia.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Sin perjuicio del ejercicio de las competencias propias del Congreso de la República, para las elecciones de las autoridades de las entidades territoriales que sigan a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facúltese al Consejo Nacional Electoral para que dentro del mes siguiente a su promulgación se ocupe de regular el tema.

En las circunscripciones electorales donde se elijan dos (2) curules se aplicara el sistema del cuociente electoral, con sujeción a un umbral del treinta por ciento (30%), del cociente electoral

El texto anterior al acto legislativo de 2003
"ARTICULO 263. Para asegurar la representación proporcional de los partidos, cuando se vote por dos o más individuos en elección popular o en una corporación pública se empleará el sistema de cuociente electoral.

El cuociente será el número que resulte de dividir el total de los votos válidos por el de puestos por proveer. La adjudicación de puestos a cada lista se hará en el número de veces que el cuociente quepa en el respectivo número de votos válidos. Si quedaren puestos por proveer se adjudicarán a los mayores residuos, en orden descendente."

La disminución del número de senadores es un tema muy frecuente en las propuestas de reformas, en realidad no es tanto el factor de la representatividad de las regiones, sino que un cuerpo tan numeroso de parlamentarios difícilmente es el ideal para debatir seriamente. Los costos directos de un parlamentario incluyen la remuneración de un grupo de auxiliares y ocupan recursos de los organismos de seguridad en brindarle protección. No es claro el efecto de esta reforma sobre la ya realizada, en el mismo artículo, con la reforma política en el último acto legislativo sobre los umbrales de votación y el contenido de la propuesta va en contravía con lo dispuesto en el acto legislativo recientemente aprobado. Es de importancia destacar que en el texto de la reforma se habla de elecciones por cuociente y no de cifras repartidoras lo que dará lugar a disputas interminables sobre la validez de la norma vigente y el método de elección de los representantes.

Votaré por el sí, por creer que en la vida política que me queda no tendré otra oportunidad de disminuir y congelar es número de miembros del congreso.

Pero he admitir que no he leído ni leeré este éste artículo ni el comparativo por tener a mano lecturas más interesantes, edificantes y provechosas. Votare SI por instinto.


El texto siguiente fue suprimido por la sentencia de la Corte Constitucional

Parágrafo. Con el fin de facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos armados al margen de la ley, que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz, bajo la dirección del Gobierno, este podrá establecer, por una sola vez, circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas que se realicen antes del 7 de agosto del año 2006, o nombrar directamente, por una sola vez, un número plural de congresistas, diputados y concejales, en representación de los mencionados grupos en proceso de paz y desmovilizados.

El número será establecido por el Gobierno Nacional, según la valoración que haga de las circunstancias y del avance del proceso. Los nombres de los congresistas, diputados y concejales a que se refiere este artículo, serán convenidos entre el Gobierno y los grupos armados, y su designación corresponderá al Presidente de la República.

Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno podrá no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos necesarios para ser congresista, diputado y concejal.


Pregunta Nº 7. ¿APRUEBA USTED EL SIGUIENTE ARTICULO?

El artículo 183 de la Constitución Política se modifica en sus numerales 2 y 3, y se adiciona con los numerales 6 y 7, y dos parágrafos, del siguiente texto:

Artículo 183. Los congresistas, los diputados, los concejales y cualquier otro miembro de las corporaciones elegidas popularmente, perderán su investidura:

2. Por la inasistencia, sin causa justificada, en un mismo periodo ordinario de sesiones, a seis (6) reuniones plenarias, o de la respectiva comisión, que hubieren sido citadas para votar proyectos de acto legislativo, de ley, ordenanzas, acuerdos, mociones de censura, o elección de funcionarios, según el caso.

3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de instalación de la respectiva corporación, o a la fecha en que fueran llamados a posesionarse.

6. Por violar el régimen de financiación de campañas electorales, por compra de votos, o por participar en prácticas de trashumancia electoral.

7. Por gestionar o aceptar auxilios con recursos públicos, cualquiera que hubiese sido su forma de aprobación o ejecución.


