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Declaración Pública

Al Señor Presidente de Colombia y a las comunidades nacional e internacional

Entendemos y aceptamos que el fundamento esencial de la ley de Justicia y Paz reside en la confesión de la verdad de todo lo acontecido en la reciente historia de nuestra tragedia nacional. Así lo ratificó la honorable Corte Constitucional en reciente sentencia, así lo espera la comunidad internacional, así lo ha exigido el país.

Por primera vez en Colombia se pide en un proceso de paz, que los actores cuenten toda la verdad, todavía sin que aún haya tomado distancia histórica muchos dolorosos episodios que nos ha tocado vivir y de los que muchos somos protagonistas. Pese a ello, hemos tomado la decisión de dar el paso que la ley exige y la sociedad demanda.

Tanto por nuestra formación cristiana, como por nuestra posición política, hemos entendido que sólo “la verdad os hará libres”. El conocimiento de la verdad plana es decisivo para el fortalecimiento de la democracia, la reconciliación nacional y el perdón. Conocer la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado en el que participamos, es un derecho colectivo inalienable y un instrumento indispensable, como salvaguardia para impedir en el futuro, la repetición azarosa de hechos de violencia.

El conocimiento de la historia por parte de un pueblo sumamente lacerado por cuenta de la violencia fratricida como el nuestro, es el lacerado por cuenta de la violencia fraticida como el nuestro, es el mas valioso patrimonio y la mejor garantía, para escapar definitivamente de ese circulo vicioso y constrictor, que convirtió a las víctimas de ayer, en los victimarios de hoy. Ciertamente nosotros, ante el vacío negligente de Estado luchamos contra un daño que lesionaba gravemente a la sociedad, causando igualmente mucho daño. Ahora, de ninguna manera queremos que este círculo perverso, que un día nos atrapó a nosotros, mañana absorba la vida de otros colombianos.

En consecuencia, el conocimiento de la verdad como derecho de la sociedad, se constituye también en eje central de la no repetición o del nunca más, dado que conduce a tomar medidas preventivas para evitar que, hacia el futuro, se revivan episodios de la violencia, tanto o más lamentables que los de hoy. Esta es la razón patriótica y humanitaria, para tomar la decisión de relatar la verdad sobre el origen, la evolución y el modo de operar de lo que fue nuestra organización de autodefensas campesinas. LO HACEMOS COMO UNA CONTRIBUCIÓN A LA PAZ DEL PAÍS.

Pedimos públicamente a quienes fueron nuestros impulsadores, colaboradores y beneficiarios directos, empresarios, industriales, dirigentes políticos y gremiales, funcionarios, líderes regionales y locales, miembros de la fuerza pública entre otros, que nos acompañen sin aprensión ni temor en esta tarea. No queremos figurar como delatores. Nuestra convocatoria es para que conjuntamente con nosotros, le demos la cara a un país, que reclama saber la verdad de lo sucedido en esta aciaga etapa de la historia de Colombia. Es la hora de comenzar a restañar heridas y pedir perdón a partir del principio reparador de la verdad.

Sin que haya lugar a interferencias con los encargos que cumplen nuestros jueces naturales, que actúan en el marco de la ley de Justicia y Paz, solicitamos que se constituya una COMISIÓN CIVIL DE LA VERDAD, con las mas altas credenciales ciudadanas, éticas y académicas, que nos brinde todas las garantías y seguridades para que nuestros testimonios sean recibidos de manera transparente y pública.

Igualmente pedimos a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional, se nos otorguen todas las garantías y salvaguardias para cumplir a cabalidad con nuestro propósito. En especial, invocamos esta protección para nuestras esposas, hijos y familiares, que son especialmente vulnerables por las implicaciones que entraña nuestra decisión.

Pedimos al Gobierno Nacional en cabeza del Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez, al Honorable Congreso de la República, a los gremios, a los partidos políticos, a las oneges de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, a todas las organizaciones de paz de Colombia, a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, a los sindicatos, a la Iglesia Católica, que acompañen y respalden nuestra decisión de decirle al país la verdad de lo sucedido, para que de este modo, los comprometidos podamos asumir la responsabilidad histórica que corresponda. Necesitamos del consejo, orientación y apoyo de todos ustedes, para asumir este reto con la mayor celeridad certeza y fe en el futuro del país.

Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río sobre los acontecimientos recientes entre Ecuador y Colombia

Santo Domingo, República Dominicana, 7 mar (SP). “Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política –Grupo de Río– reunidos en ocasión de la XX Reunión Cumbre en Santo Domingo, República Dominicana, atentos a la situación que prevalece entre Ecuador y Colombia, hemos convenido en emitir la siguiente Declaración:

  1. Son motivo de profunda preocupación para toda la región los acontecimientos que tuvieron lugar el primero de marzo de 2008 cuando Fuerzas Militares y efectivos de la Policía de Colombia incursionaron en territorio de Ecuador, en la Provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso del Gobierno de Ecuador, para realizar un operativo en contra de miembros de un grupo irregular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se encontraba clandestinamente acampando en el sector fronterizo ecuatoriano.
  2. Rechazamos esta violación a la integridad territorial de Ecuador, y por consiguiente reafirmamos el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aun de manera temporal.
  3. Tomamos nota, con satisfacción, de las plenas disculpas que el Presidente Álvaro Uribe ofreció al Gobierno y al Pueblo de Ecuador, por la violación del territorio y la soberanía de esta hermana nación, el primero de marzo de 2008, por parte de la Fuerza Pública de Colombia.
  4. Registramos también el compromiso del Presidente Álvaro Uribe en nombre de su país de que estos hechos no se repetirán en el futuro bajo ninguna circunstancia, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA.
  5. Tomamos nota de la decisión del Presidente Rafael Correa de recibir la documentación ofrecida por el Presidente Álvaro Uribe y que habría llegado a poder del Gobierno de Colombia luego de los hechos del 1º de marzo, a fin de que las autoridades judiciales ecuatorianas investiguen eventuales violaciones a la ley nacional.
  6. Recordamos también los principios, consagrados por el derecho internacional, de respeto a la soberanía, de abstención de la amenaza o el uso de la fuerza y de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, destacando que el artículo 19 de la Carta de la Organización de Estados Americanos prescribe que “Ningún Estado o Grupo de Estados tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos, y culturales que lo constituyen”.
  7. Reiteramos nuestro compromiso con la convivencia pacífica en la región, basada en los preceptos fundamentales del derecho internacional contenidos en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, así como en los objetivos esenciales del Grupo de Río, de manera destacada la solución pacífica de las controversias internacionales y su vocación para la preservación de la paz y la búsqueda conjunta de soluciones a los conflictos que afectan a la región.
  8. Reiteramos nuestro firme compromiso de combatir las amenazas a la seguridad de todos sus Estados, provenientes de la acción de grupos irregulares o de organizaciones criminales, en particular de aquellas vinculadas a actividades del narcotráfico. Colombia considera a esas organizaciones criminales como terroristas.
  9. Respaldamos la resolución aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el 5 de marzo de 2008. Asimismo, expresamos nuestro apoyo al Secretario General en el cumplimiento de las responsabilidades que le acaban de ser asignadas mediante dicha resolución para encabezar una Comisión que visitará ambos países recorriendo los lugares que las partes le indiquen y elevará un informe de sus observaciones a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y propondrá fórmulas de acercamiento entre ambas naciones.
  10. Exhortamos a las partes involucradas a mantener abiertos canales respetuosos de comunicación y a buscar fórmulas de distensión.
  11. Teniendo en cuenta la valiosa tradición del Grupo de Río, como un fundamental mecanismo para la promoción del entendimiento y la búsqueda de la paz en nuestra región, manifestamos el total apoyo a todo esfuerzo de acercamiento. En tal sentido, ofrecemos a los gobiernos de Colombia y Ecuador los buenos oficios del Grupo para contribuir a una solución satisfactoria, para lo cual la Troika del Grupo permanece atenta a los resultados de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

Santo Domingo, República Dominicana

7 de marzo de 2008”.