Parágrafo 2°. La ley reglamentará las causales de pérdida de investidura de los miembros de las corporaciones públicas, para garantizar los principios de proporcionalidad, legalidad, debido proceso y culpabilidad. Igualmente, fijará el procedimiento para tramitarla y dispondrá una mayoría calificada para imponer la sanción y su graduación, de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Esta disposición no tendrá efectos retroactivos.

Facúltese al Presidente de la República para que, en el término de 90 días, contados a partir de la entrada en vigencia de esta reforma constitucional, mediante decreto con fuerza de ley, adopte las disposiciones contenidas en el presente artículo.


Parágrafo 3°. El servidor público que ofrezca cuotas o prebendas burocráticas a un congresista, diputado, o concejal, a cambio de la aprobación de un proyecto de acto legislativo, ley, ordenanza, o acuerdo, será sancionado por falta gravísima con pérdida de empleo.

SI [ ]                                                                                                     NO [ ]


El texto constitucional es:

ARTICULO 183. Los congresistas perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.

2. Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.

3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.

4. Por indebida destinación de dineros públicos.

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
PARAGRAFO. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor. "

Pérdida de la investidura

La pérdida de la investidura es una de las pocas herramientas con que cuenta el sistema democrático para deshacerse de congresistas que no merecen y ni enaltecen la corporación. Hay ya muchos nombres de malos políticos que forman parte de la lista de senadores privados de la investidura. La reforma contempla dos nuevas causales pero tiene un elemento de azar en la aplicación de la medida a dejar abierta la reglamentación del proceso por medio de ley.

Pérdida del cargo

Incluye también sanción para el funcionario que ofrezca cuotas o prebendas burocráticas para el trámite de un proyecto. Se catiga así al ejecutivo de hacer maniobras abiertas para impulsar el resultado de una determinada ley. Que al menos un incauto ministro o director de alguno organismo descentralizado caiga por esta práctica me traerá alivio. Mi voto sería por el sí por esta parte de la reforma.

Las nuevas causales

La pérdida de la investidura es un logro de la Constitución de 1991. He visto con satisfacción de ciudadano como han debido salir, por la puerta de atrás de la política y para siempre, algunos congresistas inescrupulosos, avarientos, o poco dedicados a su cargo.

Con la reforma se eleva a norma constitucional la pérdida de la investidura también para diputados y concejales; las modificaciones al numeral 2 del artículo 183 procuran obligar la asistencia de los parlamentarios a las reuniones de comisión, antes sólo se sancionaban las inasistencias a seis reuniones plenarias; el numeral 3 se modifica para incluir las nuevas corporaciones.

La adición de nuevas causales en el numeral 6 sobre la violación el régimen de financiación de las campañas, la compra de votos y la participación en la trashumancia electoral. No requiere mayor discusión sobre la necesidad incluir esta nueva causal, especialmente ahora que se han ventilado casos aberrantes de delitos electores que pueden sumar medio millón de electores manipulados. La segunda nueva causal que se incluye, numeral 7 sanciona con pérdida de investidura el mal uso de los recursos públicos. De esto también el ciudadano medianamente informado tendrá más de un caso de corrupción en la memoria reciente.

Las objeciones son válidas

Los opositores al si –voto positivo– de esta reforma tienen fundamentos muy firmes para proponer el no. La medida ha funcionado a medias pero ha enterrado a cerca de 30 políticos indeseables en diez años de vigencia. Con la reforma se mejoran las garantías procesales de los congresistas, se impone una mayoría calificada al tribunal juzgador que es difícil de lograr en el cuerpo de los 27 consejeros de Estado. La inclusión de los principios de proporcionalidad, legalidad, debido proceso y culpabilidad, y de graduación de la sanción en la ley que reglamente este artículo ‘enpanican’ al elector aunque se esté dando facultad directa al presidente en parágrafo segundo para hacerlo en el término de 90 días.