De Cartago a Ralito

Francisco Cifuentes

En la búsqueda de material para documentar los comentarios que hago en el el abedul, en la sección sobre la guerra, me tope gracias al poeta y librero de viejo Guillermo Martínez González con un libro de Robert D. Kaplan “El retorno a la Antigüedad, La política de los guerreros” que trae algunos paralelos entre las situaciones bélicas pasadas y presentes; estas últimas semanas he estado siguiendo de mala gana los confusos debates sobre la ley de Justicia y Paz que se adelantan en el Congreso en medio un mar de propuestas y situaciones contradictorias sobre lo que se quiere, lo que se dice, lo que se pacta y lo que se hace. Casualmente este autor tiene un resumen sobre las guerras púnicas de Tito Livio “Aníbal contra Roma”, que me retrajeron al paralelo de la situación en el Senado romano respecto de la guerra con Cartago y de la que se está dando en el parlamento colombiano durante el trámite de esta ley.

Dice Kaplan que las generaciones actuales creen en su singularidad, es decir, que la época actual es única, que la sensatez y la sabiduría es de los hombres hoy no de los de ayer que se embarcaron en guerras inútiles. Trae en su apoyo sobre el engreimiento de los hombres del presente esta frase de Tito Livio “es humano negarse, en una época de regocijo, a escuchar argumentos que convertirán la sustancia misma en la sombra”. Este hecho de negación a escuchar los argumentos sobre la importancia y la necesidad de legislar sobre un problema que visto en la situación actual es de una “época de regocijo” para los legisladores porque los guerreros de “Aníbal” están concentrados, están desarmados, están dóciles y por lo tanto son una amenaza es el primer llamado que se presenta en la miopía del legislador colombiano al dar largas al trámite y al no detenerse a evaluar el riesgo de un fracaso en el tratamiento de estos guerreros que quieren negociar y tratar de legislar para “malos angelicales” que nunca han traficado con droga, que nunca han cometido ningún crimen atroz, que nunca han levantado la mano; de querer hacer “que haya cama para todos los animales” y recobrar el tiempo, la historia y la propiedad perdidos en una sola tacada. Algunos legisladores y el comisionado tienen claridad sobre lo peligroso de estas fuerzas dormidas y la necesidad de fraccionar los problemas a encarar, mientras otros quieren “amargar a los perdedores sin privarlos de la capacidad de vengarse”, lo que genera a la larga una paz inestable. Aníbal había invadido casi todo el territorio de Italia y esta parece ser la situación con las autodefensas, si se cree en las denuncias que hacen los mismos legisladores sobre su participación en los gobiernos locales, la gran influencia que tienen en los resultados electorales, la reconfiguración del inventario de las propiedades rurales en todo el territorio nacional, y las cifras de las fuerzas mercenarias “que hablan con distintos acentos” con que cuentan. El senado colombiano ataca al comisionado como si fuera el jefe militar, cometiendo el mismo error de los romanos que no se definían por un solo jefe que enfrentara a Aníbal, cabe citar lo que dijo Fabio Máximo cuyas primeras acciones contra el invasor “no recibieron más que el desprecio” para encajarlas en la situación de crítica que está recibiendo en los debates el comisionado en su carácter de comandante político “No importa que califiquen tu prudencia de timidez, tu sabiduría de pereza, tu estrategia de debilidad; es preferible que un enemigo sabio te tema a que los amigos necios te elogien”.

Ralito como Cartago sufrió ya una primera devastación cuando la subversión arrasó con todo y lo dejó convertido en un territorio despoblado y ralo, de ahí su nombre. Aníbal tuvo a sus pies la capital romana y en un error de estrategia y de cálculo no la atacó. El senado colombiano tiene pues, este espejo para mirar que la torpeza está en la esencia del hombre y los hechos del pasado pueden repetirse para desgracia de los colombianos.

El comunicado final

REPUBLICA DE COLOMBIA
COMUNICADO

El Gobierno de Colombia, en su lucha contra el terrorismo y en ejecución de la política de seguridad democrática, utiliza y continuará utilizando todos los procedimientos legales existentes, conforme a su tradición de estado de derecho.

Cuando la política contra el terrorismo requiera participación de otros países, especialmente de los hermanos y vecinos, se continuará buscando la coordinación con sus gobiernos conforme a los principios y normas que orientan la cooperación policial y judicial.

Expresa, asimismo, con el noble propósito de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, su mayor disposición para revisar los hechos que son de conocimiento público a fin de que si han resultado inconvenientes ante el examen de la República Bolivariana de Venezuela, no se repitan. Todo ello en armonía con la voluntad política conjunta que le permita a Colombia y a Venezuela adelantar una estrategia binacional contra el terrorismo, el narcotráfico, el contrabando, el secuestro y otros delitos. Dicha estrategia se adelantará con la aplicación de los mecanismos vigentes o con otros que definan los gobiernos, siempre desde el más estricto respeto a la legalidad y en particular a la soberanía de ambos países.

Los gobiernos de Colombia y Venezuela enfocan su proceso de desarrollo promoviendo la justicia social y el desarrollo de sus pueblos, que tienen el derecho de vivir en paz, seguridad y tranquilidad.

El Gobierno de la República de Colombia expresa su profundo agradecimiento a los Gobiernos de los países amigos que, en forma generosa y desinteresada, prestaron su concurso para superar las recientes diferencias que afectaron las relaciones con la hermana República Bolivariana de Venezuela. En particular, manifiesta su gratitud al Gobierno del Perú, en su calidad de Presidente de la Comunidad Andina, por la efectiva coordinación y facilitación en este proceso.

Enero 28 de 2005
Presidencia de la República
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DE COLOMBIA
COMUNICADO

El Gobierno de Colombia entrega este comunicado que ha sido acordado con el Gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Basados en este acuerdo, el incidente ha quedado superado. El Presidente Álvaro Uribe visitará al Presidente Hugo Chávez el día 3 de febrero, en Venezuela, con el fin de escuchar al Presidente Chávez y proponerle unas reflexiones.

COMUNICADO

La Presidencia de la República:

  1. El Gobierno Nacional es el responsable del debate electoral. El buen suceso de la democracia colombiana necesita que este proceso sea transparente, respetuoso y austero.
  2. En consecuencia, el Gobierno Nacional toma y apoya todas las decisiones tendientes a garantizar el debate electoral.
  3. El Gobierno Nacional no puede permitir dineros ilícitos, compra o intimidación de dirigentes y/o electores, ni la participación de grupos violentos en las campañas políticas.
  4. El Gobierno Nacional apoya las decisiones tomadas por los doctores, Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras y rechaza que las personas sobre quienes hayan recaído esas decisiones entren a otras listas de aspirantes al Congreso.
  5. En relación con el caso del Senador Rafael Pardo, el Gobierno pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la información que ha recibido en el sentido de que el Dr. Rafael Pardo ha propuesto a las FARC una acción política en contra del Presidente de la República.

Comunicado de la Casa de Nariño

  1. El derecho de los pueblos a liberarse de los terroristas necesita la cooperación eficaz y resuelta de todos los gobiernos democráticos.
  2. Colombia paga recompensas a informantes que permitan la captura de terroristas. No soborna. Venezuela debe presentar las pruebas sobre el supuesto soborno a funcionarios.
  3. No se puede caer en el cínico engaño de la FARC que presenta como secuestro la captura de los secuestradores.
  4. Colombia entregará pruebas al Gobierno de Venezuela sobre la protección que funcionarios de ese país le otorgaban al señor Granda. El albergue de terroristas viola la soberanía de Colombia, país ofendido, por cuanto aumenta el riesgo de terror contra su ciudadanía.
  5. Colombia no acepta que representantes de grupos terroristas sean admitidos en un evento político patrocinado por instituciones oficiales de Venezuela. Una cosa es la oposición política y otra muy diferente es el terrorismo.
  6. Con extrañeza se lee en el Comunicado de la Cancillería de Venezuela que en el caso Granda se quiere involucrar a 4 policías colombianos. Las autoridades de Venezuela oportunamente conocieron que se trataba de otro operativo antinarcotráfico. Fueron investigados y liberados.
  7. Colombia ha acudido a los canales diplomáticos y oficiales. Lo que se reclama es que esos canales operen y sean eficaces. Una vez más se entregarán a dicho Gobierno informaciones sobre presencia de terroristas colombianos en el territorio de Venezuela. Se incluirá el nombre de 7 cabecillas del terrorismo y la localización de varios campamentos.
  8. Se reitera la voluntad del Gobierno Colombiano de trabajar en armonía con el Gobierno de Venezuela, y de acuerdo con el procedimiento que definan las cancillerías.
  9. El terrorismo no puede maltratar la unidad de nuestros pueblos.