Sanciones al funcionario público

El parágrafo tercero, indudablemente mal clasificado en el texto constitucional por hacer referencia a las causales de pérdida del empleo al servidor público que ofrezca prebendas burocráticas a cambio de apoyo en trámite de proyectos en una norma dedicada a los congresistas, es bueno; pero con los cambios en la reglamentación vistos arriba, me asustan tanto que me quedo con lo malo conocido. Votaré no.


Pregunta Nº 8. ¿APRUEBA USTED EL SIGUIENTE ARTICULO?

Adiciónase el artículo 187 de la Constitución Política, con el siguiente texto:

A partir de la vigencia de la presente reforma constitucional, la persona que adquiera el derecho a pensionarse no podrá recibir con cargo a recursos de naturaleza pública, una pensión superior a veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Se exceptúan quienes tengan derechos adquiridos y quienes estén amparados por los regímenes pensionales exceptuados y especiales.

La vigencia de los regímenes pensionales exceptuados, especiales, o provenientes de normas y acuerdos entre nacionales de cualquier naturaleza, expirará el 31 de diciembre de 2007, con excepción del régimen pensional de los Presidentes de la República que tendrá eficacia desde la fecha de entrada de la presente reforma constitucional.
El régimen de transición será reglamentado por la ley del Sistema General de Pensiones.

Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, a partir de la vigencia de la presente reforma constitucional, con las excepciones temporales anteriores, serán los establecidos en la ley del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición alguna o invocarse acuerdos entre nacionales, de ninguna naturaleza, para apartarse de lo allí establecido.

Con las excepciones previstas en la ley del Sistema General de Pensiones, a partir de la vigencia de la presente reforma constitucional, no podrán reconocerse pensiones de vejez o jubilación a personas con menos de 55 años de edad.
La Ley General de Pensiones ordenará la revisión de las pensiones decretadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, o con abuso del derecho.

A partir del 1° de enero del año 2005, y hasta diciembre de 2006, no se incrementarán los salarios y pensiones de los servidores públicos, o de aquellas personas cuyos salarios y pensiones se paguen con recursos públicos, en ambos casos cuando devenguen más de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se excluye de esta disposición el régimen legal para los miembros de la Fuerza Pública.

SI [ ]                                                                                                                  NO [ ]


El texto constitucional actual es:

"ARTICULO 187. La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República."

El texto constitucional a que se refiere la reforma me parece desenfocado con el contenido y la ubicación dentro de la Carta y ha debido incluirse en el artículo 53 o como un artículo nuevo en capítulo de los derechos sociales. La explicación de este esperpento se puede entender revisando la propuesta original a la cual se fueron agregando textos sin ningún reparo en la técnica. El daño ya está hecho.

Nada parece más odioso que un pensionado de los monopolios del Estado, en comunicaciones, puertos, hidrocarburos, justicia entre otros, salga a disfrutar una pensión elevada lograda con mucho menos esfuerzo que la del trabajador corriente. Pero además en el artículo propuesto hay un verdadero salpicón de opciones como es la congelación de aumentos de salarios y pensiones. Es pobreza y torpeza lo que sobresale en la redacción de este artículo. Es desconocimiento del poder soberano del constituyente cuando se reconocen privilegios anteriores bajo la denominación de derechos reconocidos.

A pesar del error de técnica legislativa que demuestra que los asesores de la propuesta de la reforma no estudiaron suficientemente los textos vigentes votaré por el sí. Máxime cuando mis chances de obtener una pensión aún con un salario mínimo se desvanecieron con la expedición de la ley 100.

Conduce a risa que tengamos el honor de incluir dentro del texto constitucional el último párrafo sobre la revisión de las pensiones obtenidas "revisión de las pensiones decretadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, o con abuso del derecho" que hasta Perogrullo sabe que es una acción elemental y que los revisores de las resoluciones de otorgamiento de las pensiones para el trabajador ejercen con particular saña, exigiendo una carga de documentos a los cuales este nunca tuvo acceso y menos le fue informado que no tenerlos era causal para negarle la pensión.


Pregunta Nº 9. ¿APRUEBA USTED EL SIGUIENTE ARTICULO?

El artículo 272 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 272. El control de la Gestión Fiscal de las entidades del orden territorial será ejercido, con austeridad y eficiencia, por la Contraloría General de la República, para lo cual podrá apoyarse en el auxilio técnico de fundaciones, corporaciones, universidades, instituciones de economía solidaria, o empresas privadas escogidas en audiencia pública, celebrada previo concurso de méritos. Las decisiones administrativas serán de competencia privativa de la Contraloría.

Las Contralorías departamentales, distritales y municipales, hoy existentes, quedarán suprimidas cuando el Contralor General de la República determine que está en condiciones de asumir totalmente sus funciones, lo cual deberá suceder a más tardar el 31 de diciembre de 2003. En el proceso de transición se respetará el periodo de los contralores actuales. Los funcionarios de la Contraloría General de la República, que se designen para desempeñar estos cargos, serán escogidos mediante concurso de méritos y deberán ser oriundos del departamento respectivo.

SI [ ]                                                                                                                          NO [ ]


El texto constitucional actual

ARTICULO 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva.

La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.

Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal.

Igualmente les corresponde elegir contralor para período igual al del gobernador o alcalde, según el caso, de ternas integradas con dos candidatos presentados por el tribunal superior de distrito judicial y uno por el correspondiente tribunal de lo contencioso-administrativo.

Ningún contralor podrá ser reelegido para el período inmediato.
Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar con empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal.

Para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco años, acreditar título universitario y las demás calidades que establezca la ley.

No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de asamblea o concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia.

Quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor departamental, distrital o municipal, no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones. "

La eliminación de organismos de control regionales -verdaderas frondas burócraticas- que han demostrado su incompetencia cuando se revisan el estado de las finanzas de los departamentos, y el número de escándalos sin solución en licoreras, loterías y demás entidades del orden departamental sólo trae luto a los afectos de esa práctica.

Como en el circo romano bajaré el dedo para estos organismos desaparezcan de la organización departamental.


Pregunta Nº 10. Esta pregunta fue declarada inexequible. Se puede consultar el texto en la sentencia de la Corte Constitucional


Pregunta Nº 11. ¿APRUEBA USTED EL SIGUIENTE ARTICULO?

Adiciónase el artículo 355 de la Constitución Política con los siguientes incisos:

Así mismo, queda prohibida cualquier forma de concesión de auxilios con recursos de origen público, bien sean de la Nación, los departamentos o los municipios, sus entidades descentralizadas, o los establecimientos públicos o las empresas industriales y comerciales, o las sociedades de economía mixta, mediante apropiaciones, donaciones o contratos que tengan por destino final, en todo o en parte, apoyar campañas políticas, agradecer apoyos o comprometer la independencia de los miembros de corporaciones públicas de elección popular.

Sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar, la violación de estas prohibiciones constituye causal de destitución o desvinculación para el servidor público que la promueva, tolere o ejecute, lo mismo que de inhabilidad para el ejercicio, en el futuro, de cualquier otro cargo o función pública, y de pérdida de investidura para el congresista, diputado, concejal o miembro de juntas administradoras locales que la consume
.

SI [ ]                                                                                                                NO [ ]


El texto constitucional actual es:

"ARTICULO 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.

El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia."

Las "ayudas" a las campañas políticas autorizadas por gerentes de las entidades del estado es otra forma odiosa de la práctica habitual de los políticos, una forma de devolver favores a políticos nominadores o traficantes de influencias y factor desequilibrante para los aspirantes nuevos que carecen de esos recursos en sus campañas; la inclusión de esta nueva causal para la pérdida de la investidura alejará, confío, a los menos rapaces.

Pero volviendo al tema del idioma popular y por ser el pueblo el consultado ¿Qué tal el verbo consumar con que se remata el texto del artículo? Para un país que a duras penas conjuga el verbo consumir. No es éste un remate muy elevado y confuso en una votación popular.