DECLARACIÓN DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ:

En mi condición de Alto Comisionado para la Paz he venido adelantando contactos discretos para buscar la liberación de las personas secuestradas por las FARC.

Por el interés de proteger la vida e integridad de los secuestrados y para preservar el canal de comunicación a través del cual esperamos avanzar en el acuerdo humanitario, es mi deber abstenerme de revelar en público los nombres de las personas que han estado involucradas en dicha labor, tal como lo establece y permite el marco legal consagrado en la ley 782 de 2002.

Adelantando las funciones que me competen, supe el día 2 de enero de 2006, de una propuesta que habría sido enviada por el senador Rafael Pardo a las FARC, la que, según información recibida, iba consignada en un CD. En ese momento supe además, que tal como lo había hecho público a finales del año 2005, el senador apoyaba el despeje militar de los municipios de Pradera y Florida. Así mismo ofrecía liderar una propuesta sobre el tema.

De este hecho tiene conocimiento y es testigo directo un familiar de una de las personas secuestradas por las FARC, cuyo nombre no hago público, tanto por las razones ya aducidas, como por no poner en riesgo la seguridad de la persona que se encuentra retenida por dicho grupo.

El pasado lunes 16 de enero sostuve una reunión con la persona encargada de mantener el contacto con las FARC, quien venía de encontrarse con un importante comandante guerrillero. Se trataron temas múltiples, relacionados en gran parte con la necesidad de acordar un mecanismo para lograr un encuentro directo entre el Gobierno y la guerrilla, que nos permita avanzar en una fórmula para la liberación de los secuestrados.
Fue en dicha reunión donde me enteré de otros detalles de la propuesta que según la información recibida, habría enviado el senador Pardo. Uno de sus argumentos centrales era alertarlos sobre las consecuencias que se derivarían de un triunfo en las elecciones de marzo de las listas de los seguidores del Presidente Uribe, pues en tal caso, y aquí reproduzco las palabras que escuché, “habría Uribe para mucho rato”, pues los congresistas electos modificarían la Constitución para facilitar la reelección indefinida del Presidente. Por tal motivo era urgente concertar una cita entre el senador y las FARC para analizar la posibilidad de alguna acción conjunta. Como era mi deber, informé con detalle al Presidente de lo acontecido. Esta es la información que tiene el Gobierno y que he compartido con el señor Fiscal General de la Nación.

Cualquier profundización de estos hechos, que haga referencia a la identidad de las personas que tuvieron conocimiento directo de ellos, sólo la adelantaré ante el señor Fiscal General de la Nación o ante una comisión internacional, con la previa advertencia que mi condición de Alto Comisionado para la Paz me obliga a solicitar la reserva y adopción de medidas necesarias para proteger la integridad de las personas que contribuyen a abrir caminos humanitarios.

No tiene sentido argumentar que desde la Casa de Nariño se pretende calumniar al senador Pardo o interferir en la acción política de candidatos opositores al Gobierno. No nos anima otro interés que exponer ante el país con objetividad lo sucedido.

Pongo estos hechos en conocimiento de la opinión, para que los valore en su justa medida, teniendo claro que la liberación de los secuestrados y los esfuerzos por lograr un acuerdo humanitario con las FARC no puede convertirse en tema a ser usado con propósito electoral. Si así sucede, perdemos todos los colombianos. Aquí solo cabe la unidad patriótica.

Bogotá, enero 19 de 2006.