Votaré si, porque es mucho el dinero del Estado que es utilizado en pendones, fiestas y saraos buscando favorecer al político padrino. La práctica debilita el aparato publitario de los gamonales. Es quizas uno de los puntos más prácticos y operativos de todo el referendo. Se sabe contra quien está dirigido y se hará efectiva la sanción de quien se sobrepase en el uso de los dineros públicos en campañas políticas.


Pregunta Nº 12. ¿APRUEBA USTED EL SIGUIENTE ARTICULO?

Inclúyase en la Constitución Política un artículo nuevo, que codificará la Sala de Consulta del Consejo de Estado, y que quedará así:

Artículo. El ahorro generado en las entidades territoriales, por la supresión de las contralorías territoriales, se destinará, durante los 10 años siguientes a su vigencia, a la ampliación de la cobertura y al mejoramiento de la calidad, en educación preescolar, básica y media, y a la construcción y sostenimiento de restaurantes escolares, o al saneamiento básico, una vez se hayan cancelado todas las erogaciones por concepto laboral, prestacional y pensional, a favor de los servidores públicos de las entidades suprimidas. La ley, a iniciativa del Gobierno, reglamentará el modo de aplicación de estos recursos.

Los dineros destinados para educación, en virtud de lo dispuesto en este artículo, garantizarán el financiamiento de los costos de matrículas y derechos académicos de los estudiantes pertenecientes al estrato 1, toda vez que se trate de la ampliación de cobertura.

SI [ ]                                                                                                                    NO [ ]


Este artículo es un producto macondiano. El ahorro de la reforma del artículo anterior es difícilmente cuantificable y no ha debido adornarse ni relacionarse la supresión de las contralorías territoriales con la educación y con el estrato uno. No conozco una sola persona que acepte pertenecer al estrato 1. Todos somos 'acomodados', 'vivimos pobres pero descentemente' o algo por el estilo pero nunca seremos clasificables en números.

Dentro del texto se suprimió "y de las personerías" que fue declarado inexequible.

Voto no. Para que los gobernadores queden con libertad de utilizar los probables nuevos recursos en las prioridades de su quebrado departamento. El tema de los niños famélicos y de las escuelas destartaladas es imagen emotiva que lleva a contricción al mortal, pero ¿tiene algo que ver esto con la austeridad? No se está poniendo una camisa de fuerza que durará por diez años. ¿No hay otros problemas agudos en la sociedad? No son prioritarios por ejemplo la prostitución de impúberes; la regeneración de adictos; los embarazos indeseados en la juventud; la delincuencia juvenil?


Pregunta Nº.13. ¿APRUEBA USTED EL SIGUIENTE ARTICULO?

El artículo 361 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 361. Los ingresos provenientes de las regalías que no sean asignados a los departamentos, municipios y distritos productores y portuarios, y a Cormagdalena, se destinarán a las entidades territoriales, en los términos que señale la ley.
Estos fondos se aplicarán así: el 56% a la ampliación de la cobertura con calidad en educación preescolar, básica y media. El 36% para agua potable y saneamiento básico, el 7% para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, y el 1% para inversión en la recuperación del río Cauca.

En la ejecución de estos recursos se dará prioridad a la participación de los destinados a la educación.

La ley, a iniciativa del Gobierno, reglamentará la materia.
Parágrafo transitorio. Serán respetados los recursos provenientes de regalías que se vincularon, por varias vigencias fiscales, para atender compromisos adquiridos por las entidades territoriales.

SI [ ]                                                                                                                          NO [ ]


El texto constitucional actual es:

"ARTICULO 361. Con los ingresos provenientes de las regalías que no sean asignados a los departamentos y municipios, se creará un Fondo Nacional de Regalías cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los términos que señale la ley. Estos fondos se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales."

Si se acepta la unidad territorial de la nación, no hay dudas que las regalías no debieron ser un recurso exclusivo de divisiones territoriales. Los departamentos donde se administraron estos cuantiosos recursos no lucen como los mejores en términos de bienestar social ni de progreso en sus economías. Al aumentar el control del gobierno central sobre estas partidas, es posible que los territorios marginales reciban parte de estos dineros.

La Corporación del Rio Grande del Magdalena, es un engendro desde su nombre que fue promovida por gente compasiva que vivió el esplendor del río cuando este era navegable. Pero el político vio un fortín para sus tenientes y con un simple raponazo burocrático arruinó un proyecto que nunca debió tener estatus constitucional.

Voto si a la reforma


Pregunta Nº.14. ¿APRUEBA USTED EL SIGUIENTE ARTICULO?

Adiciónase al artículo 345 de la Constitución Política el siguiente parágrafo transitorio:

Parágafo transitorio. Los gastos de funcionamiento de los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación, de las entidades descentralizadas, autónomas, de naturaleza especial o única, que administren recursos públicos y de las territoriales, incluidos los salarios y las pensiones superiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales, no se incrementarán con relación a los gastos del año 2002, durante un período de dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo. Se exceptúan: el Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios; los gastos destinados a la seguridad, diferentes de los correspondientes a salarios; el pago de nuevas pensiones y las nuevas cotizaciones a la seguridad social, o las compensaciones a que dé lugar. Cualquier incremento de salarios y pensiones en el año 2003 estará sujeto a la decisión que adopte el constituyente primario sobre este artículo. De registrarse, a finales de diciembre del año 2003 o 2004, un incremento anual en la inflación, calculada de acuerdo con el IPC, superior al correspondiente para el año 2002, se incrementarán los salarios y pensiones en un porcentaje igual a la diferencia entre la inflación registrada en cada uno de estos años, y la correspondiente al año 2002.

El ahorro de los departamentos, distritos y municipios, generado por el menor crecimiento del gasto financiado por el sistema general de participaciones de los departamentos, distritos y municipios, lo destinarán las entidades territoriales para reservas del Fondo Nacional de Pensiones Territoriales, del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, y para el pasivo pensional del sector salud.

SI [ ]                                                                                                                    NO [ ]


El texto constitucional actual es adicionado con este parágrafo transitorio.

El punto congela por dos años

  1. los gastos de funcionamiento de las entidades públicas.
  2. los salarios y pensiones superiores dos salarios mínimos.

El ahorro de los departamentos y municipios lo destina para

  1. Reservas del Fondo Nacional de Pensiones Territoriales
  2. Reservas del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
  3. Pasivo pensional del sector salud.

Este punto fiscal es exótico y no tengo claro si se deba a las negociaciones con la banca multilateral, o se pretenda burlar las ordenes de la coadministrador de las finanzas públicas en que se ha convertido también la Corte Constitucional. Desde el punto de vista fiscal, los ahorros que obtengan los departamentos y municipios deben ir a fortalecer los fondos de pensiones. Luego acá solo se está redireccionando el gasto. Nada dice la norma de qué pasará con los ahorros del gobierno central. Lo cierto es que, además de ser innecesario, pues el ministro de Hacienda si no tiene como balancear el presupuesto nacional, simplemente recorta las partidas y lo mismo se hará con los responsables de finanzas en departamentos y municipios. Es lógico que el ministro o los secretarios de hacienda tienen el poder de hacer los recortes y si bien no pueden congelar los salarios, sí pueden reducir la nómina.

Otra cosa es que se haya querido fortalecer los fondos de pensiones y para ello hubiera bastado una simple línea de más o menos este tenor:

En los prespuestos de todas las entidades que administren recursos públicos en los próximos dos años debe incluirse una partida equivalente incremento del Índice de Precios al Consumidor del total de las rentas destinada al fortalecimiento de las reservas de los fondos pensionales.

Por último la redacción de las excepciones es una joya de lo que no debe contener un texto, así sea transitorio, en una Constitución Política.

Votaré si porque no estoy en la nómina del Estado y no recibo los dos mínimos. Pero si fuera pensionado o prospecto de serlo estaría feliz porque no son meros centavos sino mucha plata la que le va ha entrar a estos fondos de aprobarse esta reforma. 


Pregunta Nº.15. ¿APRUEBA USTED EL SIGUIENTE ARTICULO?

El artículo 108 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos, o movimientos políticos, o grupos significativos de ciudadanos, que hayan obtenido en las últimas elecciones para Senado o Cámara de Representantes, una votación equivalente, o superior, al dos por ciento (2%) de los votos válidos emitidos en el territorio nacional, así como a los partidos o grupos significativos de ciudadanos y organizaciones políticas, que hayan obtenido una cifra superior al cinco por ciento (5%) de los votos válidos en las elecciones presidenciales. La Personería Jurídica aquí establecida se extinguirá cuando no se obtenga el número de votos mencionados.

A los partidos y movimientos políticos que inscriban candidatos a las circunscripciones especiales de minorías de Senado y Cámara, no se les exigirá lo referido en el presente artículo para la obtención de su personería. En estos casos, será suficiente con conseguir representación en el Congreso.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Los grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.
En ningún caso un partido o movimiento político o ciudadano podrá avalar más candidatos que el número de curules por proveer en cada elección.

La ley podrá establecer requisitos para garantizar la seriedad de las inscripciones de candidatos.

Los partidos o movimientos políticos o ciudadanos, que tengan representación en el Congreso Nacional, las asambleas departamentales, los concejos municipales y las juntas administradoras locales, actuarán como bancadas en la respectiva corporación, en los términos que señale la ley.

Parágrafo 1°. El Congreso de la República expedirá la ley que reglamente la materia.

Parágrafo 2°. La personería jurídica de partidos y movimientos políticos reconocida actualmente, continuará vigente, hasta las siguientes elecciones para Congreso, de cuyo resultado dependerá su conservación, conforme a lo reglado por este artículo.

SI [ ]                                                                                                                          NO [ ]


El texto constitucional actual es:

ARTICULO 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al dos por ciento (2%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso.
Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno.

Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.

La ley determinará los requisitos de seriedad para la inscripción de candidatos.

Los estatutos de los partidos y movimientos políticos regu­larán lo atinente a su régimen disciplinario interno. Los miem­bros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo par­tido o movimiento político o ciudadano actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas.

Los estatutos internos de los partidos y movimientos políti­cos determinarán los asuntos de conciencia respecto de los cua­les no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expul­sión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del congre­sista, diputado, concejal o edil por el resto del período para el cual fue elegido.

Parágrafo transitorio 1°. Los partidos y movimientos polí­ticos con personería jurídica reconocida actualmente y con re­presentación en el Congreso, conservarán tal personería hasta las siguientes elecciones de Congreso que se realicen con poste­rioridad a la promulgación del presente Acto Legislativo, de cu­yos resultados dependerá que la conserven de acuerdo con las reglas dispuestas en la Constitución.

Para efectos de participar en cualquiera de las elecciones que se realicen desde la entrada en vigencia de esta Reforma hasta las siguientes elecciones de Congreso, los partidos y movi­mientos políticos con representación en el Congreso podrán agruparse siempre que cumplan con los requisitos de votación exigidos en la presente Reforma para la obtención de las perso­nerías jurídicas de los partidos y movimientos políticos y obten­gan personería jurídica que reemplazará a la de quienes se agru­pen. La nueva agrupación así constituida gozará de los benefi­cios y cumplirá las obligaciones, consagrados en la Constitución para los partidos y movimientos políticos en materia electoral.

Parágrafo transitorio 2°. Un número plural de Senadores o Representantes a la Cámara, cuya sumatoria de votos en las pasadas elecciones de Congreso hayan obtenido más del dos por ciento (2%) de los votos válidos emitidos para Senado de la Re­pública en el territorio Nacional, podrán solicitar el reconoci­miento de la personería jurídica de partido o movimiento político. Esta norma regirá por tres (3) meses a partir de su promulga­ción.

El texto anterior a la reforma política (acto legislativo 1 de 2003)
ARTICULO 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos o movimientos políticos que se organicen para participar en la vida democrática del país, cuando comprueben su existencia con no menos de cincuenta mil firmas, o cuando en la elección anterior hayan obtenido por lo menos la misma cifra de votos o alcanzado representación en el Congreso de la República.

En ningún caso podrá la ley establecer exigencias en relación con la organización interna de los partidos y movimientos políticos, ni obligar la afiliación a ellos para participar en las elecciones.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno.

Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.

La ley podrá establecer requisitos para garantizar la seriedad de las inscripciones de candidatos.

La personería de que trata el presente artículo quedará extinguida por no haberse obtenido el número de votos mencionado o alcanzado representación como miembros del Congreso, en la elección anterior.

Se perderá también dicha personería cuando en los comicios electorales que se realicen en adelante no se obtengan por el partido o movimiento político a través de sus candidatos por lo menos 50.000 mil votos o no se alcance la representación en el Congreso de la República."

Es imprescindible en este momento el uso de un comparador de texto para distinguir el alcance de las reformas y contra reformas que ahora tiene este artículo en tres versiones: la anterior a la la reforma política, la vigente actualmente, y la propuesta en el referendo. Me parece más coherente el artículo vigente y mi voto será no por esta reforma.

Pero no debe pasar inadvertido al ciudadano cómo los congresistas hicieron fila en el Consejo Electoral para inscribir sus partidos de bolsillo una vez fue aprobada la reforma política –en cuyo texto dejaron un "umbral" de tres meses para colar por el sus mini partidos– y cómo se presentó el festín de los avales de estas fantasmales instituciones políticas recién aparecidas para la inscripción de los candidatos a las elecciones regionales que adelantarán al día siguiente de la votación de este referendo.

Digamos que el efecto de esta reforma se verá sólo dentro de tres años cuando se renueve el Congreso. Porque con los actuales senadores cada uno con su partidito, ya no hay como afectarlos en la propiedad de la personería jurídica. Prefiero el texto de vigente a la reforma del referendo pues en el artículo propuesto hay esta joya "en ningún caso un partido o movimiento político o ciudadano podrá avalar más candidatos que el número de curules por proveer en cada elección" es decir, la operación avispa sigue viva y con el sistema del voto preferente el escrutinio y la publicidad de toda elección será un reto para todo el mundo. Sin embargo no debe darse la lectura equivocada de que el partido podrá avalar tantas listas como curules. No pues en este caso estaría avalando listas de un solo candidato, pues todo nombre que aparezca en la lista es un candidato, así esté en el último reglón. Simplemente se rompe con la norma que imponía listas únicas para cada partido.


Pregunta Nº 16. Esta pregunta fue declarada inexequible. Se puede consultar el texto en la sentencia de la Corte Constitucional.


Pregunta Nº 17. Esta pregunta fue declarada inexequible. Se puede consultar el texto en la sentencia de la Corte Constitucional.


Pregunta Nº.18. ¿APRUEBA USTED EL SIGUIENTE ARTICULO?

Artículo. Vigencia. Salvo el numeral 6, este referendo entrará en vigencia a partir de su promulgación.

SI [ ]                                                                                                                           NO [ ]


Esta pregunta es impertinente, ¿Qué sucedería si es rechazada? ¿Se derrumbaría el referendo? Siento alegría cuando encuentro que otros no son tan brillantes en los planteamientos de sus propuestas. Dejan espacio para los que mensos y los pobres de espíritu como puede ser caso de muchos puedan realizar sus proezas. Ha debido incluirse la indicación de la vigencia en el texto de la preguntas o en el encabezamiento de la propuesta pero nunca dejar al azar de una respuesta en un formulario extenso y difícil de diligenciar. Nadie parece haber hecho el ejercicio de llenarlo previamente, nadie parece haberse planteado este interrogante y últimamente estoy pensando con el paso por la Corte Constitucional, este punto es una revocatoria del Congreso que no fue vista oportunamente. SI


Pregunta Nº 19. Esta pregunta fue declarada inexequible. Se puede consultar el texto en la sentencia de la Corte Constitucional.

Otros documentos:

Exposición de motivos

La revisión del censo electoral

Discurso sobre el censo electoral

Constitución Política: Artículo 378

Del abedul

Temas del referendo

El cazador y serpiente

Falacias y lecturas

Efecto del resultado

Correos

De Camilo 



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