Ley 931 de 2004 – Discriminación por edad en el trabajo

LEY 931 DE 2004

(diciembre 30)

por el cual se dictan normas sobre el derecho al trabajo en condiciones de igualdad en razón de la edad

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

Artículo 1º. Objetivo. La presente Ley tiene por objeto la protección especial por parte del Estado de los derechos que tienen los ciudadanos a ser tratados en condiciones de igualdad, sin que puedan ser discriminados en razón de su edad para acceder al trabajo.

Artículo 2º. Ninguna persona natural o jurídica, de derecho público o privado, podrá exigir a los aspirantes a ocupar un cargo o ejercer un trabajo, cumplir con un rango de edad determinado para ser tenido en cuenta en la decisión que defina la aprobación de su aspiración laboral.

Artículo 3º. Razones de equidad. A partir de la vigencia de la presente Ley, los reglamentos que contemplen restricciones de edad para acceder a un cargo o empleo o un trabajo deberán ser modificados, con el propósito de eliminar esta o cualquier otra limitante que no garantice condiciones de equidad, razones que deberán ser promovidas entre los trabajadores. De igual forma, las convocatorias públicas o privadas no podrán contemplar limitantes de edad, sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión u opinión política o filosófica.

Artículo 4º. Sanciones. Corresponde al Ministerio de Protección Social ejercer la vigilancia y sancionar a quienes violen las presentes disposiciones, con multas sucesivas equivalentes a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, a través de la jurisdicción laboral y mediante procesos sumarios, con las garantías de la Ley.

Artículo 5º. Destinación de Multas. Las multas que la autoridad imponga, serán fuentes de recursos del Fondo Especial de Protección Social, de que se trata el Decreto 205 de 2003, con destinación a campañas de divulgación de los derechos de los trabajadores.

Artículo 6º. Vigencia. La presente Ley rige a partir de su promulgación.

FIRMAS

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA
LUIS HUMBERTO GÓMEZ GALLO

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA
EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD

LA PRESIDENTA DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES
ZULEMA JATTIN CORRALES

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES
ANGELINO LIZCANO RIVERA

REPÚBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DADA EN BOGOTÁ, D.C., A LOS 30 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2004

FIRMAS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ÁLVARO URIBE VÉLEZ

EL MINISTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL
DIEGO PALACIO BETANCOURT

Comunicado del Congreso Bolivariano de los pueblos

Ante los hechos registrados a partir del caso del secuestro de Rodrigo Granda en territorio venezolano

Considerando la situación generada por la deplorable participación del gobierno de Colombia, al reconocer el pago de soborno para realizar el secuestro de Granda en territorio de Venezuela.

Ante la irresponsable afirmación del gobierno del Presidente Uribe al sostener que “la política de recompensas es un instrumento legítimo de los Estados”, poniéndose al margen de todas las normas jurídicas del derecho internacional.

Entendiendo que esta acción es un hecho que lesiona gravemente la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, y por lo tanto corresponde una disculpa pública y rectificación por parte del Gobierno de Colombia ante pueblo venezolano y la opinión pública internacional.

Los asistentes internacionales al II Congreso Bolivariano de los Pueblos declaran:

  • Repudiamos el secuestro de Rodrigo Granda, realizado en Caracas el día 13 de diciembre.
  • Ante el comunicado emitido por el gobierno de Colombia en el que se afirma que “El señor Granda participó en un Congreso Bolivariano realizado en Caracas los días 8 y 9 de diciembre de 2004, en representación de la FARC”.

a) Ratificamos que no fueron invitados ni acreditados en el Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos, Rodrigo Granda, ni la organización que representa, las FARC.

b) Informamos que el Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos se llevó a cabo del día 6 al 9 de diciembre, contando con una gran cantidad de actividades de libre acceso al público en general.

  • En consonancia con las resoluciones emanadas de nuestro Segundo Congreso, hacemos votos por la solución política negociada al conflicto social y armado que desangra la hermana República de Colombia.
  • Respaldamos en todos sus términos la posición y medidas tomadas por el Presidente Hugo Chávez y el Gobierno de Venezuela en defensa de la dignidad nacional, la verdad y la justicia, mancilladas por este secuestro en territorio venezolano, hecho que constituye una grave violación a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, que afecta las relaciones entre dos países hermanos y responde a la estrategia imperialista de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe.